La Justicia de Entre Ríos ratificó el 28 de febrero pasado la continuidad de una medida cautelar, que impide al gobierno de Entre Ríos “desistir” de la reivindicación del dominio público sobre los arenales arriba del túnel, y en una zona mayor. Así lo había ordenado por decreto Sergio Busti. Pero la Justicia está revisando -a pedido de dos ciudadanas- si eso es constitucional o no.
Mientras esa cuestión esté pendiente, el barrio privado no puede transferir la propiedad de lo que ha loteado. Lo que se haga en la zona en conflicto quedará jurídicamente supeditado incluso a la eventual continuidad del juicio de reivindicación de la propiedad pública provincial, que iniciara Sergio Montiel y paralizara Busti, pero que podría continuarse si el decreto de Busti resulta inconstitucional.
Con la causa abierta, el Consejo Interministerial del Túnel aún puede legitimarse como actor al menos para defender la zona de seguridad, ordenada por el tratado interprovincial, advertida por un director del túnel antes de que se inicien las obras privadas y ratificada por decisión de ambas provincias en resolución 08/2003 firmada por los ministros entrerrianos y santafesinos. Hasta ahora no lo ha hecho.
Si bien el poder de policía (es decir el control ) y la jurisdicción del túnel se dividen a mitad de su recorrido a manos de los ministros de cada provincia que integran el consejo, el túnel es un condominio según la definición del tratado interprovincial que firmaron Carlos Sylvestre Begnis y Raúl Uranga el 15 de junio de 1960.
Dicho de otra manera y para que se entienda por la vía del absurdo: si una provincia tapa la entrada al túnel, los ministros de la otra provincia no pueden omitir su obligación de tutelar un bien que también se define por el derecho de uso seguro y libre tránsito con el que fue concebido. Ningún interés menor puede prevalecer sobre la seguridad de la infraestructura que garantiza el paso.
La obligación de cuidar un bien de todos
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