La Justicia pone la lupa por lavado de activos de Delfín Zacarías

Germán de los Santos

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A la par de la causa por narcotráfico contra Delfín Zacarías, que empezará a ser juzgado en Rosario en los próximos días, la Justicia Federal inició hace más de dos años una investigación por lavado de dinero. En ese expediente, el juez federal Carlos Vera Barros, a cargo de la pesquisa, le tomará el lunes declaración testimonial a Eduardo Ros, actual funcionario del Ministerio de Salud de Santa Fe y candidato a concejal en San Lorenzo por el Frente Progresista Cívico y Social.

Según fuentes judiciales consultadas por El Litoral, en la causa hay un informe elaborado por la Unidad de Información Financiera (UIF) que aporta datos determinantes sobre la supuesta complicidad de funcionarios del municipio de Santa Lorenzo y el Concejo Deliberante de esa localidad para que Zacarías blanqueara el dinero sucio proveniente del narcotráfico.

Luego de que el juez Vera Barros retomara el control de la causa, que estaba en la fiscalía, se decidió en el Juzgado Federal N° 3 que se cite a declaración testimonial a Ros, que era el presidente del Concejo Deliberante de San Lorenzo, cuando se presentó la familia Zacarías para pedir una excepción de uso de suelo para construir en una zona semirural un megagimnasio.

En ese complejo se sospecha que Zacarías iba a instalar un laboratorio de cocaína, como ya tenía en Funes, donde fue detenido por la Policía Federal en setiembre de 2013 con 300 kilos de pasta base y cocaína y unos 400 litros de precursores químicos.

Votación

Un mes después fue procesado por el juez Vera Barros como organizador y financiador de una banda dedicada a fabricar y comercializar estupefacientes. Esa misma medida alcanzó a otras 12 personas entre familiares y allegados a Zacarías, quien tenía negocios y propiedades en el Gran Rosario.

Antes de que fuera atrapado con la droga, Zacarías empezó a construir un megagimnasio en Congreso y Vélez Sarsfield en San Lorenzo. Esa edificación no contaba con habilitación porque excedía la reglamentación del uso del suelo de esa zona. A mediados de 2010, ingresó al Concejo Deliberante un pedido de excepción de la ordenanza para construir el edificio.

El pedido implicaba un incremento en el factor de ocupación del 138 por ciento; es decir, de 2.500 metros cuadrados cubiertos permitidos a 6 mil y no resultaba razonable para algunos concejales, pero cuatro ediles oficialistas votaron a favor de otorgarla, contra tres que se opusieron y una ausente.

Cotejar información

Tras la detención de Zacarías, el inversor que se presentaba en San Lorenzo prometiendo desarrollos inmobiliarios y luego donó la iluminación de una plaza, el propio presidente del Concejo Ros se reunió con el entonces ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, para explicar que él había denunciado a Zacarías luego de que un semanario publicara unas declaraciones de Marcelo Remondino, dirigente social de San Lorenzo.

El gobierno provincial había realizado una investigación, a cargo de una secretaría a cargo de Margarita Zabalza, sobre el crecimiento patrimonial y las propiedades que tenía Zacarías en la zona de San Lorenzo, Granadero Baigorria y Rosario.
Tras el informe que elaboró en la causa de lavado de dinero la UIF, la Justicia federal llamó a declarar a Ros y a Alves. Quieren cotejar información clave que hay en el expediente sobre la posible complicidad y colaboración desde el municipio de San Lorenzo en las actividades de blanqueo e inversiones de Zacarías en la zona.

Bienes

En su momento, según publicó el diario El Litoral, la mirada de la justicia se había posado en las propiedades y vehículos que había adquirido Zacarías: 36 inmuebles entre el 29 de diciembre de 2008 y el 23 de ese mes de 2009, y 24 autos y camionetas, entre ellos cuatro de alta gama. Flavia Zacarías puso a su nombre ocho propiedades, que compró entre mayo y julio de 2009; después sumó otros cuatro inmuebles, cinco autos y un camión.

Después se sumaron otras propiedades y bienes que la justicia fue detectando, entre ellos, varios terrenos en el emprendimiento inmobiliario Tierra de Sueños, ubicado en la localidad de Roldán.

Según fuentes judiciales consultadas por este diario, la ronda de declaraciones comenzará con Ros y Alves pero es posible que se cite a otros funcionarios provinciales y municipales por la causa de supuesto lavado de activos proveniente del narcotráfico.