El Senado busca actualizar la ley santafesina de transporte
Como hace cinco años, la Cámara alta aprobó y pasó a Diputados un texto que pretende instalar una política de Estado para el sistema automotor de pasajeros. Su autor dijo haber buscado dar una respuesta a las quejas de los usuarios y los reclamos de sostenibilidad de los empresarios.
Luego de pasar por comisiones, como un renglón más del Orden del Día, fue aprobado por la Cámara de Senadores un proyecto de ley que busca reformas de fondo en el servicio público del sistema automotor de pasajeros. El tema no es nuevo entre los senadores provinciales, porque un texto similar se pasó también a Diputados en 2017, donde perdió estado parlamentario. Y lo mismo sucedió con dos intentos posteriores de su autor, Rubén Pirola (PJ-Nes-Las Colonias) pero en el propio Senado provincial.
Es que la Cámara baja tuvo, en 2019, con otra conformación, una posición diferente a la del Senado. Los diputados votaron fuertes cambios en otro expediente que reunió cuatro iniciativas en agosto de ese año, pero el asunto no se tocó en el Senado ni se habilitó en sesiones extraordinarias, con lo que también caducó.
En síntesis, hubo una media sanción del Senado en 2017 y otro tanto dos años después con otro proyecto de Diputados. Ambos fueron el producto de un arduo trabajo legislativo y sus diferencias eran de fondo, en especial respecto de los actuales prestatarios y sus concesiones bajo contratos precarios. En los dos casos el objetivo es licitar los servicios pero había diferencias respecto de cuándo hacerlo y bajo qué exigencias.
Rubén Pirola (PJ-Nes-Las Colonias) plantea desde 2017 modernizar la norma regulatoria, que ignora elementales avances: desde los derechos de los usuarios surgidos en los '90 hasta el actual boleto educativo, pasando por los procesos licitatorios obligatorios.
En aquella ocasión hubo un mensaje del entonces gobernador Miguel Lifschitz que Diputados modificó con aportes propios relevantes. Ahora se busca reinstalar el debate, desde el Senado.
90 artículos
La ley que busca modernizar data de 1935 y el campo para avanzar en materia de regulaciones y nuevos derechos es enorme. Desde los que reconocen a los usuarios como un actor del sistema hasta la novedad reciente del boleto educativo gratuito, amén de la necesidad de que sean procesos licitatorios los que determinen al prestador. Pirola destacó que además de buscar dar una respuesta a las constantes quejas de los pasajeros por la calidad del servicio, también procuró que el sector empresario pueda asegurarse un negocio sostenible.
Con 90 artículos divididos en 17 títulos la iniciativa merece bastante más que una mención en las crónica parlamentaria. Desde su banca, el presidente provisional del Senado expresó que se trata de un debate pendiente y que las sucesivas crisis que también afectan al sector no deben ser una excusa para que no haya una ley adaptada a los tiempos que corren, tan abundantes en discursos sobre ampliaciones de derechos y tan escasos en su cumplimiento.
"El paso del tiempo ha convertido en obsoleta sus disposiciones y la actualidad de la materia del transporte de pasajeros exige nuevas normas y nuevas miradas", sostiene Pirola en los fundamentos. Y considera que "debe evitarse una ley excesivamente reglamentaristas, que se convierta en un instrumento de rigidez legal excesiva y que cierre el camino a nuevas situaciones, realidades y demandas, tanto de cuestiones técnicas, de tránsito, de seguridad, etc". Entiende que por el contrario "conviene establecer por ley los principios, derechos y directivas y encomendar a la reglamentación la especificidad de los temas", al Poder Ejecutivo, que podrá reaccionar "más rápido ante el avance de los cambios, permitiendo una regulación actualizada y con capacidad de respuesta y adaptación ante nuevas situaciones".
El legislador destaca "la suma de muchos reclamos y denuncias de usuarios por las deficientes prestaciones de los servicios en toda la provincia y por los accidentes de tránsito y tragedias en vidas humanas". El presente proyecto de ley "consagra el principio de la licitación pública y el otorgamiento de los servicios por concesión, lo que permitirá llevar adelante un sistema de selección de prestadores con mayores ponderaciones técnicas y de eficiencia en la prestación y con menor discrecionalidad".
El texto incorpora la figura de los usuarios, establece sus derechos y reconoce su participación, "incluida en un futuro reglamento del usuario". Pirola concibe ese cambio como un mecanismo más de control, además de la acción de los municipios y comunas.
Suma la "franquicia adicional" del boleto educativo en todos lo niveles y modalidades. Aunque lo incluye en la norma, deja margen para que el Ejecutivo pueda decidir cómo sostenerlo en el futuro.
Lecturas
El trabajo de legislación comparada previo incluyó todas las normas dispersas santafesinas, las leyes regulatorias nacionales en la materia (que tampoco se han reunido en una ley actualizada) y las experiencias provinciales de Córdoba, Chaco, La Rioja, Neuquén y Salta. La base sobre la que se elaboró el expediente son los antecedentes de proyectos presentados en las dos cámaras.
Biocombustibles
El proyecto de ley provincial para una nueva regulación del transporte automotor de pasajeros integra lo dispuesto por la Ley 14.010, del 22 de octubre de 2020: el Programa Provincial Uso Sustentable de Biocombustibles, que se apoya en las experiencias exitosas con el llamado B 100 en la sustitución de diésel por biodiésel. (Hoy el gasoil tiene solo el 12,5% de biodiésel, de manera excepcional frente a la crisis energética; los gobernadores de la Región Centro, Omar Perotti, entre ellos, han pedido que se eleve el corte al 20%).
Penalidades
El régimen de penalidades se aborda incorporando la legislación vigente que, como parches, se agregó a la ley del '35 según el paso del tiempo y las necesidades regulatorias. Buena parte de ellas provienen de un decreto de 1958 (que lleva el número1307), según se desprende de la lectura de los fundamentos.