Escudados en el perjuicio económico que implicará para la provincia de Santa Fe el paquete de medidas anunciadas por el presidente Mauricio Macri, el gobierno provincial parece ahora dispuesto a provocar la discusión que todos querían evitar. Tanto el gobernador Miguel Lifschitz como el ministro Gonzalo Saglione, admitieron en las últimas horas que frente al nuevo escenario nacional, debería reabrirse la negociación paritaria con los gremios para rediscutir la política salarial de aquí a fin de año. Si bien todas las miradas apuntan a la continuidad de la cláusula gatillo, la convocatoria -estipulada, por otra parte, en el propio acuerdo salarial sellado a principios de año- no necesariamente debe estar circunscripta a la aplicación de esa herramienta. Hace una semana había sido el propio mandatario quien aseveraba que ese mecanismo de actualización salarial automático según inflación era un compromiso que se iba a respetar hasta el 10 de diciembre. Pero el sacudón cambiario y las decisiones presidenciales anunciadas en los últimos días para intentar paliar la crisis, hicieron cambiar de opinión al gobernador. Según el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, los anuncios de la Casa Rosada incidirán en impuestos que se son coparticipables, y le causarán a Santa Fe una merma de recursos que oscila entre los 2500 y 4 mil millones de pesos. Sobre esa base, el funcionario aclaró que “con la realidad que vivimos, evidentemente esto debe ser puesto en la mesa de discusión a fin de que la cláusula gatillo sirva a los trabajadores, pero que también haga sostenible las finanzas provinciales. Nos sentaremos a hablar con los gremios para tratar de avanzar de la manera más responsable posible”. En el mismo sentido se expresó Lifschitz este fin de semana, después de presidir en Venado Tuerto los actos centrales para conmemorar un nuevo aniversario de la muerte de San Martin.
Lifschitz pintó un panorama complejo para el Estado provincial tras la brusca devaluación que se produjo después de las primarias, y advirtió que el cuadro se agudizó tras las últimas medidas del gobierno nacional. “Hasta el lunes de esta semana veníamos afirmando que íbamos a cumplir con la cláusula gatillo, con todas las obligaciones; y que íbamos a mantener la obra pública. Pero estas últimas medidas han cambiado el escenario y no sabemos si en los próximos días pueden aparecer algunas adicionales”, planteó.
“Hay municipios que no terminaron de pagar los sueldos del último mes, algunos en conflicto con los trabajadores, y esto evidentemente se puede agudizar porque el escenario nos está llevando a una crisis más profunda que no sabemos cómo se puede desarrollar en las próximas semanas”, explicó. “Este 17 de agosto nos encuentra en un momento de crisis económica, de dificultades y mucha conflictividad política, con incertidumbre sobre el futuro a raíz de los resultados de las elecciones primarias”, sostuvo.
“Cuando se extrema la confrontación y se apela a la división planteando al abismo como posibilidad frente a una elección -continuó-, los resultados pueden terminar siendo una profecía autocumplida. Nosotros lo veníamos advirtiendo desde hace mucho tiempo y no quisimos involucrarnos en ninguno de los dos extremos de la grieta, apostando a una tercera alternativa”.
Tras pedir una instancia de pacificación con un proyecto de unidad nacional, Lifschitz analizó que la reacción del gobierno “ha sido muy negativa, primero, para ellos mismos y luego para el pueblo; porque esta devaluación del 30 por ciento de un día para otro implica una pérdida del poder adquisitivo de todos los salarios y las jubilaciones de esa proporción. Es un golpe muy duro para la clase media y la clase trabajadora, que ya venían golpeadas desde antes”, aseveró.
Frente a ese escenario, el gobernador recomendó a Macri “una mayor capacidad de diálogo” y que deje de lado la campaña electoral por un tiempo como pidió Lavagna, para “dedicarse a gobernar y buscar acuerdos para la coyuntura y el futuro. Las medidas tributarias que se tomaron, que van a ser una aspirina para la crisis argentina, a Santa Fe le significan alrededor de 4 mil millones de pesos de pérdida en sólo cuatro meses. Un agujero tremendo que repercute de manera similar en todas las provincias y no fue consultado con los gobernadores”.
Sobre esa base, anticipó que en la reunión de gobernadores prevista para esta semana, “vamos a plantear nuestra disconformidad y reclamar que se nos compense, porque si no, será difícil que podamos atender nuestras obligaciones”.
“Es válido que se reúnan las partes para analizar la continuidad de las política salarial. Es un problema de todos”. Rubén Michlig, Miembro de la comisión de transición conformada por Omar Perotti.
“Un agujero tremendo que repercute de manera similar en todas las provincias y no fue consultado con los gobernadores”. Miguel Lifschitz. Gobernador de Santa Fe, sobre las medidas presidenciales
El próximo miércoles, en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), diez gobernador se reunirán para discutir qué hacer frente al paquete de medidas que anunció la Casa Rosada y que impactan sobre las cuentas de las provincias.
Además de los mandatarios alineados en el Frente de Todos, también participarán Miguel Lifschitz, el de Tucumán Juan Manzur, de Neuquén Omar Gutiérrez y de Misiones Hugo Passalacqua. También se intentará sumar al salteño Juan Manuel Urtubey y al cordobés Juan Schiaretti.
También los responsables de las cuentas provinciales volverán a reunirse en paralelo en la Comisión de Impuestos. En este caso analizarán el impacto de la devolución del IVA en sus presupuestos. A diferencia de la reunión de gobernadores, en este encuentro estarían presentes todos los ministros, incluso los de las provincias que gobierna Cambiemos (Mendoza, Jujuy, Corrientes, CABA y Buenos Aires), ya que las reuniones se organizan en forma ordinaria más allá de la coyuntura política.
En paralelo, el congelamiento del precio de los combustibles impactó sobre las provincias petrolíferas. El miércoles también tendrán una cumbre con Gustavo Lopetegui y Rogelio Frigerio.
La semana pasada varios gobernadores hablaron con Alberto Fernández y se convirtió en una especie de vocero de la queja de las provincias. “No parece razonable reducir el IVA indiscriminadamente como se ha hecho. Ello no redundará en una merma de los precios“, tuiteó Fernández