El Ministerio de Seguridad de la Nación informó que elevó a 2.000.000 de pesos la recompensa para quienes aporten datos útiles que permitan lograr la captura del ex segundo comandante de Buzos Tácticos en la Base Naval de Mar del Plata durante la última dictadura cívico militar, Luis Esteban Kyburg, y de Horacio Gonzáles Llanos, ambos prófugos acusados de haber cometidos crímenes de lesa humanidad en la ciudad.
En total son 25 prófugos por crímenes de lesa humanidad que buscan diferentes juzgados y fiscalías de todo el país y el Estado ofrece por ellos el pago de recompensas de hasta 2.000.000 de pesos, siendo la de Kyburg y González dos de las más altas.
Luis Esteban Kyburg fue encontrado en 2020 en Alemania. Está acusado de participar en los escuadrones de la muerte que operaron en Mar del Plata durante la última dictadura cívico militar, cuando se desempeñaba como segundo comandante de la Agrupación Buzos Tácticos UT 612.
Además fue jefe del Departamento Personal, Operaciones y Logística de la Armada Argentina con sede en la Base Naval de Mar del Plata, unidad sindicada de ser responsable del secuestro y asesinato de 152 personas entre 1976 y 1983.
Kyburg supo evadir a la Justicia e integró siempre la nómina de militares acusados de delitos de lesa humanidad prófugos y, si bien el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció recompensa por información para lograr su captura, en el pasado –primero 100.000 pesos, después 500.000 y hasta 1.000.000 millón-, Kyburg se las ingenió para no ser encontrado y se fue a Alemania, país del que tiene nacionalidad.
En 2013, la Justicia Federal ordenó la detención internacional de Kyburg y en 2015 solicitó a Alemania su extradición, la cual fue denegada. Sin la posibilidad de juzgar al militar en Argentina, víctimas, representadas por el abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos César Sivo, entendieron que para evitar la impunidad la única alternativa era montar el caso en Alemania y que Kyburg fuera juzgado allá.
En julio del año pasado, Kyburg fue hallado en Berlín, Alemania y fotografiado y filmado por el periodista argentino Toni Hervida, para el diario Bild. La imagen del militar argentino acusado por delitos de lesa humanidad caminando libremente por la calle dio vuelta el mundo y reavivó el reclamo de justicia. “Que los jueces en Alemania tomen conciencia de lo que está pasando, que hay una persona sospechada de haber participado de homicidios y torturas que camina libre por las calles”, dijo el periodista en una nota con LA CAPITAL.
Por su parte, Horacio Gonzáles Llanos está imputado también en la causa “Base Naval-residual”, y su recompensa aumentó cuatro veces en un año: pasó de 500.000 pesos a 2.000.000. En 2013 el juez federal Santiago Inchausti ordenó su captura y congeló todos sus bienes. “Su fuga obliga al Estado a abstenerse de juzgarlos y aterroriza a la población al mostrar vigente aun en nuestros días la metodología y forma de operar de las organizaciones criminales que ejercieron el terrorismo de Estado en nuestro país”, señalaba la UIF en su momento.
Las personas que puedan suministrar datos deben comunicarse a la línea telefónica gratuita 134, donde se recibe la información en el marco del Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas ordenada por la Justicia (conocido como programa BUSCAR), dependiente de la Dirección Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos.
En las siguientes jurisdicciones federales se registran prófugos por crímenes de lesa humanidad: seis en Rosario, cinco en Mendoza, tres en Bahía Blanca y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dos en La Plata y en Mar del Plata, y uno en Salta, en San Juan, en Tucumán y en Formosa.
Se trata de once ex miembros del Ejército, cuatro civiles, un ex integrante del Servicio Penitenciario Bonaerense, tres que revistaron en la Armada, dos ex policías federales, un ex policía de Mendoza, dos ex policías de Santa Fe y un ex miembro de la Fuerza Aérea.
La Ley N° 26.375, de mayo de 2008, creó un Fondo de Recompensas destinado a abonar una compensación monetaria a las personas que brinden “datos útiles mediante informes, testimonios, documentación y todo otro elemento o referencia fidedigna y/o fehaciente, cuando resultasen determinantes para la detención de personas buscadas por la justicia que registren orden judicial de captura o búsqueda de paradero, en causas penales en las que se investiguen delitos de lesa humanidad”.