El pasado 12 de mayo en la ciudad de Rosario se produjo un hecho institucional de carácter inédito, en el marco de un contexto social alarmante en materia de seguridad. Con la Corte Suprema de Justicia de la Nación en pleno, y la mayor parte de los miembros del Consejo de la Magistratura, jueces federales de todo el país se reunieron para abordar la problemática del narcotráfico. Participaron también el gobernador Omar Perotti, el intendente Pablo Javkin, legisladores nacionales, jueces y fiscales santafesinos y la Corte Suprema provincial, encabezada por Rafael Gutiérrez. Es decir, representantes de los tres poderes y de los tres niveles del Estado. Y todo ello en un escenario donde los amedrentamientos por parte de las bandas narcocriminales en Rosario están a la orden del día.
A tres meses del desembarco de la Corte en Rosario, sigue campeando la violencia
La reunión de representantes de los tres poderes y los tres niveles del Estado puso en marcha acciones concretas y políticas de coordinación, en un marco en que el crimen sigue desatado en el sur santafesino. Qué se hizo y qué hay que afrontar para lograr algún cambio.
Los amedrentamientos por parte de las bandas narcocriminales en Rosario están a la orden del día. Crédito: Marcelo Manera
En ese marco, el presidente de la Corte nacional, Horacio Rosatti, reclamó una acción coordinada, que en lo que hace a los tribunales atañe al mapa judicial y también a la implementación generalizada del sistema acusatorio. Y, fundamentalmente, a la cobertura de vacantes (que en la provincia llegan al 50 %), "con jueces idóneos y comprometidos", y la creación de los juzgados y fiscalías necesarios. Pero también, con "la provisión de las herramientas tecnológicas que nos permitan combatir a esta delincuencia sofisticada en condiciones -al menos- de paridad".
A su vez, el ministro Ricardo Lorenzetti habló de crear un nuevo órgano que involucre gobiernos, policías, jueces y otros sectores de lucha contra las bandas del narcodelito, en una acción coordinada y consensuada entre todos los estamentos.
En las semanas que sucedieron a aquel evento se pusieron en marcha gestiones y medidas en el Congreso, los tribunales y el Consejo de la Magistratura, intervenciones directas de la Corte en causas que involucran a conocidas organizaciones del narcotráfico, y la llegada de refuerzos de tropas federales. Al mismo tiempo, la violencia siguió en crecimiento, al punto de que, tras un duro cruce con el ministro de Seguridad de la Nación, los propios senadores de la oposición participantes presentaron proyectos para declarar la emergencia de seguridad en la provincia. Como colofón, el gobernador santafesino reemplazó al ministro Jorge Lagna y a la cúpula policial.
En este informe especial de El Litoral, datos y opiniones especializadas que ponen de manifiesto en qué se tradujo por ahora el compromiso asumido en aquella jornada emblemática, y en qué medida la situación muestra la dificultad para apreciar resultados y la vigencia de un imperativo que no admite ningún tipo de dilación ni distracciones.
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