Pablo Rodríguez | [email protected]
El abogado Antonio Di Benedetto, sindicado por el fiscal como líder de la banda, aseguró que se trataba de un “circo mediático” y que tenía de fondo “cuestiones políticas”.
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Este jueves se realizó la audiencia imputativa a los 14 presuntos integrantes de la banda que “amasó” en los últimos tiempos, mediante estafas reiteradas, un botín de 32 propiedades valuadas en .000 millones. El presunto jefe de la organización criminal, el abogado Antonio Di Benedetto, negó los hechos mientras que pidió el apartamiento de la causa del fiscal Matías Merlo.
Di Benedetto, que de ser encontrado culpable podría llegar a cumplir una pena de entre 5 y 10 años de prisión, se designó codefensor y escuchó en presencia del juez Benjamín Révori y su defensor, Joaquín Fraga, la imputación de 27 cargos, durante poco más de dos horas. Previamente, otro de los acusados, Alberto Long, tuvo que ser asistido por personal médico por una descompensación y demoró unas horas más su declaración.
“Yo actuaba como abogado patrocinante. Nunca tuve poder. No tengo una oficina de investigación que me permita saber si los domicilios de mis clientes corresponden o no a los demandados. Soy sólo un gestor letrado entre las partes”, aseguró en primer lugar el principal acusado.
Luego, dijo que en 35 años de profesión nunca tuvo apercibimientos por parte del Colegio de Abogados ni antecedentes penales: “Me encuentro abrumado. Me parece un despropósito y una barbaridad jurídica lo que está ocurriendo”, aseguró, para posteriormente arremeter contra funcionarios del gobierno provincial.
Es que para el letrado, “la política normalmente es sucia”, y cuando “enloda a la justicia”, se generan los “problemas”. “Aquí, la política utilizó al Ministerio Público de la Acusación para lograr que en los medios nacionales, antes de la imputación, se hable de una suma de pesos, nombres y apellidos que ni siquiera fueron imputados. Trae lo que ellos quieren, que es un daño personal, familiar, de amigos y a la profesión”, remarcó.
Y agregó: “El señor (Matías) Figueroa, trata de cubrir la corrupción que existe en el Registro Público de Inmuebles a través de profesionales o de aprietes políticos en el Ministerio Público de la Acusación (sic). Cada vez que viene a Venado (Tuerto), sale en todos los medios con el fiscal dando notas, antes de que nosotros seamos imputados. Es una verdadera vergüenza”.
Finalmente, apeló a la “calidad intelectual de los jueces” para que se “abstraigan” de la presión mediática y política: “Este circo me parece un exabrupto y un verdadero escándalo jurídico. Tenemos que terminar con este tipo de atropellos de fiscales que lo único que hacen es escuchar teléfonos”.
Prisiones preventivas “masivas”
El fiscal Matías Merlo, dio a entender que pedirá prisión preventiva para “varios” de los implicados. Destacó que es una causa que tiene su complejidad y que vienen trabajando en ella con un tiempo prudencial. Asimismo, reconoció su objetivo de “lograr” una sentencia condenatoria, una vez que termine la investigación penal y llevar la causa a juicio para lograr las sentencias respectivas.
“En gran parte vamos a pedir prisión preventiva, debido a los elementos de peligrosidad procesal. Consideramos que se dan en la investigación penal, para pedir medidas cautelares. Y más en hechos de esta envergadura, donde trabaja toda la Fiscalía en su conjunto para llegar a buen puerto, con las directivas de la Fiscalía General en Santa Fe”.
En cuanto al planteo hecho por la defensa sobre la “inconstitucionalidad” del proceso, sostuvo: “Me parece que no es acorde, porque lo plantean sobre una ley derogada y después tratan de corregir. Somos objetivos en esta cuestión en base a los argumentos que tenemos. Uno actúa de forma objetiva. Tenemos pruebas y hechos que nos llevan a determinar las responsabilidades de las personas”.
Finalmente, en cuanto a las insinuaciones de Di Benedetto sobre que su caso es una “disputa política”, aclaró: “Es algo fuera de lugar. Uno actúa en base a la ley. Creo que hago lo correcto y cumplo mi deber de forma objetiva. Esa es una estrategia de la defensa para ver otras cuestiones. Acá lo importante son los hechos atribuidos y las diferentes evidencias para pedir las respectivas prisiones preventivas. Hay personas que están más involucradas que otras y eso se verá próximamente”.