Investigan un fraude al Estado en la compra de un camión Unimog

Gustavo Capeletti [email protected] Agencia Reconquista El subsecretario de Agricultura Familiar de la provincia y director del Centro Operativo Experimental Las Gamas Integrada, Pablo Zancada, y el interventor de la cooperadora del organismo, contador Roberto Fumo, son investigados por la Justicia por los presuntos delitos de defraudación al Estado provincial, peculado y malversación de caudales públicos. El fiscal Aldo Gerosa, del MPA Reconquista, los acusa de haber adquirido el móvil por un precio mucho mayor al de mercado, con un subsidio triangulado con integrantes de la comunidad aborigen de Los Laureles y con una factura trucha.El subsidio en cuestión otorgado por el gobierno provincial a la comunidad Colashi, por gestión de Zancada, fue de 478.000 pesos. Pero el Unimog no pudo superar, según la estimación del fiscal del caso, los 100.000 pesos. Por la pesquisa, fueron allanados la sede de Las Gamas, la Comuna de Golondrina, y un estudio dominial de Avellaneda, en busca de más pruebas de las tantas que obran en la causa. La propuesta En la causa, a la que tuvo acceso El Litoral, consta que el 21 marzo 2016 y ante la Subcomisaría Segunda de la localidad de Los Laureles (Gral. Obligado), Orlando y Calixto Paniagua -pertenecientes a la comunidad aborigen de Los Laureles de la etnia mocoví- expusieron que aproximadamente en mayo del año 2015, en ocasión de viajar junto a Pablo Zancada, el referido dirigente (al que conocían por su participación en la Diócesis de Reconquista en tarea de pastoral aborigen y social) les habló del tema. Esto es, de la “conveniencia o necesidad de que, usando la personería jurídica de derecho público de la asociación aborigen que estas dos personas dirigían en Los Laureles, se obtuviera del Estado provincial algún tipo de subsidio o ayuda económica para destinar a unas familias” que habitan en el distrito de Fortín Olmos. Escasa instrucción Según colige el fiscal, la “escasa instrucción de los damnificados, la relación de confianza con la otra persona, el fin altruista de la propuesta, la insistencia en la facilidad de obtener el dinero y la inexistencia de obstáculos legales o riesgo de ningún tipo terminaron convenciendo a los desprevenidos representantes mocovíes”, que conocían la pobreza y necesidades de la zona de la Cuña Boscosa a la que hacía referencia Zancada. Por ende, apunta Gerosa, los miembros de la Comunidad Mocoví Cacique Colashi creyeron “estar realizando una obra de bien común”. A través de diligencias investigativas, se logró determinar que efectivamente el trámite de subsidio existió, que el monto del mismo fue depositado en la cuenta bancaria tipo caja de ahorro para particulares en pesos existente en el Nuevo Banco de Santa Fe SA Sucursal Romang, cuyo titular era Calixto Paniagua. Aquí se da la primera anomalía grave, puntualizó Gerosa, dado que la cuenta era personal y no de la asociación, lo que induce la sospecha del fiscal dado que el Estado provincial depositó un importante subsidio en una cuenta de particular y no de la institución beneficiaria. La acreditación se realizó el día 2 de junio de 2015 mediante transferencia bancaria por valor de $ 478.000. Un hombre de traje El 4 de junio de 2015 se produjo una extracción por caja de dinero en efectivo por el valor de $ 428.000,00. Esa extracción fue firmada por Calixto Paniagua que “estaba acompañado de una persona de saco y corbata no conocida en la zona que fue quien tomó y se llevó el efectivo de la sucursal bancaria”, según averiguaciones de los investigadores. Los $ 50.000 restantes quedaron para pagar la boleta de la luz de la comunidad, que se supo nunca fue abonada. Los mismos investigadores establecieron luego “con razonable y fundada sospecha que se trataría de Roberto Fumo”. También comprobaron que el subsidio a la comunidad mocoví fue otorgado por el decreto provincial Nº 1.360/15 con intervención del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado de la provincia. Y que para justificar la inversión del subsidio se presentó una factura “B” de fecha 15 de octubre de 2015, supuestamente emitida por un tal Fernando H. M., de Río Cuarto, provincia de Córdoba, por la compra de un camión Unimog patente RAP 610, puesto en destino: Los Laureles.Santa Fe”. Factura trucha Un informe obtenido del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor reveló que “no era cierto que el tal Fernando H.M. fuera propietario del rodado el 15 de octubre del año 2015, porque el 9 de ese mes y año se registró la transferencia del rodado a favor de la comunidad mocoví y aparece como vendedor Antonio Faustino G., de Reconquista. El valor de la venta: $ 10.000”, sostuvo el fiscal. A su vez, éste último lo había adquirido el 3 de junio de 2015 en Córdoba, en la suma de $ 25.000. Por último, el vendedor cordobés habría comprado el camión el 28 de marzo de 2014 a la empresa MyP Fundaciones Especiales. “Es decir que el comprobante para justificar la inversión del dinero frente al Estado provincial es absolutamente apócrifo”, denunció Gerosa. Para probar aún más su acusación, el fiscal puso de manifiesto que en abril de este año, el Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado intimó a la comunidad aborigen en razón del subsidio otorgado, porque la factura acompañada “no cumple los requisitos fiscales exigidos por la Afip”. El funcionario del MPA acusó fuertemente a Zancada que “como dirigente político del gobierno provincial habría obtenido el dinero en mucha más cantidad que el verdadero costo del camión, en plena época de campaña electoral”. Así, consiguió por intermedio de un “conocido vendedor de autopartes y de vehículos usados de Reconquista un camión como el descripto, aparentemente con dinero del Estado provincial y en la estancia que administra o dirige lo hizo refaccionar (siendo un bien privado o particular no afectado a ningún servicio público por norma jurídica pertinente) y, puesto en condiciones para prestar servicios sanitarios, realiza la afectación del mismo a la base del servicio 107 ubicada en Intiyaco”.

Muy caro. El fiscal Gerosa dio por probado que “el valor por el que se debió adquirir el camión no pudo exceder, en principio y según estimaciones a confirmar, la suma de $ 100.000 ó 120.000 en junio del año pasado, que las reparaciones efectuaron con dineros públicos y que sin norma legal alguna se transfirió un bien particular para afectarlo al servicio público, dejándole la deuda por patente y la irregularidad de la rendición de cuentas a la comunidad origen de Los Laureles”.