El magistrado dice que no le corresponde, en tanto la presunta “sedición” quedó circunscripta al ámbito provincial y no afectó autoridades nacionales.
De la redacción de El Litoral
El juez federal de Santa Fe Reinaldo Rodríguez se declaró incompetente en la causa abierta como consecuencia de la protesta policial de diciembre pasado, en la que se investiga la posible comisión de los ilícitos penales de sedición e instigación a cometer delitos.
Tales figuras fueron invocadas por el fiscal Walter Rodríguez, quien consideró que la finalidad de los autores habría sido “arrancarles” a las autoridades del gobierno provincial alguna “medida o concesión” a través del levantamiento, e imputó y pidió la indagatoria del líder de Apropol, Alberto Martínez y de otros cinco policías en actividad.
En su pronunciamiento, el juez recuerda las circunstancias básicas de la causa: el cese de la actividad policial en reclamo de mejoras salariales y en las condiciones de trabajo, en un levantamiento que quedó sin efecto ante las concesiones otorgadas por el gobierno provincial.
Teniendo en cuenta -dice el magistrado- que “quienes habrían provocado el supuesto delito de sedición son las fuerzas de seguridad de la provincia de Santa Fe, y que quien habría sido sujeto pasivo de dicho alzamiento es el propio Poder Ejecutivo Provincial, cabe indicar que ha sido nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación la que ha decidido en reiteradas ocasiones que el delito de sedición resulta de competencia local cuando, como en este caso, hubieran sido sujetos pasivos de éste funcionarios locales y cuando no existen indicios que permitan suponer que tal accionar alcanza también a algunos de los poderes nacionales constituidos”.
Y trae en su apoyo un dictamen del procurador general de la Nación, Luis González Warcalde, en la causa “Juárez”, en la que se imputó a funcionarios provinciales por privación ilegítima de la libertad, sedición y coacción agravada contra el entonces vicegobernador de Santiago del Estero, Darío Moreno. En este caso, la Corte nacional estableció la competencia provincial, por la no afectación de los poderes nacionales constituidos.
Efectos
El fiscal Rodríguez consideró que el precedente citado por el juez no es aplicable a este caso, y decidió apelar hoy mismo ante la Cámara Federal de Rosario con efecto suspensivo, para evitar que la causa se paralice hasta que haya una definición sobre la cuestión de competencia.
La decisión del juez Rodríguez -como consigna hoy el diario Rosario 12- también plantea un interrogante sobre el pedido del fiscal para que se acumulen a la causa por sedición, las amenazas al gobernador Antonio Bonfatti, en la que Martínez está imputado y con un pedido de indagatoria pendiente por supuestas “coacciones agravadas”. El expediente se tramitaba en los Tribunales de la provincia, pero ante el planteo del fiscal Rodríguez, al que se sumó su colega Juan Pablo López Rosas, la jueza Susana Luna declinó su competencia y despachó la causa al juzgado federal.
La decisión del juez Rodríguez también plantea un interrogante sobre el pedido para que se acumulen las amenazas al gobernador.