La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires ratificó este jueves el procesamiento del dirigente del Polo Obrero, en una causa que investiga el supuesto desvío de fondos del programa "Potenciar Trabajo".
La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires ratificó este jueves el procesamiento de Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, en una causa que investiga el supuesto desvío de fondos del programa "Potenciar Trabajo". Pero la decisión no quedó ahí: se ampliaron las acusaciones al incluir los delitos de "amenazas coactivas" y "extorsión agravada", dando un giro clave en la causa.
¿De qué se lo acusa?
El caso no es nuevo. En agosto, el juez Sebastián Casanello había procesado a Belliboni por "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública". Según los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, hay pruebas suficientes para sostener que el Polo Obrero y la organización El Resplandor desviaron fondos asignados mediante convenios con el ex Ministerio de Desarrollo Social.
El fallo apunta a que esos recursos, destinados a mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables, habrían sido utilizados con fines políticos partidarios. Los magistrados remarcaron que lo ocurrido va más allá del simple desvío de fondos, calificándolo como una "modalidad coactiva institucionalizada" dentro del Polo Obrero.
Entre las pruebas que pesan contra Belliboni, se destaca el hallazgo de cuadernos y planillas en comedores allanados. En esos registros se anotaba la asistencia de beneficiarios a movilizaciones políticas, incluyendo nombres, fechas y supervisores. La investigación también revela que quienes formaban parte del programa eran obligados a participar de estas actividades para mantener la ayuda estatal.
Además, la Cámara Federal pidió ampliar la mirada hacia posibles complicidades dentro del Estado. La resolución no solo apunta a Belliboni, sino también a otros miembros del Polo Obrero, como Mariano Centanni, ex tesorero de la organización. Ambos habrían direccionado los recursos hacia fines ajenos a los objetivos del programa, de acuerdo con la justicia.
Desde el Polo Obrero han negado las acusaciones y denunciado persecución judicial, mientras que la investigación sigue avanzando con el foco puesto en esclarecer el manejo de los fondos públicos.
Lo que está claro es que este fallo abre una nueva etapa en la causa, poniendo bajo la lupa no solo a los dirigentes sociales, sino también al vínculo entre las organizaciones y el aparato estatal. Una trama que sigue escribiéndose y que tendrá repercusiones tanto en lo judicial como en lo político.