Jueves 12.12.2019
/Última actualización 11:43
La premio Nobel de la Paz y líder de Myanmar, Aung San Suu Kyi, negó este jueves que el Ejército de su país haya cometido genocidio y dijo a la máxima corte de la ONU que el éxodo forzoso de cientos de miles de rohingyas fue el resultado indeseado de una batalla contra insurgentes separatistas de esa minoría musulmana.
En una impactante comparecencia en La Haya para defender a los mismos generales que la tuvieron 15 años bajo arresto domiciliario, la ex prisionera política admitió no obstante que las Fuerzas Armadas de Myanmar, la ex Birmania, podrían haberse excedido en el uso de la fuerza.
Sin embargo, calificó de "engañosa e incompleta" la denuncia de Gambia de que el Ejército de Myanmar buscó exterminar a los rohingyas con una operación militar de 2017 que forzó la huida al vecino de Bangladesh de casi 750.000 hombres, mujeres y niños.
Además, en una inusual declaración de una gobernante ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Suu Kyi, cuyo estatus de ícono mundial de la lucha por los derechos humanos se ha deslucido por la crisis rohingya, advirtió al tribunal que el haber aceptado entender en el caso podría "alimentar las llamas de una polarización extrema".
Suu Kyi, de 74 años, es consejera estatal de Myanmar, un cargo similar al de primer ministro, y en 1991 recibió el Nobel de la Paz en ausencia por su lucha a favor de la democracia mientras su país era gobernado por una junta militar.
Los jefes de esa junta y otros militares han conservado ministerios clave desde el retorno a la democracia, en 2016.
Al hablar ante la CIJ en su cargo adicional de canciller de Myanmar, Suu Kyi refutó con calma acusaciones de que los soldados asesinaron a civiles, violaron a mujeres y niñas e incendiarios poblados enteros en la ofensiva de 2017 en el estado de Rakhine, el hogar ancestral de los rohingyas, en el noroeste del país y fronterizo con Bangladesh.
La dirigente dijo que las imputaciones derivan de "un conflicto armado interno iniciado por ataques extensos y coordinados" de insurgentes rohingyas "al que respondieron los servicios de defensa de Myanmar", un país de mayoría budista.
"De manera trágica, este conflicto llevó al éxodo de varios cientos de miles de musulmanes", agregó, citado por BBC.
La denuncia contra Myanmar fue presentada por la nación africana de Gambia en nombre de los 57 países de la Organización para la Cooperación Islámica, de la cual forma parte. Gambia dice que hubo un genocidio y que sigue en curso.
En presencia de Suu Kyi, abogados de Gambia entregaron ayer a la CIJ informes detallados sobre la matanza de hombres, mujeres y niños rohingyas en Rakhine, en la primera audiencia por la denuncia.
Hoy, la Nobel de la Paz dijo que la acusación era "engañosa e incompleta" y que los hechos en Rakhine -que los rohingyas llaman Arakan- fueron "complejos y difíciles de desentrañar".
Suu Kyi detalló cómo fue la respuesta del Ejército a una serie de ataques coordinados cometidos en esa región el 25 de agosto de 2015 por insurgentes entrenados por extremistas islámicos de Afganistán y Pakistán.
Dijo que las tropas trataron de "reducir los daños colaterales" durante combates en 12 sitios.
Tras admitir que quizás hubo un uso excesivo de la fuerza y que un helicóptero militar al parecer mató a varios "no combatientes", dijo que el gobierno birmano está investigando lo que pasó y que hay que dejar que termine de hacer ese trabajo.
Representantes de los rohingyas y de organizaciones de derechos humanos se mostraron consternados por el testimonio de Suu Kyi.
"El mundo juzgará con pruebas su afirmación de que no hubo genocidio", dijo Mohammed Mohibullah, presidente de la Sociedad Rohingya Arakan por la Paz y los Derechos Humanos.
Investigadores de la ONU concluyeron el año pasado que el tratamiento de los rohingyas por Myanmar equivalió a un genocidio.
Los jueces de la CIJ han fallado solo una vez que hubo un genocidio, en la masacre de Srebrenica, un enclave musulmán en Bosnia, en 1995.
Myanmar enfrenta otras acciones legales por la crisis de los rohingyas, incluyendo uno ante la Corte Penal Internacional (CPI) -otro tribunal de La Haya que juzga crímenes de guerra- y una demanda presentada el mes pasado en Argentina en la que se nombra a Suu Kyi.