Un nuevo caso de abuso sexual infantil movilizó a San José Del Rincón, donde desde hace dos meses son cada vez más los hechos de este tipo que salen a la luz. Este lunes por la noche un hombre quedó en prisión preventiva luego de que cuatro familiares lo denunciaran, acompañados por el grupo local Pañuelos Amarillos, creado por víctimas de abuso y sus allegados.
La fiscal encargada de la investigación es la Dra. María Celeste Minniti, que atribuyó a Maximiliano Díaz (32) la autoría de "abuso sexual con acceso carnal" en concurso ideal con "promoción a la corrupción de menores calificada por la edad" de las tres víctimas, y en dos casos agravada también por "amenazas". Si bien son cuatro las denuncias que se radicaron en su contra, una de estas será remitida a la órbita de la Justicia de Menores, ya que el imputado tenía 15 años al momento de los hechos.
En una audiencia que comenzó cerca de las 17, y se extendió hasta las 22, el juez penal Leandro Lazzarini ordenó la medida cautelar de máxima para Díaz. El magistrado rechazó tanto el ofrecimiento de alternativas como la solicitud de prisión domiciliaria realizados por el abogado defensor Marcos Barceló. El magistrado confirmó la calificación legal de los hechos, la pena en expectativa -que va de 10 a 45 años-, y la existencia de riesgos procesales.
Desde la fiscalía, adelantaron que la cantidad y contundencia de las evidencias con las que cuentan les permite suponer que en poco tiempo presentarán la acusación formal en contra de Díaz, y lo llevarán a juicio.
Desde su creación a mediados de julio, las mujeres que integran el grupo Pañuelos Amarillos Rincón se dedican a escuchar, acompañar y asesorar a víctimas de abuso sexual. El espacio nació ante la necesidad de tener un lugar de contención, porque "el día que lo necesitamos no lo tuvimos".
En agosto una joven se contactó con ellas, y así comenzó a destaparse esta causa. El lunes 23 se radicó la primera denuncia, a la que siguió una segunda apenas unas horas después, y a los pocos días ya eran cuatro las víctimas que se habían presentado. Se trata de una vecina, dos primas y un primo lejanos, que fueron sometidos cuando tenían apenas 7 años, continuando los abusos -en algunos casos- hasta que cumplieron los 12.
Menos de diez días después, el 1 de septiembre, la fiscal Minniti ordenó la detención del imputado, que desde entonces permanece tras las rejas. Previo a esto, se realizó un amplio y extenso trabajo, recolectando diversos testimonios y realizando entrevistas a las víctimas (a cargo de las psicólogas del Ministerio Público de la Acusación).
Los hechos atribuidos a Díaz van desde finales de 2006 y hasta 2011 inclusive. Si bien hay abusos que datan de antes de ese período, sólo se le endilgaron aquellos cometidos desde que se convirtió en mayor de edad, y los anteriores deberán ser tratados en la Justicia de Menores.
En la audiencia de prisión preventiva la defensa volvió a reiterar la inocencia de Díaz, que ya había desconocido los hechos en la audiencia imputativa. Se refirió a una "pandemia de denuncias de abuso sexual" y a que en Rincón se habría generado una especie de "psicosis colectiva", señalando que las víctimas habrían "inventado" las acusaciones en contra de su cliente.
El Dr. Barceló planteó la prescripción de los hechos, a la cual el juez no hizo lugar, y ofreció una serie de medidas alternativas a la prisión preventiva. subsidiariamente, solicitó la morigeración de la cautelar de máxima a domiciliaria.
La fiscalía señaló que la pena en expectativa por estos delitos va de 10 a 45 años, y que en este caso "se va a acercar al máximo" por la cantidad de víctimas y "el tremendo daño psicológico" infligido. Además, los funcionarios del MPA señalaron la presencia de riesgos procesales, especialmente el de entorpecimiento probatorio. Se trata de vecinos, familiares, gente que se conoce y que vive prácticamente al lado. De hecho, cuando la familia de Díaz se enteró de que las víctimas se estaban movilizando las empezaron a amenazar, y hasta les cascotearon la casa.
En sus fundamentos, el juez Lazzarini resaltó que los dichos del defensor, en cuanto a que las víctimas se habrían hecho eco de otros abusos cometidos en Rincón y fabricado relatos similares, "no tienen sostén". Además, admitió la calificación legal escogida por la fiscalía y consideró que los riesgos procesales existen, y no pueden ser cautelados de otra forma a excepción de la prisión preventiva.