Inversora de Rosario reclama la devolución de 75 mil dólares a empresa de premoldeadas
“Mi objetivo es que no caiga más nadie”, asegura la empresaria rosarina que compró seis casas y debió recurrir a la justicia Penal por el incumplimiento en la entrega.
El negocio se hizo en abril de 2022 con la entrega de un departamento y dinero por el total de la obra. Crédito: Captura IG
Una empresaria rosarina, dedicada al rubro inversión y corretaje inmobiliaria, denunció ante la Justicia Penal a los dueños de una empresa de viviendas premoldeadas de la ciudad de Casilda, a quienes les reclama la instalación de seis casas para un emprendimiento en ladrillos en un loteo de Pueblo Esther.
La causa está en la fiscalía de Investigación y Juicio del MPA de Rosario, de Guillermo Apanowicz, quien tres semanas atrás imputó a uno de los titulares de Emprender Viviendas Modulares por el delito de “estafa”.
“Soy inversora y corredora inmobiliaria. Terminé en Casilda porque vino referido por una persona a la que sí le habían entregado la casa. Averigüé por varios lugares y esta empresa cuadraba”, comenzó su relato Guillermina Forchino.
“Cuando termino de hacer las seis plateas -en noviembre de 2022- ellos tenían 90 días para entregar” las casas, narró Guillermina Forchino. Crédito: Gentileza
Casi 20 meses después, a la empresaria rosarina le preocupa que “siguen vendiendo casas” que posiblemente no vayan a entregar. Por eso ahora “mi objetivo es que no caiga más nadie, sobre todo que no estafen a gente que aspira a tener su vivienda única”.
Seis casas
Conocedora del negocio inmobiliario, “averigüé con mis abogados si eran solventes, si tenían cheques rechazados o si tenían embargos”, siguió. “Era una empresa joven, relativamente nueva, pero tenía casas entregadas y no tenían comentarios negativos en redes sociales”, refirió Forchino, que terminó comprando seis casas para un emprendimiento inmobiliario en un barrio abierto, llamado loteo Palo Alto de Pueblo Esther, a 24 kilómetros de Rosario.
“Son casas prefabricadas de dos dormitorios y un baño, revestidas en ladrillo, con buenas terminaciones, por lo que le hice una mejora al precio para que tuviera mejor herrería, por ejemplo”, narró la damnificada.
El negocio se hizo cuando “yo les entregué un departamento y dinero” es decir que “pagué el total porque era parte del convenio”. “Ellos me las tenían que entregar después de que yo hiciera las plateas”, que es la base de hormigón sobre la que se asienta la casa.
Plateas terminadas
“Cuando termino de hacer las seis plateas -en noviembre de 2022- ellos tenían 90 días para entregarlas”, sigue Guillermina. “Les voy mandando fotos” de los avances y “para el 1° de diciembre tenía todo terminado” por lo que “empecé a pedir fecha de entrega porque necesitaba combinar con mis albañiles para las terminaciones”.
Allí “empezaron con las excusas”, recuerda la denunciante que hoy les reclama la devolución de 75.000 dólares por el total de la inversión, sin contar daños y perjuicios, lucro cesante y demás gastos que le ocasionó la empresa contratista.
Asimismo logró que “en abril pusieran una casa, que dejaron por la mitad, porque faltan ventanas, puertas, ni está revestida” y cuando llamaba para hablar con los socios “se pasaban la pelota de unos a otros”.
“Son casas prefabricadas de dos dormitorios y un baño, revestidas en ladrillo, con buenas terminaciones”, explicó la entrevistada. Crédito: Captura IG
Entonces “fui armando el speach para seguir insistiendo con ellos, pero se siguieron haciendo los tontos, hasta que me dejaron de contestar”, tal y como sucede con un grupo de inversores de la zona de San Justo.
Vender mejoras
“Me hicieron ir a Casilda tres veces” incluso llevó a su padre, que es arquitecto, y a dos albañiles de su confianza para que vieran el producto; y en vez de ofrecerle soluciones a lo contratado “me seguían queriendo vender mejoras”, hasta que “después me bloquearon y nunca más me contestaron” y “nunca me dieron la llave de esa casa que está cerrada” en Pueblo Esther.
“Esa es la realidad, mi historia”, sintetiza Guillermina, que lamenta haber tenido que llegar a la instancia penal. “Hicimos una denuncia penal porque entendíamos que iba más allá de un incumplimiento contractual”, destaca y aclara que previo a eso enviaron cartas documento “pidiendo que cumplan el contrato firmado”.
En ese lapso “empezaron a aparecer comentarios negativos en Google” porque los de la red Instagram “los borran”.
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