La fiscal Alejandra Del Río Ayala pedirá una pena de 15 años de prisión para Alberto Héctor Dolinsky, al que investigó como autor de delitos contra la integridad sexual cometidos en la ciudad de Santa Fe en perjuicio de la hija menor de edad de un amigo.
Así lo adelantó la funcionaria del MPA en la audiencia preliminar llevada a cabo en los tribunales de la capital provincial días antes del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el presidente de la Nación.
Del Río Ayala acusó al empresario maderero como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal calificado (por ser cometido por dos personas), en concurso real con corrupción de menores agravada (por ser la víctima menor de 13 años).
“Los ilícitos fueron cometidos el jueves 2 de enero de 2014 en las instalaciones de un hotel céntrico de la ciudad de Santa Fe en el que vive el imputado”, recordó la fiscal. “De acuerdo a las pruebas que pudimos recolectar y al relato de la víctima en Cámara Gesell, el imputado y una mujer de nacionalidad brasileña tuvieron relaciones sexuales frente a la niña en la pileta del hotel”, agregó Del Río Ayala.
La funcionaria del MPA también detalló que “la menor fue obligada a tomar una bebida alcohólica y luego, en el baño de la habitación en la que vive el imputado, el hombre la agredió sexualmente”.
La fiscal aclaró que “si bien la conducta del imputado no encuadra en lo que comúnmente se denomina violación, sí fueron hechos que por la modalidad y circunstancias de realización, produjeron denigración, humillación, gran sometimiento en la víctima y son capaces de corromper el normal desarrollo sexual de una niña”.
Del Río Ayala agregó que “se trata de los delitos más aberrantes que se pueden cometer contra una persona en especial si es un niño o una niña, no solo por los derechos que vulnera, sino también por lo traumático que resultan estas acciones y las consecuencias que producen o podrían producir a lo largo de la vida de una persona”.
“Existen circunstancias que deben ser particularmente consideradas en este caso”, sostuvo la fiscal. “El acusado formaba parte del círculo más íntimo de confianza de la víctima y al momento del hecho había asumido un deber de cuidado de la menor. A esto debemos agregar las consideraciones respecto a los medios utilizados para realizar las acciones descriptas, esto es, sometimiento de la niña, aprovechamiento de su vulnerabilidad por su edad y su situación de dependencia, la clandestinidad, la nocturnidad y la lujuria”, enumeró.
Del Río Ayala también hizo hincapié en que “la niña quedó en un estado de total indefensión y fue víctima de agresiones sexuales que vulneraron su derecho a la integridad física, psíquica y sexual, a la libertad sexual y a la dignidad”.
El padre de la víctima se constituyó como querellante. Los abogados José Ignacio Mohamad y Horacio Paulazzo lo representan legalmente