La ley antimafias avanza en el Senado, tras la conmoción por el doble crimen en Rosario
El proyecto forma parte del "paquete" enviado por Bullrich y ya tiene media sanción de Diputados. La discusión se reactiva en el marco de las distintas hipótesis y miradas sobre el asesinato de "Pillín" Bracamonte. La reacción del gobierno, y el trasfondo de la violencia en el fútbol y el flagelo narco.
La Cámara Alta tiene en sus manos el debate de un proyecto que tiene como objetivo robustecer las herramientas en la investigación y sanción de las organizaciones criminales.
En medio de la conmoción y la polémica sobre las implicancias del asesinato de Andrés "Pillín" Bracamonte, ex líder de la barra brava de Rosario Central, el Senado nacional puso en la agenda de este miércoles el proyecto de ley de abordaje integral del crimen organizado, en un plenario de las comisiones de Seguridad y Asuntos Penales.
El proyecto, que ya cuenta con media sanción de Diputados, es una de las iniciativas del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. Como parte del debate de esta iniciativa, la semana pasada fueron recibidos en el plenario de comisiones el jefe de Asesores del Ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni, y el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni.
En el interín, Andrés "Pillín" Bracamonte, jefe de la hinchada violenta de Rosario Central, y su mano derecha Daniel "Rana" Attardo fueron acribillados el sábado a balazos cuando se trasladaban en una camioneta cerca del estadio Gigante de Arroyito poco después del partido que disputaron Rosario Central y San Lorenzo. El episodio disparó distintas interpretaciones vinculadas a la situación de la seguridad en Rosario, y a los efectos de la política coordinada que llevan adelante ahí la Provincia y la Nación, con las fuerzas federales y con la participación también del Municipio, en el marco del Plan Bandera.
Fuerte custodia y operativo policial para evitar nuevos ataques. Foto: Marcelo Manera
La reacción oficial
Por esa razón, las autoridades mostraron capacidad de reacción inmediata, con contactos entre la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el gobernador Maximiliano Pullaro, y el traslado a Rosario de la secretaria de Seguridad Alejandra Monteoliva, para ponerse al frente del abordaje del caso, junto a Cococcioni.
"El mismo sábado a la noche se conformó una mesa específica de trabajo, el domingo por la mañana ya estuvo acá todo el equipo completo del ministerio de Seguridad de la Nación en el marco de la colaboración que venimos haciendo y trabajando en una acción operativa conjunta, revisando el despliegue, garantizando la prevención y reforzando zonas", detalló Monteoliva en rueda de prensa.
Pero tanto la funcionaria nacional como su homólogo provincial rechazaron considerar que por este caso se haya dado una vuelta atrás en la seguridad en la zona, luego de las exitosas estadísticas arrojadas por el Plan Bandera, aunque también dejaron en claro la voluntad de tomar medidas para asegurar que ello no ocurra.
Entre pintadas amenazantes que volvieron a aparecer en edificios públicos y medidas de investigación que involucran las hipótesis de algún tipo de complicidad policial, el ex ministro de Seguridad de Santa Fe Marcelo Saín salió a través de medios nacionales a consignar distintas hipótesis, con implicancias diferentes.
"Yo creo que, como siempre ocurre desde hace más de una década en Rosario, esto se inscribe en una competencia comercial entre grupos del narcotráfico", comenzó señalando. Sin embargo, también advirtió que en un proceso en el que se busca mostrar que la situación de violencia en Rosario está controlada, "los fiscales van a apuntar a mostrar que fue un conflicto interno de la barra brava". Lo cual, para él, "no atenúa mucho, porque las barras manejan negocios enormes".
Para el ex funcionario de la gestión de Omar Perotti, "a partir de aquí, si hay una suerte de violencia extrema en Rosario, eso implicaría que se rompieron los acuerdos que existían hasta ahora entre sectores criminales".
No obstante, la vicegobernadora Gisela Scaglia también salió por medios nacionales para dejar sentada la mirada del gobierno santafesino. "Tenemos números que nos demuestran que el plan de seguridad que llevamos adelante funciona y siento que estamos muy consolidados", señaló, descartando que el caso se inscriba en una suerte de escalada de violencia.
Con respecto a las sospechas por las supuestas complicidades en el hecho, recalcó que "el intendente puso a disposición las cámaras de seguridad, que funcionaban aún con el corte de luz", que se registró al momento del doble crimen.
"Lo que pasó fue una pelea entre barras, pero no afecta a la seguridad", insistió Scaglia, quien aseguró que van a tomar todas las medidas necesarias para evitar otro episodio similar. "Lamentablemente, la violencia en el fútbol es algo que no solamente pasa en Santa Fe", enfatizó.
La santafesina Losada conduce la comisión de Seguridad y Narcotráfico.
En el Senado
En cuanto al proyecto de ley antimafias, una pieza clave en la estrategia del Ministerio de Seguridad de la Nación, los presidentes de las comisiones de Asuntos Jurídicos y Penales, Juan Carlos Pagotto, y de Seguridad y Narcotráfico, Carolina Losada, aspiraban a dictaminar esa iniciativa mucho antes.
La iniciativa tiene como objetivo robustecer las herramientas en la investigación y sanción de las organizaciones criminales. Uno de los ejes centrales pasa por la imposición de penas más severas para quienes formen parte de agrupaciones narco, de lavado de activos, extorsión y/o trata de personas, independientemente de su rol dentro de esas organizaciones.
La Cámara de Diputados ya aprobó ese proyecto a principios de octubre por 137 votos contra 92, con el respaldo de los legisladores de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la UCR, Encuentro Federal e Innovación Federal y el rechazo de Unión por la Patria (UxP) y la Izquierda.
Los bloques que rechazan la iniciativa apuntan contra la violación del artículo 18 de la Constitución y del 8 del Pacto de San José de Costa Rica que implicaría el endurecimiento de penas.
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