La aparición de sucesivas noticias en Santa Fe -también en el país- sobre decisiones adoptadas en distintos niveles de gobierno sobre las vacunas para enfrentar la pandemia, han creado dudas sobre su correcta distribución. La falta de transparencia suma descrédito a las irresponsables y peligrosas prédicas antivacunas, no exentas de especulaciones políticas.
En la provincia, se vacunó a encuestadores del IPEC y ese hecho se debió admitir oficialmente recién cuando El Litoral lo reveló. Y en localidades del interior, la de Arroyo Seco fue la más notoria, hubo cuestionamientos a autoridades municipales por haber utilizado dosis para personas que no pertenecen al sistema de salud.
En el primer caso, como en cualquier otro trabajo que se lleva a cabo con el contacto directo con otras personas, se justificó la decisión por existir un riesgo de contagio. En el segundo, se dieron razones que no alcanzan: se dijo que los funcionarios políticos vacunados colaboran con la realización de hisopados. Uno de ellos es un abogado, a cargo del Centro de Acción Familiar.
Siempre hay muy buenas razones para vacunar a cualquier persona. El problema es que las dosis que llegaron a Santa Fe no han logrado cubrir más que el 40% de los equipos de salud en toda la bota. En todo el planeta hay pocas vacunas y la Argentina ha conseguido menos de las esperadas.
En la Provincia ha ocurrido que quienes deciden pusieron en un platillo de la balanza a un trabajador del sistema estadístico y en el otro a quienes limpian, asisten o curan en centros de salud donde concurren pacientes que sufren de Covid-19. El personal de limpieza, los enfermeros y los médicos pasan toda su jornada laboral con uno (o dos) barbijos puestos, guantes descartables y mascarilla transparente, además de las protecciones de bioseguridad habituales. Necesitan estar inoculados: son quienes pueden salvar a todos los demás.
Quien tomó la decisión de llevar 30 vacunas al Ipec entendió que el fiel estaba en el medio de esa balanza ética. Se supo por este medio el 18 de enero. Todavía, nadie dio explicaciones, pero prefirió dar un portazo pocos días después, e iniciar trámites jubilatorios, la coordinadora de vacunación, Soledad Guerrero. ¿Se enteró por este diario?
Las malas noticias sobre qué han hecho las autoridades políticas santafesinas con la vacuna comenzaron con el inicio de la segunda quincena de enero. Y, en rigor, no hubo que hurgar mucho para dar con ellas… Entre los médicos de Santa Fe hay comentarios sobre colegas vacunados que (como quien iba a serlo no llegó a tiempo) optaron porque alguna jeringa con la respuesta científica a la pandemia fuera a parar a otros brazos, ajenos al guardapolvo sanitario y el juramento hipocrático.
La última semana de enero termina con la novedad de que cinco entidades de la medicina de Las Colonias advierten en un comunicado conjunto que no hubo vacunas para ese departamento. El tema va al Senado, con un pedido de informes que formula preguntas generales cuantitativas para encontrar los criterios cualitativos con que se distribuyeron las vacunas. El autor es el justicialista Rubén Pirola, del NES. Ese espacio del PJ y la Casa Gris están enfrentados.
El proyecto a tratar en el Senado habla de una "sensación de discriminación". La padeció una médica de la localidad de Grutly, un pequeño pueblito de mil habitantes de ese distrito que no tiene otro profesional y ya lleva 80 enfermos de Covid-19. Los atiende la Dra. Sandra Gagliardi (MP2689), que padece diabetes. Al día siguiente de que una queja suya fuera difundida en el sitio de internet Rec, le llegó el turno para su vacuna.