Por las escuchas procesaron a 2 policías vinculados al narcotráfico

Juliano Salierno
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La caída de una organización criminal mixta dedicada al tráfico de estupefacientes con ramificaciones en distintos puntos de la provincia, derivó en los procesamientos de tres hombres, dos de ellos policías del departamento La Capital, y el pedido de captura nacional e internacional para un cuarto miembro de la banda.

El caso tuvo amplia repercusión el año pasado, cuando trascendieron las escuchas telefónicas en las que se reflejaba de manera palmaria, cómo dos miembros de la fuerza policial operaban como distribuidores de cocaína y marihuana en la ciudad de Santa Fe y con nexos en el norte provincial.

La investigación iniciada el 2 de octubre de 2014 por la Subdelegación Reconquista de la Policía Federal -boicoteada en una oportunidad-, se reanimó meses después con una denuncia anónima y obtuvo buenos resultados el 21 de septiembre de 2016, cuando un policía y un narco santafesino fueron interceptados en medio de la transa de casi medio kilo de cocaína a cambio de $ 30.000, en la vía pública en el barrio San Martín de la capital provincial.

Horas más tarde se realizaron múltiples allanamientos en Santa Fe, Santo Tomé y Reconquista, en los que se secuestraron una balanza de precisión, una máquina de contar billetes, uniformes policiales, dinero en efectivo, armas, droga en trozos compactos y elementos para su fraccionamiento; y se produjo la detención de uno de los principales investigados, que acompañado por su abogado se entregó en tribunales.

Con antecedentes

Con la información recopilada a lo largo de casi dos años de investigación, el juez Federal de Reconquista, Aldo Mario Alurralde, dictó el procesamiento con prisión preventiva para los tres implicados detenidos; y ordenó la captura nacional e internacional para el cuarto miembro de la banda,a instancias de la fiscal federal Viviana Bruno Campaña.

Los policías Walter Ariel Bustos, alias “gordo” y Gustavo Miguel Gribaldo, alias “pelado” fueron procesados el 1° de febrero por el delito de “comercialización de estupefacientes agravada por el número de personas y por ser funcionario público encargado de la prevención o persecución del delito de tráfico de estupefacientes”.

Carlos Roberto Arce, de 43 años, fue procesado por el mismo delito, aunque sin el agravante de ser funcionario policial. De las actuaciones surge que “Anteojito”, tal el apodo de Arce, había obtenido la libertad condicional en marzo de 2015, tras una condena de 4 años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de marzo de 2013.

Pedido de captura

El cuarto imputado identificado es Gonzalo César Tortul Pérez, fue demorado durante el allanamiento de su domicilio de la ciudad de Reconquista en septiembre del año pasado, y luego dejado en libertad, puesto que no se secuestró droga bajo su dominio. A los pocos días se dio a la fuga, por lo que la fiscal Bruno Campaña solicitó su inmediata detención, medida que fue ordenada por el Dr. Alurralde el 2 de noviembre último.

Tortul fue en realidad la punta del ovillo del cual comenzaron a tirar los miembros de la delegación Reconquista de la Policía Federal. Los investigadores lo marcaron entonces como uno de los vendedores barriales más importantes de Reconquista y Avellaneda hasta que, escuchas telefónicas mediante, detectaron que su nexo era un narco de la capital santafesina -Arce-, que a su vez era abastecido por dos policías de la Unidad Regional Uno -Bustos y Gribaldo-.

Del material probatorio reunido hasta el momento, se desprende a su vez, el vínculo que existía entre Bustos y Gribaldo, quienes se asociaron para el “cobro de cuotas” para los “kioscos de estupefacientes” y la supuesta “protección policial”.

Pago en cuotas y cuenta corriente

Para el juez Alurralde, está claro que “Gribaldo participaba en forma organizada en el tráfico de estupefacientes y a la vez cobraba una mensualidad o “cuota” valiéndose de su calidad de funcionario policial; y que Bustos camarada de la misma fuerza policial- habría sido el encargado de intermediar en el cobro; e incluso queda acreditado que reclutaría personas para la organización a fin de que realicen algunos “trabajos” con “yuyos” (sería marihuana); personas éstas deseosas de integrar el grupo”.

Es más, para el magistrado “queda suficientemente probado el tráfico y las sucesivas remesas de mercadería ilegal y una especie de cuenta corriente” que manejaba la organización criminal que en algunos casos entregaba la mercancía a cuenta y luego cobraba los saldos.

En síntesis, “todos los encausados habrían funcionado como una organización delictiva coordinando recaudación del dinero, compra de material estupefaciente, distribución o venta al menudeo”, cerró Alurralde.

“Vendidos”

Si bien la investigación se inició en octubre de 2014, ésta tuvo un impasse, cuando a raíz de las escuchas se habían ordenado allanamientos y detenciones y el dato se filtró llegando a oídos de los imputados. “No viajes” y “tirá el teléfono”, fue la orden de Tortul -el narco prófugo-, a “Anteojito” Arce, que hacía de intermediario. Hasta ese momento no se sabía que había policías involucrados.