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La Justicia Federal ordenó esta semana una serie de medidas tendientes a perseguir a un conocido personaje de la zona oeste, cuya prosperidad económica no tiene como correlato ninguna actividad lícita demostrable.
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El juez Federal Nº 1, Reinaldo Rodríguez, citó para tomarles declaración indagatoria a dos hermanos del barrio Barranquitas, acusados por el delito de lavado de activos de origen ilícito, provenientes del narcotráfico. La medida prevista para el próximo 28 de diciembre, es el resultado de una investigación encabezada por el Fiscal Federal Nº 1, Jorge Gustavo Onel, quien solicitó días pasados el secuestro de vehículos y el embargo de bienes a nombre de los implicados.
En total, se solicitó el secuestro de tres vehículos -una moto, un cuatriciclo y un auto-, de los cuales solamente este último fue incautado por personal de Gendarmería Nacional, este martes. Durante el allanamiento, se constató que el cuatriciclo buscado no coincidía con la patente del que efectivamente estaba en el domicilio; en tanto que la moto había sido vendida a un tercero, ajeno a la investigación. En cambio, sí fue hallado un Volkswagen Vento considerado como de “alta gama” y cuyo valor ronda los $ 400.000, que estaba a nombre de Diego Martín Mustafá, un ex convicto cuya única actividad lícita declarada en sede judicial era la de “changarín”.
Con antecedentes
El hombre, que también estaba siendo investigado como uno de los engranajes más importantes de una red narcocriminal de la zona oeste, con lazos con otra banda caída en desgracia este año -el clan Maldonado-, cuenta con dos antecedentes penales por los cuales purgó una condena a 8 años de prisión que venció en 2012. Fuentes judiciales confirmaron que Mustafá fue condenado en 2007 por el delito de “homicidio” en el ámbito de la Justicia Provincial; y por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” en la órbita de la Justicia Federal.
La pesquisa que tiene a Mustafá como principal sospechoso se inició en 2016 por presunta infracción a la ley de estupefacientes. Pero mientras esto ocurría, la fiscalía que ahora está a cargo del Dr. Onel -el fiscal asumió en agosto de 2017-, advirtió junto con la Brigada de Investigaciones del Ministerio de Seguridad de la provincia, la existencia de una serie de bienes muebles e inmuebles que les permitieron abordar la matriz económica de la presunta organización delictiva.
Casas y lotes
A raíz de ello, una amplia investigación patrimonial pudo establecer “la existencia de una considerable cantidad de bienes inmuebles a nombre de los imputados, además de cuantiosas acreditaciones en cuentas corrientes, así como también la inexistencia de actividades lícitas que pudieran justificar de manera legítima su pertenencia”, indicaron desde el Ministerio Público Fiscal.
Entre las medidas más sobresalientes se ordenó el embargo de siete inmuebles (tres casas en Santa Fe y cuatro lotes en Arroyo Leyes), que se encuentran a nombre de su hermana Carina Verónica Mustafá, quien también será indagada a fin de mes. Las viviendas están ubicadas en calle La Paz al 4700, Cochabamba al 4600 -Barranquitas- y Primera Junta al 3800 -barrio Roma-; en tanto los lotes fueron adquiridos en 2015 y tienen entre 500 y 700 metros cuadrados.
Testaferro
Para los investigadores, la mujer habría actuado como “testaferro” de su hermano, dado que sólo cuenta con un comercio de pequeña envergadura (venta de ropa) como única actividad declarada, por lo que la Justicia entiende “no es compatible con la cantidad de inmuebles que posee”.
A diferencia de otras investigaciones de la misma índole, la fiscalía destacó que las medidas para cautelar los bienes fueron dispuestas con carácter previo a las declaraciones indagatorias de los imputados; así como a la imputación de otros delitos más graves que merecieran su encarcelamiento, si los hubiere.
En tanto, la Justicia ordenó la prohibición de salidas del país para ambos; y la inhibición general de bienes Diego Mustafá ya que no registra actividad económica alguna y en la causa en la que fue condenado se presentó como “changarín”.