La estadía en Bariloche permitió hablar con representantes políticos y de organizaciones vecinales. El Litoral entrevistó al intendente local, Gustavo Gennuso y a Alejandro Seguí, de la mesa de consenso. Esta última es una organización multisectorial de vecinos e instituciones que buscan herramientas para frenar la alteración de la propiedad privada y pública de la zona.
“Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”
“Este es un municipio intercultural”, aclaró Gennuso y señaló que desde su lugar trata de “acercar partes y conversar con todos”. Su postura frente al conflicto es “profundamente institucionalista: Si hay una Ley, hay que cumplirla. Si no me gusta una Ley, hay que tener la fortaleza para cambiarla. Pero actuamos enmarcados en las leyes y ordenanzas existentes”.
Si bien el intendente reconoció el rol que tiene la presencia del Ejército Argentino en Bariloche, recalcó que las tierras en litigio de la Escuela Militar de Montaña “no son del Ejército, sino que son territorio nacional en salvaguarda del Ejército” y resta gravedad a la decisión de cambiar de titularidad: “Los cuarteles del Ejército ocupan pocas hectáreas, después hay más de 3.000 hectáreas de tierras nacionales que están en disputa, pero no es que se van a meter en las cuadras del Ejército”. Para Gustavo Gennuso, si bien “es una cuestión que se discute en la Justicia”, tampoco hay que descuidar que “los territorios nacionales se hicieron en un contexto de apropiación del territorio que estaba en disputa en siglo XIX. Las cosas cambian y son dinámicas, hay que empezar a mirarlas de una forma distinta”.
Sobre los hechos delictivos que se viven, sostuvo que a los “actos violentos tienen que ser castigados rápidamente. No nos ayudan en nada” porque son “cuestiones que traen divisiones en la comunidad y que nos impiden ser una ciudad más inclusiva e integrada”. En lo que concierne a los que se manifiestan mapuches, destacó que “son personas conocidas, forman parte de nuestra comunidad. Tienen distintos oficios, algunos dentro de sus comunidades con huertas o viveros y otros con trabajos como cualquiera”, sobre ellos pidió “considerar cada reclamo y hacer un pasito más con una Ley que otorgue los territorios comunitarios por Ley”.
“Chile es una foto de lo que nos puede pasar”
Alejandro Seguí es empresario, vive en el parque municipal Llao Llao e integra la mesa de consenso. Coincidió en su relato con Gennuso, sin saberlo, en que “será difícil que los distintos grupos se sienten cara a cara a reconocerse y avanzar”. Es que sostiene que los ocupas “ponen por delante al carro de los caballos, hacen un reclamo de hecho en lugar de hacerlo judicialmente” y que no tiene “nada contra ellos, pero esto trae un efecto dominó” por lo que “Chile es una foto de los que nos puede pasar”. Un ejemplo de eso es “el avance judicial de 180 hectáreas en litigio de la Escuela Militar. De las casi 3.000 hectáreas se reclaman 2.900, el Ejército se va a quedar sin nada”.
Alejandro Seguí es empresario, vive en el parque municipal Llao Llao e integra la mesa de consenso.
Asimismo Seguí indicó que “empezó todo mal dirigido por la Jueza Domínguez que otorgó sentencia a favor de la comunidad Millalonco Ranquehue basándose solamente en una decisión administrativa del INAI sin escuchar a las otras partes damnificadas” y que se ve un hilo conductor en el proceder de los distintos niveles del Estado porque: “no se escucha al Estado y luego se apela tarde”. En tal sentido agregó que la “abogada (Vásquez, señalada por apelar tarde) dijo que cumple instrucciones o sea que viene de más arriba” (el direccionamiento).
El interlocutor señaló que, más allá de las tierras castrenses, hay en conflicto incluso en “pulmones verdes que si se lotearan tendrían un impacto y contaminación ambiental tremenda”. Para él el resto de los argentinos tienen que “tener conciencia de lo que estamos perdiendo” porque – si bien “esto no es un tema inmobiliario para ahora” - detrás hay una “intención ideológica y paralelamente económica” conjuntamente con una “idea de ‘divide y triunfarás’, de dividir la Patagonia porque de esa manera tienen más posibilidades de dominar”.
“Son bastante contemporáneos, la mayoría puede justificar su permanencia aquí a partir de 1900” señaló el empresario y agregó que “la mayoría se inscribió luego de la Ley y ésta establece que era para los que lo hicieron previamente”. En la línea judicial reclamó que para los originarios “apenas piden una reivindicación, la Justicia falla a favor. En los casos de los propietarios que están usurpados o les quemaron todo, no pasa nada” y detalló una especie modus operandi: “El primer paso es reivindicar, luego ocupar y después legalizar. El día de mañana, los herederos van a pedir dejar de lado la imposibilidad de comercializar o vender esos lotes”. Agregó que estos últimos “no pagan escrituras, reciben gratis los terrenos y no tienen que pagar ningún impuesto de por vida”.
Lo que ocurre, para Alejandro Seguí “no es una cuestión de tierras. Es una cuestión de cómo se hizo el país y tener una seguridad jurídica e institucional que nos digan cuáles son las pautas del país.”