Miércoles 20.1.2021
/Última actualización 18:34
"Se sufre cuando uno sale a la puerta", lamenta Rodolfo Jozami, un expolicía de 53 años que desde octubre pasado enfrenta una causa judicial por abuso de arma, cuando en un principio fue él quien pidió ayuda a las autoridades advirtiendo de la presencia de un perro peligroso en las calles de su barrio, pero no le hicieron caso.
Vive con su familia hace dos décadas en el barrio Sargento Cabral, en calle Pedro Díaz Colodrero al 2200, dos cuadras al sur del Parque Federal, una zona que ha ido cobrando valor con la apertura de calles y las construcciones en altura.
Sin embargo, lejos de poder disfrutar de las ventajas que ofrece la cercanía de uno de los espacios verdes más grande de la ciudad, Jozami debe ser cauto a la hora de pisar la vereda. Es que en la casa de al lado, habita una familia que tiene tres perros, uno de ellos de la raza pitbull, el cual "no cuenta con las medidas de seguridad y custodia adecuadas", asegura.
"Yo vivo adentro de mi casa, pero desde que trajeron este perro no puedo salir a la vereda", cuestiona el entrevistado. Todo comenzó "el año pasado" cuando el perro que "era un cachorro, de golpe se hizo grande".
Lo que se presenta como un simple conflicto de convivencia, devino en un problema legal en contra de Jozami, que cansado de pedirle al dueño del animal que lo mantenga encerrado, recurrir a la policía y la justicia, y hacer el reclamo ante la Municipalidad, acabó por defenderse por cuenta propia.
"Hice un disparo", reconoció el hombre, que a pesar de estar jubilado como subcomisario, tras 30 años de servicio, asegura que todavía cuenta con las credenciales para la tenencia y portación del arma. Ocurrió el 15 de octubre de 2020, en el momento en que Jozami salió a la puerta para sacar los residuos.
El video de la cámara de seguridad de su casa, que él mismo ofreció a la justicia, es elocuente en cuanto a lo ocurrido. "El animal huye y ahí concluye mi acción", afirma el vecino.
También hace un relato detallado del suceso: "Voy a sacar la basura y el animal se me para adelante. Cuando se me planta empuño el arma, le grito al dueño 'llamá a tu perro' y cuando se me abalanza tiro un tiro a la tierra, en el cantero. Ni siquiera tiré el balde, para no provocar al perro", asegura.
Como corolario, "el dueño del perro me vino a increpar si yo lo quería matar. Le dije que no sea ridículo, y me volví a meter en mi casa", cierra.
No obstante, "a partir de toda esa situación, me voy a la comisaría y cuando estoy haciendo la denuncia de lo que sucedió viene una suboficial comisionada por el 911 por una denuncia por disparos y me informa que no me iban a tomar declaración porque yo soy un imputado".
"Entonces paso a estar imputado, en investigación por tenencia indebida y abuso de arma de fuego, lo cual es irracional porque tengo portación autorizada, extendida por el Anmat por la pandemia", explica. Así mismo "estuve cuatro horas demorado como un criminal, cuando lo único que hice fue defenderme", precisó.
La primera vez que Jozami recurrió a la justicia fue el 29 de agosto del año pasado, presentando un primer video en el que se advierte la ferocidad de los animales -especialmente del pitbull- que se los ve deambulando libremente por el medio de la calle.
Ese día, "abro la puerta de mi casa y no puedo salir porque el perro se me viene al humo. Empecé a los gritos para que lo encerrara e hice la denuncia en la Comisaría 5ta.", recuerda el hombre. En esa oportunidad "vinieron y notificaron al dueño, pero a los dos o tres días ocurre lo del segundo video, donde el perro intenta atacar a mi hijo, que venía caminando con una bolsa con una pelota". Entonces "vuelvo a la comisaría y me piden que espere a que me cite la fiscal del caso".
Disconforme por la respuesta de sus pares, regresó a su casa aguardando la llamada judicial, pero "de fiscalía no me llamaron nunca". Mientras tanto, "todo este tiempo transcurrió con el perro afuera. Tenía que salir con un palo y a los gritos para que meta el perro adentro y me contestaba: '¡Dejame de joder, que te hace el perro!'".
Dispuesto a agotar instancias, el 31 de agosto hace la denuncia ante la municipalidad y aporta el número de reclamo que a pesar de la reiteración el 16 de octubre, cayó en saco roto.
En definitiva, desde aquella primera denuncia y luego el inicio de una causa penal en su contra, la investigación pasó por las manos de tres fiscales, le secuestraron el arma y le fijaron medidas de distancia para con su vecino, que sólo los separa un muro, que deberán cumplirse mientras dure la investigación.
"Ni el MPA, ni los organismos municipales, le brindaron la protección solicitada, dejándolo absolutamente desamparado y a la suerte de lo que pudiera suceder", dijeron sus defensores Raúl Sartori y Hugo Benuzzi, en uno de los escritos presentados en fiscalía.
Según la documental aportada, se hicieron reiteradas notas para solicitar la devolución del arma, el levantamiento de las medidas de distancia e incluso el archivo de las actuaciones. Las notas con distintos destinatarios se repiten el 19 de octubre, el 18 y 26 de noviembre y la última el 18 de diciembre, atento a que "a tres meses de ordenada la medida la investigación todavía no se ha iniciado el trámite".