El Poder Ejecutivo debe asumir por sí la administración de los planes sociales y ajustarlos a las necesidades de personas en situación vulnerable, en procura de una promoción humana posible y eficaz. El gobierno tiene que dejar de financiar a intermediarios que promueven -con fondos públicos- gobiernos populares antidemocráticos, sometiendo a la pobreza para mantenerla en cautiverio de sus propósitos.
No hay razón justa para que la Casa Rosada subsidie pasajes aéreos a Miami o Madrid en la "aerolínea de bandera", en la que gremios amigos del poder de turno deciden quién vuela y quién no, cancelando alternativas competentes que al Estado quebrado no le costarían un peso y que a los ciudadanos les abarataría los viajes.
Hay en el país cajas que deben ajustarse. El Conicet es un bien público que debe ser despojado de militantes ineficientes que contaminan las posibilidades de dar un salto cualitativo. Un salto que los científicos meritorios -cualquiera sea su convicción- saben aportar, pero que tiene por lastre una macroeconomía que impide que las empresas exitosas que se incuban con aportes públicos, se queden bajo bandera nacional. O se internacionalizan o quiebran ante el peso de la desmesura; hay ejemplos en Santa Fe.
Mirá tambiénMazazo Milei, devaluación y otra campaña cuesta arribaEducación, salud, seguridad y defensa -así como la justicia independiente- son indispensables bajo la órbita pública y, por tanto, prioridad obligatoria del financiamiento presupuestario en la Argentina pobre. Asistencia social y cobertura previsional no deben llevarse por fuera de las posibilidades presupuestarias. Salvado el rol indelegable del Estado, el país no se puede dar el lujo de cancelar prestaciones privadas -educativas o sanitarias- que alivian al erario y elevan la cobertura.
La Argentina es un país que debe asumir que el gasto público sin financiamiento profundiza el drama y que la desmesurada presión fiscal alienta la actividad informal y la decadencia sistémica. El modelo implosionó; imprimir billetes sin respaldo y repartirlos a discreción, es agudizar el fracaso.
No hay soluciones mágicas que no sean pasos acelerados hacia mayores traumas. El problema no es el FMI sino la inflación que roba en flagrancia abusiva el valor de la moneda, la retribución de los que trabajan o invierten con decencia y la esperanza de los que no poseen ocupación. La pobreza infantil del 60% es un black-out existencial que acecha.
Mirá también¿Qué pasó en las PASO? Una posible explicación al "tsunami Milei"La reforma de la carta orgánica del Banco Central para impedir que se asista con emisión al Tesoro, la dolarización, la reforma laboral para facilitar la formalización de trabajadores, son objetivos que no se imponen "a sola firma" de un presidente, menos aún si la propuesta presume de una violación de la Constitución. Si las urnas avalan tales propuestas, es indispensable un acuerdo político de Estado, factible de ser negociado en el Congreso.
La potestad de "establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda" es exclusiva del Congreso, según ordena la Constitución Nacional. Es necesario repasar lo elemental: un presidente -ayer o mañana- debe tener carácter ante el desafío, pero no puede ampararse en el voto para pararse sobre la ley. Esa es la pretensión de los autócratas, el rasgo que distingue a los populistas, que poco tienen que ver con la Constitución liberal que en la Argentina incluye derechos sociales.
El acuerdo debe ser político en el marco constitucional, en base al debate de representantes que también surgen de la voluntad ciudadana. Pero incluso los legisladores deben tener en claro que la urna no es más que la garantía mecánica de la democracia, a la cual le deben dar sustancia. Diputados y Senadores escribanos del Ejecutivo de turno, sin debatir razones en procura de una ley justa, son funcionales a la decadencia.
Los que prometen fórmulas sin explicarlas, los que auguran sangre, quienes amenazan con ganar la calle si el resultado no les satisface, aquellos que acechan a la independencia de los poderes o la libertad de expresión, quienes ignoran o pretenden someter alteridades o minorías, son promotores de la tragedia. No son parte de la solución.
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