El juez penal José Luis García Troiano prorrogó, por un año más, la prisión preventiva domiciliaria con salidas laborales para el empresario maderero, Alberto Héctor Dolinsky (70), quien se encuentra sospechado de haber abusado sexualmente de una niña de 12 años, en un hotel céntrico de Santa Fe a comienzos de 2014.
La audiencia fijada para el viernes 29 de noviembre tuvo dos etapas, la primera en el domicilio del imputado -cuya dirección se reserva-; y la segunda en el palacio de tribunales.
El juez García Troiano se trasladó a la vivienda para celebrar el acto previsto para las 11 de la mañana, en el que se informó al encausado del motivo de la citación, a lo que el propio Dolinsky expresó que no asistiría personalmente, sino a través de sus representantes, los abogados Raúl Berizo y Germán Corazza (ver aparte). También participaron del encuentro el representante de la querella, José Ignacio Mohamad y el fiscal Roberto Olcese, de la Unidad Gefas (de Violencia de Género, Familiar y Sexual) del MPA.
La segunda parte, que duró alrededor de dos horas, refirió estrictamente al pedido de prórroga de la cautelar, la cual fue extendida por un año bajo las mismas condiciones que se venía desarrollando desde el 6 de diciembre de 2017, y sus fundamentos fueron dados oralmente por el magistrado.
“La petición de prórroga fue a solicitud de la querella, a la que adhirió la fiscalía”, confirmó Mohamad. “Ambos pedimos prórroga de un año”, agregó. Además, explicó que el juez basó su resolución en “el peligro de fuga latente” con una “acusación formulada con pedido de pena de 15 años de prisión efectiva”; hizo un análisis de “la proporcionalidad del tiempo de encierro que lleva” basado en parámetros de la Convención Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y se expresó sobre “la situación del imputado -en domiciliaria y con salida laboral- que es mínima, en relación al delito” atribuido. También hizo un “análisis sobre las dilaciones de la causa -la audiencia preliminar se suspendió 5 veces-, que se las achacó fundamentalmente a la defensa” de Dolinsky.
El hecho se remonta al 2 de enero de 2014, en un hotel céntrico donde vivía el imputado y también se encontraban hospedadas, la víctima -por entonces de 12 años-, y la novia de su padre, una mujer de nacionalidad brasileña que es investigada por la justicia de su país.
Según el relato de la menor en Cámara Gesell, ese día la novia de su padre y el acusado, mantuvieron relaciones sexuales en el solarium del hotel y luego en la habitación, todo ante la presencia de la niña, que incluso habría sido obligada a beber whisky y atacada sexualmente.
El padre de la niña presentó una denuncia penal a fines de 2016 y un año más tarde la justicia local dictó la prisión preventiva domiciliaria para el empresario. Entre marzo y abril de 2018 fiscalía y querella presentaron sendas acusaciones, con un pedido de pena única de 15 años de prisión.
Desde entonces -más de un año y medio-, no se pudo llevar a cabo la audiencia preliminar -etapa previa al juicio-, la cual fue suspendida en seis oportunidades.
En una resolución fechada el jueves 28 de noviembre, el juez García Troiano corrigió una anterior, en la que ordenaba el apartamiento de los abogados Raúl Berizo y Germán Corazza, a cargo de la defensa de Alberto Dolinsky. Además, se refirió al devenir del proceso en cuanto a su propia recusación, también instado por la mencionada defensa técnica.
“Deberán seguir actuando”, escribió el magistrado, dejando a salvo que será hasta tanto se expida la Cámara de Apelaciones. “Si bien la fiscalía promueve el rechazo de la actuación de Berizo y Corazza, al no encontrarse firme su apartamiento por estar apelada la decisión jurisdiccional, los mismos deberán seguir actuando”, aclaró.
En cambio, “de ser ratificada tal decisión por la Cámara de Apelación, a partir de allí deberán ser sustituidos por la Defensa Pública o por otros abogados que oportunamente designe el Sr. Dolinsky”, dijo.
Entonces, “los abogados defensores del imputado deberán concurrir a la audiencia” del viernes 29 de noviembre a las 11 de la mañana en la casa del imputado “para continuar ejerciendo la defensa”, rezaba el mandato judicial.
El lunes 25 de noviembre se celebraron dos audiencias que tuvieron como eje el caso Dolinsky. En la primera tuvo tratamiento un pedido de declaración de invalidez de la captura internacional lanzada para la coimputada brasileña, el cual finalmente le fue concedido. Luego, iba a tratarse la prórroga de la prisión preventiva para Dolinsky, pero debió postergarse ante la ausencia de la defensa. Ello derivó en un pedido de la fiscalía y la querella -que fue acogido por el juez-, para que ambos profesionales fueran apartados y el imputado designe nuevos abogados o un defensor público. La resolución fue apelada y ello puso en en stand-by los apartamientos.
Por otro lado, García Troiano se manifestó en cuanto a su recusación, la cual fue rechazada, lo mismo que la apelación planteada posteriormente. Para el juez “el proceso continúa cuando la recusación es denegada pero se elevan las actuaciones al Colegio de Jueces de Cámara automáticamente (sin necesidad de interposición de recurso alguno)”.
Y sigue: “el efecto de una recusación rechazada no es el de suspender el curso del proceso durante la IPP” (...) sino que “para el caso que el órgano revisor decida hacer lugar al pedido de apartamiento, la parte podrá solicitar la invalidación de aquellos actos realizados con posterioridad a la recusación”.
Finalmente, el propio García Troiano revocó parcialmente su resolución del 26 de noviembre en cuanto a la designación de nuevos abogados por no estar firme el apartamiento de Berizo y Corazza. Y por otro lado, rechazó la revocatoria a la nueva fijación de audiencia para tratar la prórroga debiendo Berizo y Corazza concurrir a la audiencia, lo cual efectivamente hicieron ambos.