El kirchnerismo fijó el calendario para el juicio político a los miembros de la Corte
El jueves 26 se reúne por primera vez la comisión en Diputados y esperan iniciar la investigación el 9 de febrero, para luego llevar el tema al recinto. Citarán a los miembros del Tribunal y también a Robles y D'Alessandro, por los chats que la Justicia rechazó. La santafesina Vanessa Massetani se bajó por cuestiones personales.
El 26 de enero será la primera reunión, adelantaron desde el oficialismo.
La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se reunirá el jueves 26 de enero para comenzar a discutir la apertura del proceso de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema impulsado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores, mientras se estima que en la primera quincena de febrero se firme el proyecto que establezca esa admisibilidad.
"Vamos a comenzar la semana que viene el trabajo de la comisión de juicio político; como habíamos acordado, que sea en la primera semana del período de sesiones extraordinarias. Estamos trabajando para convocar para el 26, pero ese día no se vota la admisibilidad", señaló el presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez.
El santafesino aclaró que "hay dos grandes etapas en el proceso a desarrollar. Una primera donde la comisión se expresa en el informe de admisibilidad, donde hay que poner en consideración los expedientes, escuchar a los autores de proyectos, lo que luego se traduce en la resolución interna de la comisión. Sin eso no se pasa a la etapa probatoria, que es la segunda instancia".
En el mismo sentido, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (Frente de Todos), precisó: "Estamos trabajando desde el primero de enero. Creemos que los chats entre Silvio Robles -asesor del presidente de la Corte, Horacio Rosatti- y Marcelo D'Alessandro -ministro de Justicia y Seguridad porteño- hablan de negociar el fallo que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires con los recursos coparticipables", indicó; corroborando que, si bien esos "chats" fueron desestimados como prueba judicial por haber sido obtenidos de manera ilegal, sí serán utilizados en el procedimiento político.
"Nuestra acusación contra los jueces de la Corte no está basada en los chats que se filtraron entre Robles y D'Alessandro. Ambos participaron activamente en las audiencias que realizó la Corte Suprema, previo al fallo, para mediar en el conflicto entre la Nación y el gobierno porteño por la coparticipación que le corresponde a la ciudad: es por esa razón que solicitamos que sean citados. El pedido de juicio político no está subordinado en los mensajes obtenidos de manera ilegal, sino que se fundamenta en los hechos y en las conductas de los acusados", sostuvo el oficialista Eduardo Valdés, autor del pedido de juicio político, en declaraciones a La Nación.
Calendario
"El 26 de enero será la primera reunión de trabajo, el 2 de febrero se reciben a los autores de proyecto y el 9 sale el informe de admisibilidad sobre si las denuncias tienen sustento, y ahí se avanza a comenzar la investigación y la apertura de sumario", continuó Gaillard, en declaraciones a AM530 Somos Radio.
Gaillard remarcó que la Cámara de Diputados "funciona como un fiscal" y el Senado "juzga en la segunda etapa. Diputados conoce el hecho, abre la investigación y emite dictamen acusatorio. Una vez que este eso, pasa al recinto".
Fuentes parlamentarias confirmaron a Télam que la intención del oficialismo es convocar a esa primera reunión para el jueves 26 a las 10; en tanto quedó oficializado el ingreso a la comisión del riojano Ricardo Herrera como reemplazante de la massista santafesina Vanesa Massetani, quien cedió ese lugar a su compañero de bloque (uno de los firmantes del pedido de juicio político) por cuestiones personales.
El oficialismo tiene los votos en la comisión para iniciar el proceso pero en principio no lograría los dos tercios necesarios para avanzar en el recinto con el dictamen acusatorio.
La santafesina Vanesa Massetani será reemplaza en la comisión de Juicio Político por el kirchnerista riojano Ricardo Herrera. Crédito: Archivo El Litoral.
En Extraordinarias
El tema fue incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias -entre el próximo lunes 23 y el 28 de febrero-, así como el proyecto sobre la composición del Consejo de la Magistratura y el que establece la ampliación numérica del máximo tribunal.
El texto para iniciar el juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema, en base al documento impulsado por el presidente Alberto Fernández y once gobernadores, ingresó formalmente el viernes pasado a la Cámara de Diputados.
El proyecto incluye los argumentos de la acusación y alternativas para avanzar en la investigación, entre ellas varias propuestas para la citación de diversos testigos.
La iniciativa, presentada por el diputado del FdT Eduardo Valdés junto a otros legisladores del oficialismo, consta de 410 páginas y propone citar a los cuatro jueces del máximo tribunal -Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti- para que se presenten ante la comisión de Juicio Político de la Cámara baja, que llevará adelante la investigación.
La principal bancada opositora adelantó que participará del debate pero no dará quórum en la comisión, al interpretar que se trata de "un ataque a la Corte y a la institucionalidad" por parte del Gobierno, a partir de las profundas diferencias que separan a ambos espacios en relación a los temas relacionados con el Poder Judicial.
"Un desatino institucional"
Un grupo de 500 empresarios y profesionales renombrados hicieron llegar una carta abierta a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para presionar al oficialismo para que deje sin efecto el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
"Iniciar un proceso de juicio político a los integrantes de la CSJN por no estar de acuerdo con el contenido de sus sentencias, causa no prevista en la Constitución Nacional, es un desatino institucional que, además de ponernos en evidencia negativamente ante los ojos del mundo, pone en duda cualquier decisión de inversión a largo plazo en Argentina", argumentaron en el escrito.
Y deslizaron un interrogante: "¿Quién va a invertir en un país que cambia las reglas de juego permanentemente y desconoce los fallos de la Justicia?".
A su entender, "el respeto a la división de poderes y el acatamiento a las sentencias del Poder Judicial son elementos esenciales de dicho marco y fundamentales para que exista y se mantenga la inversión privada y la creación de empleo, único camino para reducir la pobreza que afecta a gran parte de nuestros conciudadanos".
Los firmantes concluyeron la misiva apelando a "la conciencia y responsabilidad de los diputados para que reflexionen a tiempo, se aboquen a la tarea de abordar los múltiples problemas que aquejan a nuestra población y le eviten a nuestro país un período de turbulencia política injustificada que no contribuye en nada a la solución de dichos problemas".
Algunos de los firmantes son de la carta abierta dirigida a la comisión presidida por Carolina Gaillard (Frente de Todos) son: Miguel Carlos Blanco, Alberto F. Garay, Guillermo Lipera, Santiago José Mignone y Juan Manuel Vaquer.
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