El juez federal Ariel Lijo citó al vicepresidente Amado Boudou a prestar declaración indagatoria para el 15 de julio, acusado por presuntas irregularidades para adueñarse de la quebrada imprenta Ciccone Calcográfica.
La acusación contra Boudou abarca no sólo el período en que fue ministro de Economía, sino también sus actividades cuando ya había asumido como vicepresidente, en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.
Boudou afirmó esta mañana que no renunciará ni pedirá licencia al cargo por la causa Ciccone, prometió que concurrirá a la declaración indagatoria a la que lo convocó el juez Ariel Lijo y juró que es "inocente". Cuando le preguntó si podía asegurar que no estaba implicado en un caso de corrupción en el caso de Ciccone Calcográfica, Boudou respondió por Radio 10: "Lo juro y lo sostengo, así lo voy a demostrar cuando vaya a indagatoria".
Tras reiterar que hay un trasfondo mediático en el tema, el Vicepresidente aseveró, al ser consultado sobre si pensaba renunciar o pedir licencia: "De ninguna manera, si estoy diciendo que soy inocente".
La citación
Boudou fue citado para el 15 de julio próximo a las 11 y en los días subsiguientes deberán declarar -también como imputados- su amigo y socio José María Núñez Carmona, el ex jefe de asesores de la AFIP Rafael Resnick Brenner, el monotributista Alejandro Vandenbroele, quien quedó al frente de la empresa recuperada; Nicolás Ciccone, uno de los fundadores de la firma, y su yerno, Guillermo Reinwick.
Ciccone y Reinwick habían declarado hasta ahora en el expediente como testigos, pese a que el fiscal Jorge Di Lello y la defensa de Boudou sostenían que debían ser investigados como acusados.
Lijo describió la acusación contra el vicepresidente: "Boudou, junto a Núñez Carmona, habrían adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, mientras Boudou era Ministro de Economía, a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele". Ello, "con el fin último de contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentación oficial. Boudou, aprovechando su condición de funcionario público, y Núñez Carmona, habrían acordado con Nicolás y Héctor Ciccone, y Guillermo Reinwick la cesión del 70% de la empresa a cambio de la realización de los actos necesarios para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la Administración Pública".
Según la resolución del juez, "Boudou habría tenido injerencia, de forma directa, presenciando las reuniones para la adquisición, y, junto a Resnick Brenner - Jefe de asesores de la AFIP- en el trámite de un plan de pagos ilegal en AFIP". Pero además, "habría intervenido, a través de personas interpuestas, en los actos necesarios para el levantamiento de la quiebra, con el objetivo de obtener el certificado fiscal para contratar con el Estado Nacional". "Esa finalidad se habría visto satisfecha una vez que Boudou ya era vicepresidente en, al menos, una oportunidad con Casa de la Moneda", añade el documento.
Tras describir el derrotero de Ciccone hacia la quiebra, el juez trazó como hipótesis que "Boudou y Núñez Carmona se habrían interesado en el negocio que implicaría adquirir Ciccone y lo habrían materializado a través de la firma The Old Fund, puesto que permitía el anonimato de sus verdaderos dueños debido a que estaba integrada por sociedades extranjeras que emiten acciones al portador". "Boudou habría aportado su condición de funcionario público y Núñez Carmona habría realizado, como privado, aquello que Boudou no podía, justamente por su cargo. En razón de que el Ministro de Economía no podía adquirir el monopolio de la producción de billetes, y que Núñez Carmona tampoco podía hacerlo debido a su pública relación con él, asignaron a Alejandro Vandenbroele ese rol", resume la acusación.
Lijo enumeró las supuestas reuniones de la familia Ciccone con Boudou y sus colaboradores y describió que "una vez que se concretó la operación, se habría puesto en marcha el salvataje de la empresa para así lograr el objetivo final de contratar con el Estado Nacional para la impresión de billetes". (DyN)