Martes 10.11.2020
/Última actualización 4:21
"Solicitamos tiempo para trabajar en modificaciones. Tenemos diferencia en cuanto a la autoridad de aplicación y otros temas técnicos y queríamos aportar para el debate. Tenemos una mirada distinta sobre algunos temas pero decidieron avanzar. Nosotros pedimos autorización para abstenernos". La definición fue del jefe de la bancada justicialista de Diputados, Leandro Busatto cuando se sometía a votación el proyecto para crear el régimen de acceso a los recursos biológicos y recursos genéticos de la provincia. El asunto -girado en revisión a Senado- se originó en un mensaje del entonces gobernador Miguel Lifschitz -hoy presidente de la Cámara- enviado el 11 de diciembre de 2018 y que a poco de perder estado parlamentario obtuvo media sanción.
En la actual gestión de la Cámara hubo jornadas de debate sobre la iniciativa con especialistas, investigadores y empresarios. "La biodiversidad es una fuente actual y futura de riqueza", señaló la socialista Erica Hynes, hoy diputada y una de las impulsoras de este proyecto cuando encabezaba la cartera de Ciencia en el Poder Ejecutivo. "Muchos de los recursos biológicos y genéticos son usados para el desarrollo de fármacos, cosméticos y productos industriales. Los mayores reservorios de biodiversidad están en países como el nuestro, en los que tenemos menos capacidades para industrializarlos y estudiarlos. Suele suceder que estos productos se expolian y envían para industrializar y patentar en el exterior", agregó.
Acotó que el proyecto de ley fue enviado por Lifschitsz como mensaje del Ejecutivo en cumplimiento de mandato constitucional que consagra el deber de preservar la diversidad biológica y establece el dominio de los recursos por parte de los estados provinciales.
"Si no legislamos y regulamos el acceso a los recursos nos exponemos a la biopiratería, que es muy sencilla de hacer y muy difícil de controlar. Por eso es tan importante este proyecto, que nace de la inquietud de investigadores de nuestra provincia que encontraban dificultades para conseguir los permisos para acceder a los recursos".
El proyecto votado prevé la creación de un banco público-privado que deberá contener la información genética obtenida. "La ley también contempla la participación de las comunidades originarias, en especial de las mujeres que son las que tienen acceso a estos saberes, para que ellas también reciban las ganancias que puedan surgir de manera equitativa". Más adelante establece que en caso de obtener productos farmacológicos se participe al Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) en los derechos y también la prioridad de sumar a expertos y grupos del sistema científico y tecnológico de Santa Fe.
Hynes garantizó que en el debate se tuvieron en cuenta todas las obligaciones del estado. "Toda la provincia de Santa Fe está presente en este proyecto, es fruto de una construcción colectiva, no solo en el trabajo de los legisladores, sino a través de la comunidad científica que detectó una necesidad, opinó y participó".
"La presente Ley no implica menoscabo ni renuncia alguna por parte de la Provincia al dominio originario sobre sus recursos naturales, conforme la previsión establecida por el artículo 124 de la Constitución Nacional, ni otorga exclusividad a empresa alguna en la exploración y utilización de los recursos genéticos y/o biológicos, ya sea que se encuentren in situ o ex situ, pertenecientes a ecosistemas del territorio de la Provincia de Santa Fe" reza el artículo 3 del proyecto que debe revisar la Cámara Alta.
La Cámara de Diputados votó la incorporación a la ley de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de un artículo prohibiendo "el ingreso a la provincia, así como el transporte, circulación y almacenamiento permanente o transitorio, de residuos peligrosos o susceptibles de serlo conforme la normativa vigente, generados en otra jurisdicción y cuyo tratamiento o disposición final fuere la incineración o el enterramiento dentro de los límites provinciales".
La iniciativa de la justicialista Matilde Bruera preveía el dictado de una ley especial, pero la Comisión de Medio Ambiente de Diputados sugirió incluir la propuesta en la norma vigente de Medio Ambiente, la ley 11.717 sancionada en el 2000.
Un programa de vacunación para el Covid 19
El diputado Gabriel Real (PDP) presentó un proyecto solicitando al gobierno provincial el diseño de estrategias de gestión para la implementación de un programa integral de vacunación Covid-19 para el año 2021. El foco debe estar en reforzar la provisión de insumos para el sector de la salud, la capacitación sobre métodos de aplicación, cuidados y la manipulación de las dosis; como así también un relevamiento de la cantidad de personal capacitado para la ejecución de una aplicación masiva, teniendo en cuenta que este operativo incluirá un conjunto importante de vacunadores, en una escala inédita.
También solicitó la confección de un protocolo de prioridad en la aplicación, atendiendo a que las primeras dosis no cubrirán el total de la población, y se debería prever la llegada a grupos con factores de riesgo y otros que son esenciales en la prestación de sus servicios. El operativo sanitario debería contemplar la hipótesis de que en una primera etapa no se lograría cubrir el total de la población de nuestra provincia y en ese caso, se debería trabajar en un esquema basado en prioridades; es decir que los primeros en recibir la dosis serían los mayores de 60 años, mayores de 18 con factores de riesgo y todo el personal de salud, fuerzas de seguridad y personal docente.
"Estamos sugiriendo una planificación que está directamente relacionada con la llegada de una vacuna y la cantidad de dosis disponibles, pero el objetivo es marcar una estrategia previsible, un punto que ha escaseado en muchas áreas de gobierno en la administración de esta pandemia", advirtió Real.
El pleno de la Cámara de Diputados le otorgó media sanción al proyecto de ley de Fabián Palo Oliver (UCR-FPCyS) que declara de interés institucional para la provincia de Santa Fe a los fines de su preservación, sistematización y divulgación, el conjunto de antecedentes vinculados al Informe elaborado por la comisión creada por decreto de 1997 denominada "Comisión Nogueras", en relación al vaciamiento del Banco de Santa Fe.
Determina que toda la documentación relevada será depositada en el Archivo General de la Provincia, remitiéndose copias certificadas de su totalidad a ambas cámaras legislativas. También aprueba la publicación en formato digital y gráfico del contenido de la información del informe.
Para el legislador "la necesidad de sistematizar e incorporar el contenido del "Informe Nogueras" a la discusión pública a través de la publicación del conjunto de actuaciones, se vincula no sólo con la construcción colectiva de la transparencia de los actos de gobierno sino, fundamentalmente, con la necesidad de no volver a cometer los mismos errores".