El único juez de Familia del sur santafesino, Claudio Heredia, aseguró que en la última década crecieron exponencialmente los episodios de violencia familiar. Los casos se abordan con perspectiva de género, dando prioridad a la situación vulnerable de mujeres y niños. Luego es Fiscalía quien establece responsabilidades penales.
Un Juzgado de Familia siempre refleja realidades sociales, en función de las causas que ingresan, y esto sucede también en Venado Tuerto, desde su creación hace una década. Desde fines de 2021, Claudio Heredia es el responsable del Juzgado de Familia de la 3° Circunscripción Judicial, en el rol de subrogante. Y el Derecho de Familia no es una especialidad nueva para él, pues además de haberla desarrollado en el ejercicio libre de la abogacía, actuó cinco años como director del Instituto de Familia del Colegio de Abogados regional. Allí, desde el otro lado del mostrador, descubría día tras día qué hacía falta cambiar para brindar un mejor servicio de justicia en esa rama caracterizada por el volumen y la emotividad de las problemáticas.
Previo a su ingreso, el juzgado del primer piso de los Tribunales de San Martín al 600 había estado un año sin un magistrado propio (desde la jubilación de su titular Nancy Grasso), y si bien cubrieron ese espacio, alternativamente, los jueces en lo Civil y Comercial, María Celeste Rosso y Gabriel Carlini, ellos mantenían sus actividades y era imposible abordar con premura la demanda cotidiana del único juzgado de temáticas familiares del sur sur provincial.
Hoy, con los expedientes casi al día, Claudio Heredia dedica 10 horas diarias a la función, en su despacho o en la zona, y una decena de audiencias cada día. Aun así, dijo que es indispensable la apertura del nuevo Juzgado de Familia que ya está aprobado para Venado Tuerto, pero aún sin asignación de partida presupuestaria.
Sobre la actualidad de la repartición, sostuvo que “de acuerdo a las reformas introducidas en el Derecho de Familia, se busca que el juez sea proactivo, y en lugar de apagar incendios, busque evitarlos. A mí me gusta escuchar a la gente en las cuestiones de familia, tomando audiencias en el lugar; la clave es saber escuchar y brindar seguridad jurídica a través de la imparcialidad”. Y acotó que con su equipo intervienen en todos los conflictos de índole familiar, como divorcios, cuota alimentaria, responsabilidad parental, protección integral de la niñez en situación de vulnerabilidad y salud mental.
En 2010, tras la jubilación de Marcos Ferrarotti, Heredia ocupó por casi dos años el Juzgado Civil y Comercial de la 2° Nominación, que en esa época tenía a su cargo los asuntos de familia, ya que el Juzgado de Familia se creó en 2012. Y recuerda que mientras cumplió esa función, hace más una década, “observaba un crecimiento exponencial de los casos de violencia familiar, y luego, otra vez en el ejercicio de la profesión, como abogado, también veía ese desmadre. Hoy, en el Juzgado de Familia, recibimos 10 o 12 denuncias por día de violencia familiar, con algunos picos de 33 en un fin de semana largo”, graficó, y ratificó que la explosión se dio a partir de la pandemia.
“Estos casos de violencia familiar exigen la adopción de medidas urgentes y por lo general actúa en primer lugar el fiscal del Ministerio Público de la Acusación; en el Juzgado de Familia recibimos las denuncias en la mañana y en un par de horas están todas las notificaciones realizadas. Y si la Fiscalía decidió una exclusión de hogar, nosotros verificamos que se lleve a cabo, siempre a partir de la atenta escucha a las personas involucradas, en el marco de una audiencia para interiorizarnos de la problemática”, ilustró Heredia.
“Por lo común, la mujer que presenta una denuncia ya atravesó una serie de circunstancias, como bien lo resume una campaña de concientización contra la violencia de género cuyo eslogan era: ‘El golpe es el último acto de violencia’. Entonces, ante la denuncia, el Estado no debe responder con indiferencia ni liviandad, sino a través de medidas urgentes y eficaces, por ejemplo, exclusión del hogar de la persona denunciada. Hay veces en que no basta con esa medida -agregó-, sino que se contemplan rondas de custodia policial o botón de pánico. Claro que también se constata si hay golpes y lesiones, pero ésa es tarea de los fiscales que investigan penalmente; mi responsabilidad es la protección de esa mujer y esos niños en situación de vulnerabilidad, es decir que la prioridad es la medida preventiva, y luego, en conjunto con el MPA, se dilucida si realmente hubo golpes o lesiones”.
En igual sentido, precisó que la aplicación de la Ley Integral de Protección a la Mujer invita a evaluar las situaciones “con perspectiva de género” y añadió que no todos los episodios violentos se vinculan con la agresión física, sino que también los hay en los planos psicológico, económico, emocional y sexual.
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Más adelante, admitió el juez que si bien la ejecución de las medidas son responsabilidad judicial, muchas veces necesitan de la intervención de otros poderes, como el policial, en el caso de una ronda de custodia, que depende del Ministerio de Seguridad provincial, o de la Municipalidad, cuando se aplican sanciones conminatorias ante un incumplimiento de cuota alimentaria, por ejemplo, que puede contemplar dar de baja una licencia de conducir.
“Yo soy partidario de imponer sanciones severas a quienes incumplen una cuota alimentaria o un régimen de comunicación, porque se trata de derechos humanos reconocidos en convenciones internacionales y donde están los niños de por medio. Pueden ser sanciones pecuniarias, a través de multas por incumplimiento o multa diaria (por cada día de atraso), o bien conminatorias, que pueden ir desde el retiro de una licencia de conducir hasta la aplicación de un trabajo comunitario”, sostuvo el juez Heredia.
“Siempre digo que el juez de Familia debe hacer docencia y acompañar de cerca la problemática. Sería más sencillo dictar una resolución sin verle las caras a los involucrados, pero no concibo la Justicia con esa frialdad, y menos aún en el área de Familia, porque no estamos litigando el cobro de un cheque o de un pagaré, sino que estamos hablando de emociones”, redondeó.
Si bien a principio de año el Juzgado de Familia y el Ministerio Público de Articulación diseñaron estrategias a los efectos de brindar un servicio de justicia ágil y eficiente, Claudio Heredia admitió que “hay infraestructuras que no dan abasto”, dimensionó que en estos momentos “hay 10 mil expedientes activos en el Juzgado de Familia” y recordó que el organismo a su cargo es el único en la 3° Circunscripción con especificidad en la materia, en tanto que los juzgados de Firmat, Melincué y Rufino, si bien atienden cuestiones de familia, son de fueron pleno, con mayor incumbencia en temas civiles y laborales.
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