Sin lugar a duda, se plantean grandes desafíos para la política. No solo para la dirigencia y autoridades de turno, sino también para las estructuras de administración pública en sus tres niveles (Nacional, provincial y municipal), mano ejecutora de toda decisión de carácter gubernamental. La gestión de los recursos disponibles, las líneas de mando, los canales de comunicación internos y externos, todo fue superado por la realidad imperante, mientras la frustración de la ciudadanía crece al no ver sus contribuciones reflejadas en servicios públicos de calidad.
La mismísima palabra “organización” fue puesta en tela de juicio, y no debemos caer en el análisis simplista si lo que se busca es una respuesta superadora.
Pero tampoco resultaría difícil identificar por donde puede aflorar una solución.
En este sentido, el término “Gobernanza” reúne gran parte de las cualidades que hoy se han transformado en claves. Haciendo referencia a la eficacia, la eficiencia y el equilibrado nivel de intervención del estado en la sociedad civil para la optimización del manejo de los recursos, la gobernanza termina traduciéndose en “Mejor Gobierno”. Y creo representar a una gran mayoría al decir que el primer paso debe promoverse desde las altas esferas de poder.
Complementariamente esto nos lleva a pensar en el déficit en materia de gestión gerencial que presenta nuestro país, y que trasluce su historia contemporánea de recurrentes crisis institucionales. La falta de rumbo, la ausencia de un trazado administrativo estratégico que tenga metas claras y concisas a las cuales llegar es, quizás, el ojo de la tormenta que no nos permite avanzar y nos sostiene en ciclos de estancamiento. Y acá sí aparece la necesidad de una dirigencia partidaria capaz, sensata y conciliadora en sus diferencias. Para el caso, Gestión Gerencial termina traduciéndose en, mejor administración.
Así, podemos decir que la actual pandemia de Covid-19 simplemente dejó en evidencia nuestras carencias en materia de Gobernanza y Gestión Gerencial. Especialmente en el terreno de la sanidad, pero aplicable a cualquier otro campo. Si no se dispone de los órganos ejecutores idóneos, cualquier medida que se decida aplicar resultará insuficiente. Sin cambios que apunten a mejorar este problema estructural organizacional del estado argentino no se pueden esperar mejores resultados en la política pública.
El camino es arduo y todavía nos faltaría integrar al análisis elementos propios del federalismo. Gran parte de lo que hay por hacer está en manos de las autonomías provinciales.
Por eso se debe dar apoyo a aquellos gobiernos subnacionales que intentan seguir el sendero de la modernización estatal. El caso de nuestra provincia de Santa Fe representa un ejemplo promisorio si se logran los consensos indispensables para darle lugar a políticas que podrían tener un impacto social positivo como lo son los proyectos de expansión digital con el Plan “Santa Fe + Conectada” o los intentos de consolidar el uso de dispositivos administrativos avanzados en los departamentos más atrasados del territorio. Está claro que los cambios futuros de la Argentina sólo serán posibles mediante acuerdos básicos, de todos los actores de la sociedad, que fijen una hoja de ruta.
Referentes políticos, empresarios, gremios, movimientos sociales, académicos, etc. Debe dejar de ser un cliché discursivo pero no por eso vamos a dejar de recordarlo las veces que sea necesario.