I – Una marcada voracidad de las noticias o del vértigo de los hechos que motivan noticias, hace que algunos temas fundamentales vayan quedando debajo de otros y así sucesivamente, al punto que se pierden en la memoria y lo que fue "tapa" ya no ocupa ni siquiera algunos pocos centímetros de alguna columna perdida de algún listín. El tema no es secundario y mucho menos ahora. Al menos en una de las derivas: los recursos para las campañas proselitistas.
II – Esta situación se analizó en extenso por varios especialistas, tanto en campañas publicitarias como en Derecho penal. Para el caso y en muy breve referencia, en nuestro país de por años, las campañas las solventaban, entre otros, las grandes empresas. De ellas, las de obras públicas a la cabeza. Previo a las recorridas proselitistas, los encargados de afrontar los costos, recorrían los despachos de las compañías y "pasaban la gorra". Las tarifas o montos dependía del desarrollo de cada sociedad comercial y la contrapropuesta se regulaba a tenor de las posibilidades de acceso al poder.
En los primeros años de este siglo XXI, por impulso de un político que provocó grandes cambios, invirtió esa lógica: en cada licitación otorgada, directamente pedía incorporar al costo de la misma el retorno. De forma que primero el dinero y luego llegaría la actividad proselitista. Así se construyó un principio que, bajo el lema de "sin dinero no se puede hacer política", se desarrolló sin límites una lógica de corrupción que llegó a niveles espantosos. Esta práctica nacional tuvo su banco de ensayos en una provincia del sur, donde hasta había una empresa propia con un suplantador.
III - Todo esto llego a un punto tan insostenible, ya que las prácticas se concretaban sin ruborizar a nadie, que no hubo más remedio que iniciar una causa judicial. El sorteo indicó que debía hacerla el fallecido juez Claudio Bonadio, Juzgado N° 11 y el representante del Ministerio público fiscal, el Dr. Carlos Stornelli, de la Fiscalía N° 4. Tanto fue el strepitus fori que la prensa lo tomó y bautizó como "Cuadernos" y por muchas semanas se le otorgaron centímetros y minutos en los medios.
Un empeñoso chofer, tal vez asombrado por tamañas transacciones, anotaba sus viajes en uno de esos cuadernos que usábamos en la escuela. Se pudo comprobar, entre otras cosas, que muchos de los delitos que surgían de distintas denuncias de corrupción que se llevaban adelante en diversos juzgados federales de otras tantas ciudades, eran ramas derivadas del mismo tronco de la corrupción.
Para el ciudadano de a pie, que debe salir todas las mañanas a ganarse el pan, no terminaba de abarcar la idea de semejante sistema integral de recaudación ilegal con propósitos de enriquecimiento. La fenomenal maquinaria clandestina de recaudación sistemática tomó una dimensión que era imposible de mantener oculta.
Al mirar hacia atrás, la larga ristra, sin ser excluyente, anotamos:
- Por lo menos unas cincuenta obras públicas adjudicadas a una sola empresa, Austral Construcciones, creada en Río Gallegos a poco de asumir la gobernación Néstor Carlos Kirchner, a la que se le pagaron cientos de millones de pesos del Estado, asentados en un sistema contable de virtudes mágicas: convertía lo negro/sucio en blanco/pulcro. Claro que hablamos de dinero y a guisa de ejemplo están las declaraciones de un tal Leonardo Fariña, actor principalísimo, apoyadas en una filmación del interior de una institución financiera conocida como "La Rosadita".
- Gran cantidad de "talonarios" de facturas ficticias –"truchas", en el argot periodístico- donde figuran compras de esas empresas adjudicatarias de la obra pública al solo efecto de blanquear dinero de la corrupción.
- Locaciones irreales de varias habitaciones -en algunas oportunidades, todas- en dos hoteles del sur del país, cuyos propietarios era la familia presidencial que, como cualquier persona, desde hace unos tienen un emprendimiento privado.
- Otorgamiento, por una concesión, de casinos a un empresario estrechamente ligado a la misma familia presidencial.
- Desvergonzado aumento patrimonial de ciertos ciudadanos vinculados a la misma familia. Tal el caso de Fabián Gutiérrez, que fuera secretario privado de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner hasta el año 2010, y que de ser un modesto vecino trepó a multimillonario en ese tiempo de gestión pública y que luego de prestar declaración, concluyó torturado y ahorcado. También anotamos a Daniel Muñoz que no pudo explicar las compras de propiedades de lujo en Estados Unidos por más de 70 millones de dólares.
- Extraño o voluble ingreso del Grupo Petersen, cuyo principal accionista es la familia Eskenazi, como accionista del Banco Provincia de Santa Cruz y al capital de YPF, situación que deparó un anunciado juicio por cifras escalofriantes cuya sentencia en primera instancia acaba de expedirse en los tribunales del distrito sur de Nueva York. Fueron muchas e imbricadas las maniobras para disimular el yerro por parte de los actores que al tiempo de hacerse pública la resolución judicial, minimizaron con marcado desdén sus consecuencias con la descalificación metafórica de la expoliación del buitre y que se apelaría.
- El caso caricaturesco de la intervención del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, en la compra de la industria de impresión de billetes Ciccone Calcográfica por disposición del mismo Néstor Kirchner. No terminó ahí el sainete, sino que luego se derivó en la estatización escandalosa.
V – Meritorios, y por ello loables, fueron los esfuerzos urdidos en los despachos oficiales. Llegaron moratorias impositivas y blanqueos sin mayores requisitos, se persiguieron a empleados/as y funcionarios/as de algún ministerio, en particular de la cartera de Economía, de la AFIP y de la Inspección General de Justicia (IGJ) que estaban al tanto de algunos de esos chanchullos.
VI – Tomando una de las causas, la iniciada por el integrante de Grupo Albanesi, Armando Loson, el quinto de los arrepentidos, se la sometió a un peritaje que realizaron funcionario del Poder ejecutivo nacional desechando la intervención de los peritos calígrafos del Poder judicial. Es claro que el resultado del peritaje escopométrico estaba direccionado a favorecer a sus "patrones". El medio fue una cortina de humo difundiendo por la prensa la intervención del ex policía Jorge Bacigalupo, que tenía una relación de amistad con Oscar Centeno, el remisero que habría realizado anotaciones en algunas de las páginas de los cuadernos.
No obstante semejante impudicia, a hoy ninguna de las anotaciones del pendolista ponen mando de dudas a lo que está más que probado en las otras actuaciones judicializadas y que obran en los voluminosos cuerpos del expediente. Se ha convalidado la autenticidad de los datos expresados en esas cuartillas lo que verifican los trámites, los lugares, las fechas y hasta los recorridos, más allá de que los acusados busquen desvirtuar algunas de las probanzas con maniobras propias de iniciados. Los dichos del propio Loson son harto claro; realizó pagos de importantes sumas a hombres que ocupaban cargos públicos y que fueron procesados luego. En este sentido, emblemática y cinematográfica fue la actuación -no puede ser otra cosa- de José López, dependiente del propio ministro Julio de Vido, la nave insignia de la flota de la corrupción. El escándalo llegó al frenesí.
VII – Las maniobras para ocultar todo este desaguisado son, por lo menos, groseras. Se escucha a "la jefa" reclamar a voz en cuello que se incorporen esas "pericias caligráficas" amañadas, cuyo resultado no da ninguna certeza. No advierten que aquellas "glosas Centeneras" fueron solo una manifestación del inmenso sistema de corrupción cuya investigación expuso otros tantos elementos de la urdimbre de la perversión y por las evidencias posteriores que han quedado al descubierto tiempo ha, para conmoción e indignación. Le cabe ahora a la Justicia acelerar los plazos, siempre con respeto de las garantías, para que estas patrañas naufraguen y se pueda dictar una resolución final que, al menos nos dé un soplo de sentimiento republicano y un poco de paz interior a nuestras atribuladas almas republicanas.