Aunque pueda haber pasado inadvertido en medio del fragor de las noticias económicas y sosegados los ímpetus que jalonaron la discusión sobre ese tema hasta hace poco, en la semana que pasó se produjo un hito institucional: sesionó por primera vez el nuevo Consejo de la Magistratura, compuesto por 20 miembros y presidido por el titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti.
Lo fue en tanto punto y aparte del debate político, y prolegómeno de lo que se espera signifique un cambio sustancial para el Poder Judicial; el mismo que desde otros ámbitos de incumbencia alienta Rosatti dando señales con las audiencias públicas sobre temas de fondo, el protagonismo en la cuestión del combate al narcotráfico o la rapidez y contundencia para fijar criterio en determinas cuestiones jurisdiccionales conflictivas de alto voltaje.
Es decir, fue un encuentro con asistencia completa (luego de que, tras haber perdido la batalla, desde el kirchnerismo se hubiesen llegado a sugerir acciones "de rebeldía" y obstaculizadoras), desarrollado en términos "de respeto y cordialidad" y con la convicción de que deben tomarse cursos de acción efectivos, no siempre sencillos en un órgano de tal volumen. En tal sentido, no hubo avances concretos, aunque sí planteos sobre concursos atrasados, licitaciones pendientes y gestión de recursos. En beneficio de la serenidad, no se trajeron a colación todavía temas ríspidos y divisorios, como la cobertura de vacantes en los cruciales despachos de Comodoro Py. Ya habrá tiempo para eso a partir del primer plenario, el próximo 2 de junio, que además será transmitido en vivo por una plataforma virtual.
El sosiego se trasladó también al Congreso de la Nación, donde ahora sí los legisladores pueden llevar adelante un debate de fondo para conseguir una ley definitiva que estipule la integración del Consejo de la Magistratura; cosa que no pudieron cumplir antes de que se vencieran los plazos dispuestos por la Corte, y en atención a lo cual se revivió la ley original de 20 miembros que había hecho reemplazar en su momento Cristina Kirchner. Ahora tienen la oportunidad y el tiempo, lo dudoso es que tengan el espíritu.
Y es que, si bien hay ya un proyecto del oficialismo que cuenta con media sanción del Senado, y cumple los estándares de representación fijados por la Corte (y por la Constitución) e incluso algunos más, como suele suceder con las iniciativas del kirchnerismo para con la Justicia, los objetivos preeminentes son otros. Para el caso, que no sea la Corte (verbigracia, Rosatti) quien presida el Consejo. Por eso tal es el punto crucial que, si no se modifica, bloqueará la aprobación en Diputados, donde la oposición está abroquelada en defensa de esa asignación. Hay otras cuestiones no menos importantes, como la paridad o la composición federal, que fueron incluidas más para sumar adhesiones que por convicción; y otras ignoradas, como el controvertido sistema de puntajes en favor de los concursantes que pertenecen al Poder Judicial frente a los profesionales del Derecho autónomos, y la arbitrariedad habilitada por el mecanismo de entrevistas. Porque lo que importa es Rosatti.
En tanto, y más allá del inevitable, y para muchos intolerable protagonismo asumido por el santafesino, hay quienes lo ven más como una figura articuladora de consensos entre los distintos bloques (esencialmente políticos, al margen de la raigambre técnica de parte de sus integrantes) que como alguien que viene a inclinar la balanza interesadamente, tal la visión y la usanza kirchnerista. La primera prueba para ello será la integración de las comisiones, una cuestión aparentemente formal, pero vital para el funcionamiento interno del Consejo. Y la prueba de fuego será la votación de las ternas, que requieren dos tercios. Ahí podría terminarse la cordialidad, pero sería saludable que al menos no el respeto.
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