Martes 3 de abril. A las dos de la tarde, un grupo de la CCC usurpó 90 viviendas del Plan Federal I, ubicado en Chaco al 5000 del barrio Santa Rita II. Como no se dispuso custodia policial, por la noche, otras 90 familias ocuparon el resto de las casas.
Miércoles 4. Al mediodía, la directora provincial de Vivienda y Urbanismo, Alicia Pino, firmó un acuerdo con los usurpadores, que se comprometieron a desalojar de manera progresiva el predio a cambio de terrenos y materiales de construcción. Por la tarde, otro grupo de vecinos usurpó 84 casas del plan de viviendas Nº 6129, en barrio Las Delicias.
Sábado 7. El ministro de Gobierno, Rubén Galassi, anunció que intimarían al desalojo de las 264 viviendas, haciendo caer el acuerdo con las familias. El argumento fue que el conflicto se agravó a partir de la toma de otro plan. A su vez, Galassi mencionó que “hubo algunos legisladores que indirectamente instigaron a la ocupación”.
Lunes 9. El gobierno comenzó a intimar a las familias de Santa Rita a desalojar el plan en 24 horas. No pudo terminar de entregarlas en el segundo plan, porque los vecinos lo impidieron con quema de ramas y cubiertas.
Martes 10. No se realizó el desalojo porque la provincia judicializó la situación en el Juzgado Correccional Nº 6. El gobernador hizo las primeras declaraciones sobre el tema y aseguró que “esperará la resolución de la Justicia”. No descartó el uso de la fuerza pública. El municipio realizó una denuncia penal y advirtió sobre el intento de venta de viviendas y el accionar de punteros peronistas. En el barrio tomado, los miembros de la CCC realizaron un abrazo.
Miércoles 11. Los vecinos de Santa Rita II manifestaron que tras la usurpación de las 180 casas, el barrio no es el mismo. Denunciaron que por las noches escuchan disparos y que se sienten amenazados. El gobierno, por su parte, presentó a pedido de la jueza Sandra Valenti un escrito, haciendo su propia reconstrucción del conflicto.
Martes 23. Se conoció el dictamen de la Justicia Penal, por el cual se ordenó el desalojo bajo ciertos requisitos.
Miércoles 24. La CCC apeló el dictamen, con lo cual la resolución de la jueza Sandra Valenti -Juzgado Correccional Nº 6- no se efectivizó.
Mediados de mayo. La CCC y autoridades del gobierno fueron citadas a una conciliación judicial. La acción fue resuelta por el juez Diego Aldao -Juzgado en lo Civil y Comercial de la 5a. Nominación- luego de darle curso al recurso de amparo presentado por la CCC para que la provincia cumpla con el acuerdo del 4 de abril. Desde entonces, la CCC y el gobierno intentan llegar a un acuerdo extrajudicial.