Tras la decisión del Poder Ejecutivo de retirar los diez pliegos para cubrir vacantes en el Poder Judicial que había enviado a la Legislatura, el secretario de Justicia Gabriel Somaglia, instó a "fortalecer los vínculos interpoderes" para construir "una decisión colectiva concreta". Consultado por El Litoral, entendió que el episodio da lugar a distintas interpretaciones. "Primero - dijo-, que no todo diálogo permite arribar a coincidencias plenas, más aún cuando se radicalizan posiciones, y algunas de ellas resultan extremas. Segundo, que ello nos desafía a insistir en la interlocución para fortalecer los vínculos interpoderes y que eso nos permita construir una decisión colectiva concreta. Finalmente, recapacitar sobre la importancia que tiene en una sociedad organizada la designación de un Juez… No alcanza con la valoración política que realiza el Poder Legislativo al brindarle acuerdo en su Asamblea; se debe atender, además, a que para llegar a dicha instancia se resolvieron otras valoraciones profesionales y psicotécnicas previas que no pueden pasar desapercibidas ni desconsideradas, ya que allí intervienen abogados, jueces y académicos, seleccionando a quiénes se encuentran en condiciones de alcanzar la magistratura", planteó.
Como se sabe, la oposición reaccionó negativamente al retiro de los pliegos. Desde el interbloque de diputados y senadores radicales, por ejemplo, se habló de "vergüenza institucional". Pero Somaglia disintió con esa actitud. "No coincido con tales apreciaciones - sostuvo-, más allá de la opinión valedera que cada uno pueda tener al respecto. El gobernador – añadió- ejerció una facultad inherente a su cargo que sin dudas incomodó a quienes lo criticaron, aunque creo que incomodó más el resultado que arrojó el tratamiento en la Asamblea Legislativa del retiro de los pliegos, que el retiro mismo. Lo sorprendente es que esa decisión no es nueva en la provincia; se dio en otras ocasiones. Especialmente (Antonio) Bonfatti retiró en idéntica situación 16 pliegos, y quienes hoy valoraron negativamente la decisión de Perotti, fueron los que consideraron un acto positivo e inteligente del entonces gobernador frentista de proceder tal como ahora lo reprochan".
Otro de los aspectos objetados fue el número de vacantes que se proponían cubrir en Rafaela, ciudad natal del gobernador. Al respecto, el secretario dijo que "no es un capricho cubrir vacantes allí, ni es ésa la única ciudad que necesite Jueces. Hoy allí hay 5 vacantes en el fuero civil, comercial y laboral; es un fuero pujante con alto volumen de litigiosidad y una gran afluencia que no puede ser desatendida. Pero también había coberturas para Reconquista, Santa Fe y Rosario, con idénticas características. Ninguna localidad tiene privilegio sobre otra", aseveró.
Acerca del retiro de todos los pliegos, aun cuando algunos iban a ser votados favorablemente por la Asamblea, Somaglia planteó: "No interesa si eran 4 ó 5, ya que aprobar el pliego de un juez es un acto que debe exaltar el principio republicano de gobierno. Ello es muy serio – sostuvo-; no puede convertirse en un remate. Debe quedar alejado de cualquier contienda política; si no, se conspira contra la excelencia e independencia de los elegidos pues detrás de la decisión no sólo hay sujetos que como cualquier persona humana tienen expectativas y han transitado un proceso de selección no exento de obstáculos y estrés que merecen atención, sino también, una comunidad que espera que sus conflictos sean resueltos".
Somaglia adelantó que el Ejecutivo volverá a enviar pliegos, sobre la base del diálogo con la oposición. "La conversación entre las fuerzas políticas no debe cesar; seguramente se volverán a revisar los antecedentes de los seleccionados, dialogaremos sobre ellos para volver enviar aquellos que reúnan el consenso necesario y estén en condiciones de asumir el rol de juez. Además, se están concluyendo los concursos de jueces penales, fiscales, defensores y jueces de pequeñas causas, de los cuales se extraerán más de 60 pliegos que la Legislatura deberá tratar aproximadamente en 90 días", adelantó.
El funcionario dijo ser un "convencido de que sólo el diálogo y los consensos pueden acercarnos a resolver las diferencias". Sin embargo, advirtió: "El Poder Ejecutivo decide y actúa, pero en determinadas situaciones aparecen grupos de poder que tienen la posibilidad de impedir o demorar una decisión, y eso lleva a una polarización consciente que impide consensos y logra paralizar decisiones. Hoy transitamos una etapa social huérfana de encuentros donde lo que importa es ganar y derrotar al otro por el sólo hecho de ser de otro bando o partido. No nos detenemos en los temas y su esencia, sino en quién opina; y en función de ello se lo critica por su grupo de pertenencia y no por el argumento del tema. Fíjese que cada día la opinión de alguien no motiva un debate sobre los argumentos, sino un análisis de quién es, con quién está vinculado y de ese modo, se lo descalifica y se pretende que quede fuera de juego. Esto también lo vemos con los pronunciamientos judiciales, pues preguntan ¿quién es el juez?, ¿quién lo nombró?, ¿con quién está vinculado...? Preocupa más quién dictó sentencia que la argumentación y su contenido; y ello puede llevarnos a la persecución y la discriminación", advirtió.
Respecto del mecanismo de selección de magistrados vigente en la provincia, Somaglia admitió que "todo sistema puede ser mejorado, pero no creo que esté crisis. Sin dudas – acotó-, una reforma constitucional provincial debería contemplar la instauración del Consejo de la Magistratura local. Igualmente, hoy la gestión de selección es procurada por abogados liberales, profesores universitarios y jueces, lo que hace de ello un órgano técnico con reglas claras y etapas bien marcadas sobre los roles y trabajos que cada postulante debe realizar", concluyó.
Respecto de la necesidad de respetar la perspectiva de género en las propuestas que se generan para cubrir vacantes, Somaglia recordó que "hoy el Poder Judicial cuenta con el 56% de la planta de jueces, Fiscales y defensores varones, mientras el 44%, son mujeres. Pero si sumáramos a los secretarios de los Juzgados, dicha paridad se revierte y el porcentual de mujeres resulta mayor invirtiéndose esos porcentuales. Todos los concursantes a Juez deben tener aprobado el curso que dicta el Poder Ejecutivo sobre perspectiva de género, a partir de la Ley Micaela, pues juzgar con perspectiva de género no es privativo de un sexo u otro. Debemos propender a realizar la paridad, de allí que los jurados se conforman con personas de diverso sexo y se procura respetar la paridad en el envío de pliegos, pero no debe escapar al análisis que los órganos jurisdiccionales son unipersonales y es allí donde se dificulta la resolución. Más aún, cuando la inscripción a un concurso resulta un imperativo libre del propio interés de cada sujeto y la prueba de oposición es anónima y excluyente".