El proyecto de ley para regular el negocio de la "moda rápida” fue apoyado unánimemente en la cámara baja del Parlamento de Francia. Pero eso no significa que todos estén a favor de esta medida.
Expertos y ambientalistas aplauden la medida pionera, aunque algunos tienen reparos.
El proyecto de ley para regular el negocio de la "moda rápida” fue apoyado unánimemente en la cámara baja del Parlamento de Francia. Pero eso no significa que todos estén a favor de esta medida.
Las nuevas normas afectarán a las empresas que lancen un determinado número mínimo de productos al día, un umbral que se definirá más adelante por decreto. En la mira están los gigantes de la moda de corta duración, como el fabricante Shein y la plataforma en línea Temu, ambos con sede en China.
Dichas empresas deberán publicar mensajes claramente visibles en sus sitios web, indicando el impacto ambiental de sus productos e instando a los clientes a reciclar los artículos. De lo contrario, podrían recibir multas de hasta 15.000 euros (16.160 dólares).
Un nuevo sistema de puntos evaluará a las empresas de moda desde el punto de vista ecológico. Las que obtengan malos resultados tendrán que pagar, de momento, una tasa de 5 euros por artículo. En 2030, la tasa será de 10 euros. Además, el Gobierno quiere prohibir la publicidad de tales prendas a partir de 2025. Las infracciones podrían ser sancionadas con hasta 100.000 euros.
El proyecto de ley aún no ha sido aprobado por el Senado. Sin embargo, para Julia Faure, diseñadora y presidenta del grupo En Mode Climat, que agrupa a unas 600 empresas que producen moda de forma sostenible, el proyecto de ley es, desde ya, "una gran noticia".
"Hemos ganado una batalla cultural, ya que la moda rápida es un desastre medioambiental, social y cultural, que arrasa con todo lo que hay en el mercado, excepto el sector del lujo", declaró.
Faure considera que es una señal correcta otorgar buena puntuación a las prendas hechas de algodón y producidas localmente, y una mala a las fabricadas lejos y a base de fibras sintéticas.
Por su parte, Philippe Moati, catedrático de economía en la Universidad Paris Cité y fundador de la empresa parisina de estudios de mercado ObSoCo, no simpatiza con esta medida del Gobierno. "El proyecto de ley estigmatiza a los clientes de estas marcas que, según un estudio que estamos realizando, son los menos educados y con menos recursos. Es importante que puedan permitirse la moda para sentirse parte de la sociedad", indicó.
Moati piensa que el negocio de la "moda rápida” debe ser regulado de forma más estricta, pero con los instrumentos existentes. "El Gobierno debería aplicar normas francesas, como la garantía de dos años, para los artículos de moda, la prohibición de vender por debajo del costo y la obligación de calcular los descuentos utilizando precios de referencia realistas", señaló.
"Además, deberíamos gravar con aranceles todas las importaciones textiles, no sólo los que cuestan más de 150 euros, como ahora", dijo, añadiendo que la moda ultrarrápida tiene la ventaja de producir series muy pequeñas, de modo que prácticamente no quedan artículos sin vender.
Gildas Minvielle, director del Observatorio Económico del Institut Francais de la Mode, con sede en París, cree que el tiempo dirá si el planteamiento del Gobierno es el correcto. "En todo caso, es crucial recordar a los consumidores el impacto devastador que tiene la moda rápida en el medio ambiente”, dice.
A su juicio, el voto del Parlamento demuestra que los políticos franceses han comprendido que urge actuar. "Francia, la cuna de la moda, podría ahora marcar el camino. Estas normas deberían ampliarse a toda Europa, ya que el mercado de la moda es un mercado europeo", afirmó.
Por su parte, Pierre Condamine, portavoz del grupo Stop Fast Fashion, que agrupa a varias ONG que luchan por la protección del medio ambiente, considera que las nuevas normas no van suficientemente lejos.
"El umbral que define la moda rápida debería establecerse directamente en el proyecto de ley y ser lo suficientemente bajo como para abarcar también a empresas francesas, como el minorista de artículos deportivos Decathlon", declaró. "Las empresas también deberían tener que pagar una tasa mínima si obtienen una puntuación ecológica negativa, algo que hasta ahora no está incluido en los planes". Además, instó a los ciudadanos franceses a comprar "no más de cinco nuevos artículos de moda al año, y no 50 como ocurre actualmente."