Invitado por el Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica (PRADPI), el Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, disertó días atrás en la Universidad de Alcalá de Henares (España), sobre políticas sociales y derecho a la ciudad.
En su exposición, Lamberto dijo que “en la reunión Hábitat III, todas las defensorías del Pueblo de América Latina asumieron ante la ONU la responsabilidad de oficiar como veedores de sus respectivos gobiernos en un aspecto tan relevante como innovador dentro de sus funciones: el proceso de evaluación del grado de avance de los dispositivos institucionales adoptados a nivel nacional, provincial o municipal destinados a cumplir, cada uno en su jurisdicción, con los objetivos de la Nueva Agenda Urbana”.
“Estos objetivos pretenden no dejar a nadie atrás, lo cual significa trabajar contra la pobreza en todas sus formas y dimensiones, garantizar la igualdad de derechos y oportunidades, la diversidad socioeconómica y cultural y la integración en el espacio urbano, mejorar la habitabilidad, la educación, la seguridad alimentaria y la nutrición, la salud y el bienestar de la población”.
“De igual forma –continuó diciendo-, proponen asegurar el desarrollo de economías urbanas sustentables e inclusivas, garantizando la sostenibilidad del medio ambiente a partir de la utilización de energía no contaminante, y el uso sostenible de la tierra así como los recursos en el desarrollo urbano, protegiendo de esta forma los ecosistemas y la diversidad biológica”.
El defensor explicó que “este programa de trabajo se entrecruza con los postulados de la Agenda 2030 adoptada por resolución de las Naciones Unidas en septiembre de 2015, y por la cual los estados participantes manifestaron estar resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas”.
“Es en virtud de estos motivos -señaló-, que las Naciones Unidas han afirmado que son los gobiernos locales quienes se encuentran en mejor posición para vincular los objetivos globales con cada una de las comunidades, de lo cual se deriva también la participación y el rol protagónico que las instituciones de derechos humanos locales, como las defensorías del Pueblo, están llamadas a asumir en el seguimiento de las consignas de esta agenda. Éste es el compromiso asumido por nuestras defensorías y es también el origen de los trabajos de investigación que hicimos en Rosario, junto con la Universidad Nacional de Rosario, bajo el título ‘Políticas Sociales y Derechos Humanos a nivel local’.”
Monitoreo de políticas sociales
“El proceso de monitoreo de las políticas públicas constituye un momento reflexivo y analítico necesario para la sociedad, que resulta ser un insumo imprescindible para el progreso o el éxito de tales políticas. Pero por eso mismo –aclaró Lamberto-, no puede quedar a cargo de las mismas agencias públicas que las desarrollan, sino todo lo contrario: la evaluación de sus resultados debe ser encomendada a organismos externos reconocidos en los que se reúnan las condiciones de imparcialidad y de objetividad científica”.
Lamberto ubica esta nueva función de la defensoría en el marco del incremento de acciones y funciones que las mismas han tenido a lo largo de su historia. “Las defensorías han debido ampliarse y especializarse en razón de la diversificación de las demandas ciudadanas, del reconocimiento de nuevos derechos y del surgimiento de dinámicas sociales que trascienden los límites de la concepción originaria de la institución”, explicó.
“Hoy en día, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe tiene mayores competencias que exceden las acciones de control de la adminstración pública provincial. El aumento de servicios al interior de la misma ha llevado a plasmar nuevas áreas de atención, como el primer centro de mediación de la provincia, el primer centro provincial de asistencia a la víctima y el testigo del delito y la creación de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes”, explicó.
En su exposición, el defensor disertó sobre el Objetivo 11 de la Agenda 2030, es decir, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; y en donde la primera meta es asegurar “el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales”.
En este contexto, Lamberto hizo alusión a los programas locales monitoreados en el trabajo de investigación de la ciudad de Rosario, como el Plan Abre; Mi Tierra, Mi Casa; Proyecto Travesía; construcción y financiamiento de soluciones habitacionales; o los programas de mejoramiento de barrios, entre otros.
Con relación a este tema, el defensor se refirió al Protocolo de San Salvador, el cual establece que “el derecho a la vivienda y servicios forman parte del bienestar humano”, y que “toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”.
“Pero para asegurar esto último también es necesario garantizar los derechos que surgen a partir de este tema como el derecho a la ciudad, a la privacidad, el derecho a elegir la residencia, a determinar dónde vivir y a la libertad de circulación, entre otros”, concluyó.
La actividad donde disertó Lamberto fue el 4° Congreso Internacional del Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica (PRADPI), que llevó por nombre “Defensorías del Pueblo Iberoamericanas ante la Agenda 2030”.
Por otra parte, también en Alcalá de Henares, el Defensor participó del Consejo Rector de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), y aprovechó la ocasión para acercarle la investigación sobre políticas sociales y derechos humanos al embajador argentino en España, Ramón Puerta.
La Universidad de Alcalá de Henares, es considerada una de las más antiguas de Europa. Fue fundada en 1499 y durante los siglos XVI y XVII se convirtió en el gran centro de excelencia académica.
En sus aulas enseñaron y estudiaron personalidades como Antonio de Nebrija, Juan Ginés de Sepúlveda, Ignacio de Loyola, Lope de Vega, Francisco de Quevedo y Villegas, Pedro Calderón de la Barca, Melchor Gaspar de Jovellanos, entre otros.
En 1998 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. En su Paraninfo se entrega, cada 23 de abril, el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, el más importante de las letras en castellano.