Este martes la Asamblea Nacional surcoreana aprobó un proyecto de ley que exige la investigación de los cargos de insurrección levantados contra el presidente Yoon Suk yeol, luego de su intento fallido de imposición de ley marcial.
Las consecuencias que enfrenta el presidente Yoon Suk-yeol tras el intento de implementación de la ley marcial.
Este martes la Asamblea Nacional surcoreana aprobó un proyecto de ley que exige la investigación de los cargos de insurrección levantados contra el presidente Yoon Suk yeol, luego de su intento fallido de imposición de ley marcial.
La resolución, además de solicitar una investigación, pide la detención inmediata del presidente y de otros siete funcionarios involucrados en los sucesos de la semana pasada.
También serán investigados el ex-ministro de defensa Kim Yong-hyun, el jefe del Estado Mayor del Ejército, Park An-su y otros funcionarios.
El Parlamento también aprobó este martes un proyecto de ley para nombrar un fiscal especial permanente e investigar la acusación de traición contra el presidente.
La Oficina de Investigación sobre Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO, siglas en inglés) surcoreana solicitó este martes una orden de detención preliminar contra el ex-ministro de Defensa Kim Yong-hyun, en preparación de la desestimación de la petición de la Fiscalía.
Ya el lunes por la noche los fiscales habían solicitado otra orden de detención contra el ex-ministro de Defensa, quién es sospechoso de connivencia con el asediado presidente por la inconstitucional declaración de la ley marcial.
Kim Yong-hyun se negó a comparecer en una vista judicial para revisar la solicitud de la Fiscalía este martes.
La orden de detención preliminar puede solicitarse cuando un sospechoso está prófugo y es imposible detenerlo inmediatamente. Si el tribunal rechaza la orden de detención de la Fiscalía, el ex-ministro de Defensa será puesto inmediatamente en libertad.