Monitoreaban desde hace 10 años a la familia del padrastro de Jorgito

Luis Amsler | [email protected]

La brutal muerte de Jorge Bachelli (el niño de 3 años asesinado en Santo Tomé por los golpes propinados por su madre biológica y su padrastro, Carlos Pérez) generó una gran conmoción social. Este suceso motivó a indagar, por un lado, en los hechos de violencia familiar y de género que atraviesan a esta comunidad, y por el otro, todo lo que envuelve al entorno de “Jorgito”. Para ello, El Litoral se acercó hasta la Secretaría de Salud, Acción Social y Medio Ambiente y habló con su titular, Natalia Angulo, quien estuvo acompañada por la coordinadora de Políticas de Género y Violencia Familiar, Carina Depaoli.

Núcleo familiar “complejo”

De acuerdo a lo asegurado por las entrevistadas, en el área no existían antecedentes de intervenciones en el caso “Jorgito”. Aunque había registros de ayudas espontáneas, es decir trámites de recursos comunes que la gente suele solicitar. No obstante, el contexto intrafamiliar de Carlos Pérez y su entorno sí estaba monitoreado, y desde hace mucho tiempo. “Tenemos antecedentes de trabajo con ellos desde el año 2009, ya que son un amplio y conflictivo grupo familiar de barrio Libertad... incluso se han tomado medidas de protección excepcional con niños de ese núcleo atravesado por la violencia familiar, el consumo abusivo y el delito”, afirmó Natalia Angulo. “Es más, se intervino en situaciones de vulneración de derechos que terminaron con la separación de niños de esa familia que se institucionalizaron y no fueron restituidos nunca más”, especificó, ratificando que si bien hay registro de los Pérez, “no podemos decir nada de la mamá de Jorge Bachelli porque no hay antecedentes”. Sin embargo, Angulo dio cuenta de que esta mujer no hacía mucho que vivía en Santo Tomé y había un control de los pequeños en un Centro de Salud del barrio.

“Ella es de Santa Fe capital, de hecho los registros de controles médicos de los niños se hacían allí”, señaló la secretaria municipal. En cuanto a los Pérez, recordó que nunca fue fácil trabajar con ellos “porque son de los grupos que no adhieren a ningún tipo de sugerencia y acompañamiento”. Sobre este tema, Depaoli sumó su posición y desmitificó esa “fantasía” que indica que “porque somos el Estado, podemos hacer lo que se nos plazca con las personas. Hay leyes, y estamos trabajando con sujetos de derecho que a veces nos permiten la entrada y a veces no”, expresó tajante.

“Aquellas familias rodeadas por lo delictivo y los consumos problemáticos, tienen la facilidad de esconderse del Estado, de evadirlo, están fuera de todo sistema y por más que uno intente, hay casos que directamente no se pueden tratar porque ellos mismos no te dejan”, disparó la coordinadora del Área de Género.

Luego, remarcaron que después de la muerte del pequeño de 3 años, tuvieron un contacto más con el caso, pero siempre enmarcado en el trabajo que encara la Subsecretaría de Niñez, organismo provincial que se ocupa del hecho por ser el nivel de intervención más complejo.

Otros 130 casos

Según confirmó Angulo, en lo que va del año se registran unas 130 situaciones donde se vulneran los derechos de niños, niñas y adolescentes. Las mismas llegan a través de distintos organismos y entidades como escuelas, comisarías, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia o por demandas espontáneas.

A su turno, Depaoli brindó cifras que también grafican el delicado presente que se padece en materia de violencia de género. Desde el 1° de enero hasta mediados de septiembre del año en curso, se registraron 357 hechos, muchos de ellos vinculados a episodios de violencia familiar porque ocurren -justamente- dentro de ese ámbito. “En violencia de género, ya hay unos 40 casos más en comparación con esta misma fecha del año pasado, mientras que en situaciones de vulneración de la niñez, se manejan las mismas cifras”, aclaró Depaoli.

Tres equipos

En la actualidad existen tres equipos que trabajan de manera articulada para abordar las problemáticas sociales de Santo Tomé: el Servicio de Protección de Derechos del Niños, Adolescentes y Familia; el Equipo de Políticas de Género; y Equipo Intedisciplinario Comunitario Eico, que brinda atención a la población infantil con problemas de aprendizaje, fonoaudiológicos y psicológicos. Sumado a estos grupos y a la colaboración de las distintas instituciones que habitualmente derivan los incidentes que se detectan, desde hace unos dos años funciona un servicio de guardia de atención que trabaja las 24 horas, los 365 días del año para intervenir en este tipo de circunstancias, con acciones programadas de acuerdo al nivel de urgencia.

Creciente demanda

Uno de los problemas que desvela a las funcionarias de la Secretaría de Salud, Acción Social y Medio Ambiente es el recrudecimiento de la demanda de insumos, recursos básicos y ayudas directas por parte de los vecinos. Tal como puntualizó Natalia Angulo, las asistencias de víveres secos (alimentos) en este 2018 ya superaron en un 50 por ciento las otorgadas en el 2017, a esta misma altura del año. “En la última entrega realizada a finales de agosto, unas 1.800 familias fueron las autorizadas a retirar el bolsón de comida, y estimamos que para septiembre a ese número se le sumarían, por lo menos, unos 50 grupos familiares más”, precisó la secretaria.

Otro dato que alarma es la falta de fuentes laborales y la agudización de las condiciones de vulnerabilidad de muchas familias. “Vemos claramente esto en épocas de crisis como la que está atravesando el país, y esto lo ratificamos al observar un fenómeno muy particular: grupos familiares que antes no se acercaban a un servicio social, ahora sí lo hacen porque no les queda otra, no tiene opción y recurren a esto”, concluyó Natalia Angulo.

“Queremos que los niños, con ayuda de las instituciones escolares, aprendan y se animen a denunciar, porque el primer cómplice del abuso sexual y de cualquier tipo de violencia, es el silencio”. Carina Depaoli Coordinadora de Políticas de Género y Violencia Familiar de Santo Tomé