El domingo, como parte de la visita a la ciudad de Reconquista, el gobernador Maximiliano Pullaro participó de la entrega de ocho patrulleros nuevos, en este caso, para reforzar la seguridad que presta la Unidad Regional IX de la Policía santafesina, en el departamento General Obligado.
Mirá tambiénPullaro: "Sepa el campo que cuenta con este Gobierno, que es su aliado"El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, en el acto donde se entregaron los móviles, agradeció a la Legislatura provincial por haber aprobado “la Ley de Emergencia en Seguridad Pública y del Sistema Penitenciario, normas que no han tenido grieta, porque han salido con el apoyo de 49 diputados sobre 50 y de los 19 senadores. Esto nos dio las herramientas para poder gestionar y reequipar a nuestra querida Policía”.
Haciendo hincapié en la inversión para mejorar la seguridad, el funcionario recordó además que la semana pasada se “abrieron los sobres para la provisión de uniformes completos para la Policía y para el Servicio Penitenciario de Santa Fe, con un mejoramiento de oferta que nos permitió un ahorro de una cuarta parte sobre el presupuesto oficial. De un poco más de 28.000 millones de pesos, se van a gastar 21.000 millones, es decir, un ahorro millonario producto de una compra eficiente”.
En el mismo sentido, señaló que “con los patrulleros se ha producido un ahorro del 20 % en la licitación pública, pero en lugar de que esa plata vuelva a rentas generales, compramos un 20 % más de patrulleros. Entonces esos 700 de la licitación inicial ahora son 840 que se suman a 100 de una compra directa: sumamos 940 patrulleros en un primer año de gestión”, sintetizó Cococcioni.
Por otra parte, el ministro adelantó que junto a su par de Gobierno e Innovación, Fabián Bastia, “estuvimos estudiando una por una las necesidades de cobertura en materia judicial y se va a llamar a concurso para cubrir distintos órganos en materia civil, comercial, laboral y de familia en toda la zona”.
En el acto, además del gobernador y Cococcioni, estuvieron Bastia; el ministro de Trabajo, Roald Báscolo; el senador, Orfilio Marcón; la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes; el fiscal regional, Rubén Martínez; el juez federal, Aldo Alurralde; y demás autoridades locales y regionales.
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