Este jueves la causa que investiga el fraude al Hospital Iturraspe de Santa Fe, entre 2020 y octubre de 2023, tuvo sus primeros dos condenados.
El principal implicado y su esposa firmaron juicios abreviados. La querella del Estado apoyó el acuerdo mientras que los abogados de cinco damnificados se opusieron.
Este jueves la causa que investiga el fraude al Hospital Iturraspe de Santa Fe, entre 2020 y octubre de 2023, tuvo sus primeros dos condenados.
Se trata de Jorge Alberto Carnaghi (51), quien se desempeñaba como encargado de liquidación de sueldos, y su esposa María Belén Milessi (43), también empleada del nosocomio.
La jueza Rosana Carrara los condenó como autor y partícipe secundaria del delito de “estafas”, tras haberse quedado con el dinero del “Fondo del 30%”. A Carnaghi impuso 3 años de prisión en suspenso y a Milessi 1 año, también de ejecución condicional. Además, los dos abonarán, en concepto de reparación económica, 41 y 1.2 millones respectivamente.
Los juicios abreviados fueron acordados entre el fiscal Federico Grimberg, de la Unidad de Delitos Complejos del MPA, y el abogado defensor Néstor Oroño -quien en la audiencia fue reemplazado por la Dra. Mariana Oroño-.
Los procedimientos contaron con el aval de la Fiscalía de Estado, que se presentó como querellante. Sin embargo, cinco empleados del nosocomio que constituyeron querella de forma particular -representados cuatro por los Dres. Claudio Torres Del Sel y Victoria Bertoldi y una por el abogado Esteban Campos- se opusieron a los abreviados.
“Estamos en total desacuerdo con los abreviados, y con la carátula, pensamos que se trata de una asociación ilícita”, señaló uno de los damnificados ante la magistrada. Otra, hizo hincapié en que “esta gente tiene que estar presa. Tienen una vida de privilegios mientras nosotros trabajamos día tras día para tener nuestras cosas”. Respecto a la reparación económica, dijo que “de la división que se va a hacer, son veinte mil pesos para cada uno. no es justo, ellos se están yendo a Europa”.
Tras la audiencia, el fiscal Grimberg informó que “dos de los imputados asumieron la culpabilidad por los hechos, la responsabilidad penal, la pena y modalidad de cumplimiento establecidas”.
Según “lo acordado con el Ministerio de Saludo cuando se le dio intervención mediante Fiscalía de Estado, el dinero va a estar destinado para que sea repartido entre los empleados y las personas que deberían haber recibido esa suma del llamado ‘Fondo del 30%’”
Hay otras 11 personas que fueron oportunamente imputadas. “En principio, y como están dadas las circunstancias con el estado procesal actual, está encaminado hacia una acusación donde eventualmente en un juicio oral y público se establecerá cual es la culpabilidad, o no, que le corresponde a cada uno de ellos”, explicó el fiscal.
En cuanto a la oposición de las querellas de Torres Del Sel, Bertoldi y Campos, el funcionario sostuvo que “representan a cinco víctimas de un total de mil trescientas personas” que trabajaban en el hospital a octubre de 2023, cuando comenzó la causa judicial, mientras que “el resto se encuentra representada por la Fiscalía de Estado”.
Los querellantes particulares “manifestaron su disconformidad con el acuerdo. La jueza lo valoró y rechazó al momento de resolver la condena y aceptación del procedimiento abreviado”.
Las estafas por las que fueron condenados Milessi y Carnaghi, quien se encargaba de la liquidación y el pago del “Fondo del 30%” en el Hospital Iturraspe, ocurrieron entre enero de 2020 y octubre del 2023.
El dinero del mencionado fondo surge de la recaudación generada por los servicios que se brindan a usuarios de obras sociales, mutuales, prepagas, seguros de accidentes, medicina laboral y otras entidades similares, y según lo establecido por la normativa debe ser distribuido entre todas las personas que trabajan en el nosocomio.
De la investigación fiscal surgió que desde 2020 Carnaghi remitió al Consejo de Administración del hospital el detalle de las liquidaciones con información verídica acerca de cuánto dinero le correspondía a cada uno de los empleados y luego tergiversó las listas en el procedimiento administrativo mediante la cual se realizan los pagos.
"El responsable de enviar el archivo al banco para materializar las transferencias alternaba datos tales como montos dinerarios, números de cuenta bancaria, números de DNI y nombres originariamente consignados", explicó el fiscal Grimberg oportunamente. Así se concretaron transferencias a personas que no debían recibirlas –entre ellas, Carnaghi y su esposa–, y por cantidades que no eran las informadas y aprobadas.
El matrimonio se benefició económicamente a partir de las maniobras ilegales, al igual que otras once personas, que también fueron imputadas en el marco de la causa judicial por haber obtenido ganancias a raíz de los ilícitos. Les atribuyeron la participación necesaria del delito de "fraude en perjuicio de la administración pública".
Si bien las estafas fueron por un total de $ 38.337.865, éste monto actualizado por inflación ascendía en mayo de 2024 a más de 100 millones de pesos. "El número surgió del análisis de las sumas de dinero recibidas de manera ilegítima por las personas involucradas", resaltó Grimberg en su momento.
Además de las estafas, Carnaghi fue condenado por la coautoría del delito de "organización y explotación de juegos de azar no autorizados con fines de lucro".
Sin la autorización correspondiente, tanto el hombre de 51 años como otras personas -cuya identidad se desconoce-, "organizaron, administraron, explotaron y operaron actividades vinculadas a la captación de juegos de azar de manera clandestina".
Ésto, de forma habitual y continua, y dirigido a un público indefinido. Les ofrecieron crear usuarios para utilizar plataformas de casino online disponibles en alrededor de 20 páginas web, así como la venta y canje de créditos virtuales a cambio de dinero.
De la labor fiscal surgió que estos servicios ilegales fueron brindados por Carnaghi y sus cómplices desde diciembre de 2020 hasta octubre del 2023, obteniendo rédito económico por esto.
La jueza Carrara condenó a Carnaghi y Milessi. Las querellas particulares resuelven si apelarán o no la sentencia.
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