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Con un proyecto de resolución, un edil oficialista solicitó al Ejecutivo analizar la factibilidad para implementar medidas preventivas sobre casos de hostigamientos verbales por género o de identidad sexual.
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Los piropos procaces hacia mujeres, o las burlas a personas por su identidad sexual que pueden escucharse en las veredas son prácticas socioculturales naturalizadas —lamentablemente—, en la ciudad y en todo el país. Ahora, un edil ingresó en el Concejo un proyecto donde pide al Ejecutivo que “instrumente mecanismos preventivos”, con el objetivo de generar un mecanismo legislativo para contrarrestarlas.
En concreto, el concejal Carlos Suárez (UCR) presentó una resolución en la que pide al Municipio local que realice un estudio de factibilidad para determinar posibles acciones o mecanismos tendientes a prevenir el denominado acoso callejero. Se puede definir esta expresión como un tipo de acoso sexual que tiene lugar en espacios públicos, y que se traduce en conductas físicas o verbales, de naturaleza sexual, basadas en el género, la identidad o la orientación sexual de la víctima.
Este tipo de comportamientos puede ser realizado por una persona o un grupo de personas. La consecuencia sobre las víctimas es que ven así afectada su dignidad y sus derechos fundamentales como la libertad, la integridad y el libre tránsito, además de provocarles intimidación, degradación, humillación y un ambiente ofensivo.
Para el edil, “ver que en nuestra sociedad ocurren este tipo de acosos habla de nosotros como sociedad.Todavía tenemos mucho por mejorar; por eso, con este proyecto queremos poner de manifiesto un tipo de violencia de género que si bien dentro de las existentes no es la más extrema, sí reviste gravedad y consecuencias reales para quien la sufre”.
Suárez puso en contexto la problemática. Recordó que “ésta es tratada actualmente en el Congreso de la Nación, donde tiene media sanción un proyecto que busca tipificar como violencia contra la mujer el acoso callejero; incluir en las currículas educativas contenidos con perspectiva de género; habilitar un 0800 para las víctimas y trabajar para que las fuerzas de seguridad actúen en los espacios públicos donde las mujeres son víctimas de acoso callejero”.
Entonces, “decidimos abordar a nivel local con medidas que pueden ser impulsadas desde el Municipio”. El concejal radical remarcó que si bien en la actualidad la violencia sexual es penada y no se tolera en otras situaciones (como el acoso laboral, el estupro, los hechos de violación o los abusos), “aún está pendiente sancionar los casos de acoso cuando ocurren en los espacios públicos, y por eso queremos avanzar en tal sentido”.
Por último, destacó la necesidad de poner la mirada en estos temas y avanzar en normas afines. Porque “las conductas relacionadas al acoso callejero se vinculan directamente a la desigualdad de género, un fenómeno social complejo que debe ser abordado desde el Estado con el objetivo de proteger la dignidad y los derechos fundamentales de las personas”, concluyó.