De no ser por la detención del maestro de música del Jardín de Infantes San Roque ocurrida a fines de febrero, Darío Céspedes hubiera iniciado el ciclo escolar 2020 con total normalidad y quedado a cargo de las criaturas, como lo vino haciendo desde mediados de 2019, luego de que una madre lo denunció penalmente por delitos contra la integridad sexual contra su hijo. Una semana después, y ante las graves sospechas de encubrimiento que pesan sobre la institución, las fiscales de la Unidad Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas), Celeste Minniti y Alejandra del Rio Ayala, ordenaron las detenciones de quienes fueran directora y vice del período investigado.
Las privaciones de la libertad se consumaron este domingo en horas de la noche, en sus domicilios particulares y alcanzan a CFL y EK, ex directora y actual directora respectivamente, según informó la oficina de prensa del MPA. La misma fuente indicó que ambas serían imputadas este martes, en horario a confirmar por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), bajo la presunta acusación de “encubrimiento agravado” del abuso de un alumno durante los períodos 2018 y 2019.
Asimismo, adelantaron que las fiscales Del Río Ayala y Minniti no harán declaraciones públicas, al menos hasta una vez finalizada la audiencia de rigor. En tanto, la comunidad educativa se concentró este lunes por la mañana y estaba prevista otra convocatoria para las 13.30 a la puerta del jardín N° 1264 ubicado en calle Güemes 5265.
“El mago” y “el grandulón”
Los padres reclaman respuestas a la institución, cuya actuación quedó seriamente comprometida en cuanto a la falta de articulación de protocolos que pongan a resguardo la integridad de los pequeños de edad preescolar, por sobre la preeminencia del docente.
Además, a la declaración inicial de la madre de la víctima, se sumaron durante la semana pasada y todo el fin de semana, decenas de testimonios de padres, que dieron cuenta de juegos nonsanctos como los de “la barita” con la que el maestro tocaba partes del cuerpo de los chicos; o “el grandulón” en el que se propiciaba el bullying; u otros como “la carpita” o “el biombo”. Prácticas éstas que se realizaban en el salón de usos múltiples del establecimiento, en el horario de música y de los cuales habría estado en conocimiento las autoridades.
Tal como lo destacó el juez penal Sergio Carraro el martes pasado, cuando dictó la prisión preventiva para Céspeces, las fiscales sostuvieron que el accionar de los directivos del jardín, lejos de atender a la voz del niño, propiciaron con su inacción el abuso, y pusieron en riesgo al resto de la comunidad escolar, a punto tal que en una reunión de padres realizada en 2018, desmintieron lisa y llanamente que el hecho hubiera ocurrido, lo calificaron de “una mentira” y señalaron que se trataba de un “abuso intrafamiliar”.
Las fiscales Minniti y Del Río Ayala solicitaron un allanamiento, que ordenó la jueza Rosana Carrara el sábado por la tarde, en el cual se secuestraron los libros de actas en los que constan una serie de elementos indiciarios que dan cuenta que la dirección estaba al tanto del hecho.
Darío Céspedes, el docente de 38 años, fue detenido el viernes 28 de febrero e imputado dos días después por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal calificado (por ser encargado de la educación), en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores agravada (por la edad de la víctima y por ser encargado de la educación)”.
El martes pasado el juez Carraro dictó la prisión preventiva sin plazo para el maestro de música. En su resolución, destacó que “se descreyó de la versión de la madre sin ningún estudio previo”, “cuando en apariencia lo que existe es todo lo contrario”.
El hecho se retrotrae al 2018 cuando “la madre del chico contó que en el interior de un baño del jardín venían produciéndose circunstancias con quien describe como maestro de música”. Según contó en audiencia, la mujer “buscó en el ámbito escolar la ayuda y no fue directamente a la justicia”. “Pero la persistencia del relato, junto a otro tipo de elementos” la llevaron a formular la denuncia penal dado que “no encontró las respuestas suficientes en el ámbito escolar”.
Para despejar las sospechas, la mujer llevó al niño al pediatra, quien el 7 de agosto de 2019 realizó un examen en el que se detectaron lesiones que son compatibles con la versión del pequeño. A ese primer informe médico se agrega otro de noviembre de 2019, donde se detecta una irritación en la zona genital; situación que era acompañado por “sentimientos de angustia y episodios de llanto” del chico.