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Es por el delito de delito de “defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. La causa investiga el Plan Federal de Construcción de Viviendas instrumentado por el gobierno de Cristina Fernández.
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El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó hoy a la titular de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini; a su ex colaboradores Sergio y Pablo Schoklender y a un grupo de ex funcionarios públicos en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la aplicación del programa Sueños Compartidos para la construcción de viviendas sociales.
El magistrado los procesó por el delito de defraudación en contra de la administración pública y sostuvo que fueron responsables del desvío de más de 200 millones de pesos que debieron ser aplicados a la construcción de viviendas, según consta en el fallo de 552 páginas al que accedió Télam.
Entre los principales ex funcionarios procesados se encuentran el detenido ex secretario de Obras Públicas, José López, y su ex subsecretario, Abel Fatala, quienes fueron señalados como los responsables de la adjudicación de más de 700 millones de pesos de fondos públicos a la fundación que tenía como apoderados a los Schoklender.
Marínez de Giorgi sostuvo que Bonafini -a quien durante todo el fallo trata como Pastor, por su apellido de soltera- "conocía los desmanejos financieros que realizaban los apoderados de la Fundación (los hermanos Schoklender) que ella misma había instituido, y que, en tal sentido, al menos participó de esos quehaceres aprobando los irregulares balances de la institución".
Sobre los hermanos Schoklender aseguró que aqctuaron "en connivencia" con funcionarios públicos nacionales, que se valieron del prestigio de la fundación en materia Derechos Humanos para conseguir los fondos públicos y gestionarlos de manera indebida, sin despertar sospechas.
Para el juez, los Schocklender desviaron 206.438.454,04 pesos de fondos destinados a obras a través de cheques y transferencias bancarias realizadas a personas y empresas ("Meldorek S.A." y "Antártica Argentina S.A.", entre otras) que formaron parte de la maniobra. También utilizaron personas y compañías que percibieron valores sin contraprestación alguna relacionada con la actividad de la Fundación; como fue el caso de "Cabaña Agropecuaria Del Zonda S.A.", vinculada al financista Guillermo Alejandro Greppi, procesado por lavado de activos.
En el fallo de hoy, el juez Martínez de Giorgi dictó también la falta de mérito de todos los ex gobernadores e intendentes investigados por suscribir acuerdos con la fundación cuestionada y para los ex ministros Julio De Vido (Planificación) y Carlos Tomada (Trabajo). "No se han obtenido evidencias relevantes que lo ubiquen participando de modo personal en la gestión de aprobación de pagos, financiamiento o adelantos, a la fundación, o a las jurisdicciones locales, circunstancia sí acreditada con relación a la Secretaría de Obras Públicas", sostuvo el juez en referencia al ex ministro De Vido.
Entre los ex mandatarios que recibieron la falta de mérito se encuentra Jorge Capitanich (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Maurice Closs (Misiones); mientras que lo mismo ocurrió con el el actual gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz.
La causa conocida como "Sueños Compartidos" tiene como fiscal a Paloma Ochoa, se inició en 2011 y estuvo primero en manos del ya jubilado ex juez federal Norberto Oyarbide.
Los hermanos Schoklender habían sido detenidos en 2013 por orden del entonces juez Oyarbide pero fueron excarcelados cuando la Cámara Federal lo apartó del expediente y revocó sus procesamientos.
>> Investigarán qué se hizo con el dinero desviado
El próximo paso de la causa conocida como Sueños Compartidos estará orientado a tratar de desentrañar qué se hizo con el dinero que según el juez Marcelo Martínez de Giorgi fue desviado con destino incierto, en lugar de ser utilizado para la construcción de viviendas. Fuentes judiciales sostuvieron que, en los próximos días, el magistrado retomará la investigación de las maniobras de lavado de dinero por las que hoy fueron procesadas más de 10 personas, entre las que se encuentra el financista Guillermo Greppi.
De acuerdo con la investigación de la justicia federal, el desvío de los más de 200 millones de pesos se produjo a través de la utilización de financieras y empresas que prestaron sus servicios para ocultar el destino de los fondos públicos.
Los apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Pablo y Sergio Schoklender, se valieron de una estructura de contactos a través de la cual lograron desviar los fondos conseguidos para la construcción de viviendas. considera el magistrado.
El esquema implicaba, primero, "detectar municipios en los que hubiese necesidades de construir vivienda y obligación de hacerlo rápido" para ofrecer una solución "llave en mano", sostuvo una fuente judicial consultada.