Carlos Delfino donará equipos médicos en la causa por la venta de su casa a un narco
A 3 años del inicio del conflicto judicial, el basquetbolista y su padre ofrecieron importantes donaciones a modo de reparación. Además, la esposa y el suegro del narco prófugo Vicente Pignata, habrían acordado condenas de prisión efectiva.
Archivo El Litoral El 13 de marzo de 2019 la Policía Federal y Gendarmería realizaron una decena de allanamientos entre los que se destacó el de la casa del barrio privado El Paso (foto) y una finca de 10 hs. en la provincia de Mendoza.
El próximo domingo se cumplen tres años del megaoperativo policial-judicial en el que se allanó, entre otras, una vistosa propiedad del country "El Paso" de Santo Tomé, donde a fines de 2017 se radicó un matrimonio investigado por narcotráfico. La casa -valuada en ese entonces en más de medio millón de dólares-, había sido alquilada, con promesa de venta, al basquetbolista Carlos Francisco Delfino -actualmente radicado en Italia- y la operación inmobiliaria fue llevada adelante por su padre Carlos Gustavo Delfino.
Como consecuencia, ambos fueron procesados por lavado de activos de origen ilícito en abril de 2019 y ese mismo año, el fiscal federal Nº 2, Walter Rodríguez, solicitó la elevación de la causa a juicio. Para la Justicia, la operación a través de una sociedad radicada en Uruguay, habría permitido a Vicente Pignata y su esposa Elizabet Campos, ocultar su titularidad ante los entes de control estatal y así lavar el dinero sucio.
Por ese caso, este miércoles se llevó a cabo una audiencia de suspensión de juicio a prueba, en la cual la estrella del básquetbol nacional e internacional, participó por teleconferencia desde Italia. El acto tuvo lugar en el Tribunal Oral Federal (TOF) de San Jerónimo y Primera Junta y contó con la presencia del padre del deportista y el abogado defensor de ambos, el Dr. Néstor Oroño.
Dirigida por el juez rosarino Germán Sutter Schneider, la reunión tuvo por finalidad que la defensa lleve adelante un ofrecimiento de reparación económica, a los fines de evitar llegar a un juicio oral y dar por cerrado un conflicto legal que generó un incordio en la vida de la familia Delfino.
Como contraparte, el fiscal general Martín Suárez Faisal, controló los términos de la propuesta y finalmente brindó su consentimiento de la oferta, que consiste en el pago de una abultada multa y donación. Según estimó el Dr. Oroño, el total oscila en 20.000 dólares (unos 4 millones de pesos) por cada uno de sus clientes.
Aunque todavía resta la firma del juez Sutter Schneider, de no mediar inconvenientes los Delfino podrían acceder a la probation tras comprometerse al pago de una multa de $ 1.200.000 cada uno; así como las donaciones de un equipo digitalizador para rayos X y mamografías, y un vehículo de tipo utilitario "0" km para traslados, en favor del Hospital Público de la ciudad de Santo Tomé, que es la jurisdicción en la que se encuentra afincada la casa que fue motivo de discordia.
En cuanto a los plazos de entrega de ambos bienes, la defensa especificó que el utilitario podría llegar en 60 días y el digitalizador en los próximos 12 meses, dado que se trata de un equipo de alta tecnología.
Guillermo Di Salvatore / Archivo Carlos Delfino viajó a la Argentina el 27 de marzo de 2019 para ponerse a derecho ante la Justicia Federal santafesina.
Carlos Delfino viajó a la Argentina el 27 de marzo de 2019 para ponerse a derecho ante la Justicia Federal santafesina. Foto: Guillermo Di Salvatore / Archivo
Causas conexas
Fuentes del caso señalaron que la resolución judicial podría darse a conocer en los próximos 10 días, ya que no sólo atañe a los Delfino, sino a otros cuatro imputados, entre quienes se encuentra el dueño de una concesionaria de autos y su empleado; así como la esposa y el suegro del narco prófugo Vicente Matías Pignata.
A propósito, la audiencia de este miércoles fue la última, de una serie de negociaciones que se llevaron a cabo en la sede judicial, entre cada una de las defensas y el fiscal Suárez Faisal.
En el caso del empresario del sector automotriz, Sebastián Roberto Carreras y su empleado Matías Exequiel Alonso, la audiencia de suspensión de juicio a prueba se realizó el viernes 25 de febrero y la propuesta reparatoria la formuló el abogado Ignacio Alfonso Garrone, ante el fiscal Suárez Faisal y el juez Sutter Schneider.
Carrera y Alonso también fueron procesados por la Justicia Federal por lavado de activos de origen en el narcotráfico, pero en su caso por haber participado de la comercialización de vehículos que compraba y vendía el matrimonio Pignata-Campos. Se trató de una segunda etapa de la investigación que se elevó a juicio a mediados de 2020 y que se acumuló con el expediente Delfino en el TOF.
Según trascendió, en ambos casos las multas duplican el valor de las operaciones comerciales investigadas. Es decir que Carrera deberá pagar $ 3.000.000 y Alonso $ 800.000 en un plazo de 3 años; además de la realización de tareas comunitarias semanales -durante 1 año y medio Carrera y durante 1 año Alonso- en una reconocida fundación local de ayuda al niño oncológico.
Por último, quienes no accedieron al beneficio de la probation por estar directamente involucrados en maniobras de lavado vinculadas con el narcotráfico fueron Elizabet Yanina Campos -con defensa de Claudio Torres del Sel- y su padre Ramón Darío Campos -representado por el Dr. Enrique Müller-.
Padre e hija aceptaron condenas de 3 años de prisión efectiva en sendos acuerdos de juicios abreviados, cuyas audiencias de visu, es decir, la entrevista de conocimiento del imputado en el que se ratifica la voluntad del acuerdo, ya se realizaron. Además, se acordó el decomiso de la mayoría de los bienes embargados en el marco de la causa.
A propósito, allegados a la causa fueron cautos al decir que "aceptaron la responsabilidad pero todavía no hay resolución" judicial, al igual que en los casos anteriores.
Mientras tanto, Ramón Campos atraviesa el proceso en prisión domiciliaria y su hija Yanina recuperó la libertad recién en diciembre pasado, tras permanecer más de dos años en prisión preventiva en distintas dependencias del Servicio Penitenciario provincial.