Un operativo llevado a cabo en la tarde del jueves 16 de septiembre en la comisaría 10ª alteró la tranquilidad de los vecinos de la zona norte de Rosario. Agentes de la Agencia de Control Policial (ex Asuntos Internos) allanaron la seccional ubicada en Darregueira al 1100, por un escandaloso episodio por el cual fueron detenidos el jefe, uno de los subjefes y cuatro de los policías que estaban destinados en dicha dependencia policial.
Los uniformados detenidos fueron el comisario Gerardo M., el subcomisario Sebastián O., y los agentes Walter G., Héctor D., Juan Pablo S. y Natalia S, quienes quedaron a disposición del fiscal de la Unidad de Balaceras, Federico Rébola.
Las primeras informaciones brindadas en la tarde del jueves indicaban que el operativo se llevó a cabo por presuntas irregularidades en la liberación de detenidos que habrían participado en distintas balaceras, pero con el correr de las horas se supo que el origen de las detenciones si tuvo que ver con balaceras, pero también incluía el falso testimonio de víctimas y las andanzas de una banda narco, en aparente complicidad con policías.
Las balaceras existieron, las víctimas fueron reales, pero mintieron al acusar a los autores de los tiros, remarcaron fuentes del caso, a cambio de dinero y drogas que fueron pagadas por integrantes de una banda narco. Los uniformados están bajo sospecha de dejar operar en la zona a esa organización narcocriminal, que responde a la familia de ‘Ema Pimpi’ Sandoval, asesinado en 2019, agregaron los voceros.
A los tiros por la zona norte
Las balaceras ocurrieron a fines de junio y tuvieron como víctimas a dos mujeres, que señalaron como autores de los disparos a dos jóvenes, identificados como Tomás G. y Andrés G. quienes fueron detenidos en su momento por personal de la seccional 10ª, y luego imputados por el fiscal Rébola, para quedar en prisión preventiva efectiva.
Pero varias semanas después, la abogada de las víctimas se presentó en Fiscalía y dijo que sus defendidas habían mentido en su declaración, acusando a dos personas que no habían sido los autores de la balacera y que en el armado de la fábula habían participado policías de la 10ª.
El fiscal les tomó declaración, ellas ratificaron lo que contó la abogada y la investigación giró y se partió en dos: por un lado se inició una causa a las víctimas por falso testimonio y por el otro se apuntó a la pata policial del engaño.
Eso derivó en el allanamiento del jueves, en el cual se secuestró el libro de guardia de la comisaría, en la cual se detectaron varias irregularidades y la detención de media docena de uniformados.
Según voceros de la pesquisa, los dos jóvenes señalados como autores de la balacera son miembros de una banda rival de la de la familia de Emanuel “Ema Pimpi” Sandoval y la intención de incriminarlos está relacionada con la venta de estupefacientes en la zona norte.
Los policías quedaron detenidos y en principio serán imputados a comienzos de la semana próxima por los delitos de incumplimiento en los deberes de funcionario público, cohecho y falsedad ideológica de instrumento público.