La decisión del dueño de un laboratorio de la ciudad santafesina de Rosario de ofrecer 500.000 pesos para asesinar a un competidor comercial puso al descubierto, en mayo de este año, la existencia de "una empresa de sicarios" gerenciada desde una cárcel por un preso que organizaba crímenes por encargo.
La investigación expuso que el empleo de la violencia extrema no es privativo de las disputas entre organizaciones narcocriminales, sino que llega a ofrecerse a terceros con capacidad económica y carencia de escrúpulos.
La pesquisa de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, realizada en mayo pasado, detectó que un empresario de suplementos nutricionales, por medio de otra persona, contactó a un preso alojado en la Unidad Penitenciaria 3 de Rosario, llamado Fabio Giménez, para "contratar" el asesinato de un exempleado que se había convertido en competidor, a cambio de 500.000 pesos.
El crimen no se concretó -aunque la víctima fue atacada de tres balazos- porque las comunicaciones del preso Giménez eran escuchadas por la Justicia Federal en una causa por drogas y permitieron descubrir -y evitar- el plan criminal.
De todos modos, puso al descubierto la presunta participación del preso en el asesinato de la mano derecha de un narco ocurrido en abril.
Los fiscales acusaron a Giménez de contactar a sicarios para matar al exempleado del empresario Lucas Farruggia, quien quedó imputado por tentativa de homicidio.
También descubrieron durante la pesquisa que el preso había cobrado 370.000 pesos para ordenar el crimen de Nicolás "Fino" Ocampo, ocurrido en abril, aunque de las escuchas se desprende que pagó 270.000 pesos, una moto y una pistola a los ejecutores.
Ocampo era la mano derecha del jefe narco rosarino Esteban Lindor Alvarado, que aguarda un juicio por homicidio y asociación ilícita, y había sido condenado como parte de esa banda.
Las escuchas del caso también dieron cuenta de un "trabajo" solicitado a Giménez para tirotear a una persona, para lo cual le ofrecieron al principio "100 gramos de flores (de marihuana)" en forma de pago.
El preso se contactó con el presunto "tira-tiros" y le comunicó a la persona que encargaba el hecho: "40.000 dijo mi amigo, tres tiros en la pierna".
Para el fiscal Edery, en la investigación quedó al descubierto "una empresa de sicarios que se contrata -quien tiene la plata para hacerlo- para que maten gente", mientras que el juez del caso, Ramón Lanzón, sostuvo que "los audios y las transcripciones parecen guionadas de una película".