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Los empresarios Fernando Font Saravia y Rodrigo Gómez Barinaga se presentaron ayer ante el Ministerio Público de la Acusación, donde fueron informados de una denuncia penal en su contra por el presunto delito de “defraudación”.
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Los administradores del country Aires del Llano se presentaron ayer en el Ministerio Público de la Acusación, donde eran requeridos por una denuncia por el presunto delito de “defraudación fiduciaria”, realizada por un cliente del emprendimiento inmobiliario. Rodrigo Gómez Barinaga y Fernando Font Saravia “comparecieron espontáneamente” ante la fiscal Carolina Parodi, la cual “dejó sin efecto las órdenes de captura” emitidas el 15 de marzo, informó la oficina de prensa del MPA.
Mediante un comunicado oficial, la fiscal Parodi aclaró que “la citación a estos dos empresarios tiene su origen en una denuncia presentada ante el MPA a para que se investigue un supuesto fraude en la administración fiduciaria del country Aires del Llano”, ubicado en un predio de 174 hectáreas, en el km 5,5 de la autopista, en jurisdicción de la Municipalidad de Santo Tomé.
La denuncia la realizó el abogado Alejandro Albiñana el 25 de noviembre de 2015, en representación de un inversor que habría comprado un terreno en el denominado barrio VI y que reclama las mejoras prometidas en la operación de compra-venta.
¿Penal o Civil?
En cuanto a las acusaciones formuladas, la funcionaria del MPA precisó que “si bien las dos personas que comparecieron ante la Fiscalía podrían estar involucradas en una presunta maniobra fraudulenta, aun faltan elementos verosímiles para definir si es posible promover la acción penal”.
En tal sentido, advirtió que “podría no tratarse de una defraudación, y sí de un caso civil por incumplimiento del objeto de los contratos de fideicomiso inmobiliario y de garantía dentro de los plazos estipulados, con sus consecuencias legales contractuales”. Y aclaró que “la liquidación del fideicomiso es una mera consecuencia del vencimiento del plazo contractual”.
La fiscal también manifestó que “no es cierto que existan irregularidades en los contratos en su aspecto formal, ni en la la situación registral de su inscripción” y precisó que “los empresarios no son fiduciarios a título personal, sino inversores fideicomitentes, los que los habilitaría legalmente a ser beneficiarios adjudicatarios”.
Por último, Parodi dijo que hay una cuestión previa a la investigación penal, que es la rendición de cuentas sobre el patrimonio de afectación. “Ya fue requerida al abogado defensor, porque es imprescindible conocerla”, indicó la fiscal. “Sin embargo concluyó, aun no se acreditó esta información. Una vez que se cumplimente, podría descartarse la promoción de la acción penal”.
En el país
El abogado Néstor Oroño, quien asumió ayer la defensa de los dos empresarios, confirmó que “lo único que se cumplimentó fue la comparencia de ellos para constituir domicilio y anoticiarse de la causa” por la que se los solicitaba. “No hubo audiencia, ningún acto de declaración o descargo por parte de ellos” y adelantó que “en estos días me voy a interiorizar de la denuncia y a partir de ahí veremos cuales son las acciones a adoptar” en cuanto a “ofrecimiento de pruebas y de descargos”, en caso que corresponda.
Consultado acerca del paradero de ambos empresarios cuando fueron requeridos por la justicia, Oroño descartó que hayan estado “fuera del país” como se dijo en algunos medios. “Los hubieran retenido en la frontera al entrar”, razonó. Y aclaró que Gómez Barinaga “tiene su domicilio y trabaja en Buenos Aires” y que “nunca recibió la citación”; Font Saravia en cambio, “sí tiene domicilio en Santa Fe, pero por cuestiones de trabajo estaba fuera”. Los dos “se anoticiaron por lo que salió en los medios” que estaban siendo requeridos por la fiscalía.
Finalmente, ambos comparecieron en horas de la siesta del lunes para fijar domicilio real y legal, motivo por el cual, la fiscal Parodi dispuso dejar sin efecto las órdenes de captura emitidas a mediados de marzo a los efectos de su comparendo.