Una contratación a Marcos Castelló plantea interrogantes en Diputados
Fue realizada por la Municipalidad de Reconquista para un festival para el cual había recibido fondos de nación y de provincia. La diputada Florito advirtió sobre el incumplimiento de un artículo de la Constitución provincial.
La Cámara de Diputados votó, con despacho de comisiones, un proyecto ingresado por Ximena Sola (Pro) pidiéndole al Poder Ejecutivo informes relacionados con los fondos otorgados para la realización, en Reconquista, el 31 de octubre del año pasado, de la Fiesta de la Torta Frita. Las tres preguntas de la minuta aprobada fueron: utilización de los fondos provinciales transferidos mediante resolución 534 con fecha 29 de octubre de 2021, expediente nro. 01201-0017496-1 del Ministerio de Cultura de la Nación; condiciones de contratación del senador provincial Marcos Castelló en condición de artista para el evento ; y cumplimiento del artículo 52 de la Constitución Provincial.
Una vez votado el texto, fue Betina Florito (Somos Vida Santa Fe) la que pidió la palabra y planteó dudas sobre el comportamiento del senador por La Capital en su cumplimiento constitucional. Recordó que esa fiesta se hizo quince días antes de las elecciones legislativas nacionales del año donde Castelló integró la lista de candidatos a diputados por el Frente de Todos. Para esa fiesta, según la legisladora, el ministerio de Cultura de la provincia destinó 450.000 pesos y la cartera nacional 290.000 pesos. Luego puso eje en el decreto 380/21 del intendente de Reconquista, Enrique Vallejos, que autoriza el pago a Castelló de 500.000 pesos por su actuación en vivo en dicho festival.
Gentileza
Florito hizo notar la presunta incompatibilidad del senador capitalino con contrataciones musicales. Foto: Gentileza
"Castelló tiene una hermosa voz, hace cumbias muy lindas, pero él y el intendente de Reconquista incurrieron en una incompatibilidad en sus funciones como legislador contratado por el Estado. Se salteó de leer el artículo 52 de la Constitución" afirmó. " Nos preocupa que el gobierno provincial desconozca el movimiento de fondos que entrega y debería accionar legalmente en este caso", añadió. Después fue a consideraciones políticas indicando que los capitalinos carecen de senador viernes, sábados y domingos cuando Castelló sale de gira por la provincia y el país. "Dijo que venía a la política para ayudar y humanizar a la política pero la gente necesita respeto y el senador debe respetar la Constitución", remató.
El artículo 52 de la Constitución integra el capítulo de las disposiciones comunes a ambas cámaras legislativas. Dice: "es incompatible el cargo de diputado o senador con cualquier otro de carácter nacional, provincial o municipal, sea electivo o no, excepto los cargos docentes y las comisiones honorarias eventuales de la Nación, de la Provincia o de los municipios, que solamente pueden ser aceptadas con autorización de la Cámara correspondiente, o si ésta estuviere en receso, con obligación de dar cuenta a ella en su oportunidad.
"Los agentes de la Administración pública provincial o municipal que resultaren elegidos diputados o senadores quedan automáticamente con licencia, sin goce de sueldo, por todo el tiempo que dure el mandato.
"También es incompatible el cargo de legislador con la propiedad personal, individual o asociada, de empresas que gestionen servicios por cuenta de la Provincia o entidades públicas menores, o sean subsidiadas por éstas, y con el desempeño de funciones de dirección, administración, asesoramiento, representación o asistencia profesional en empresas ajenas en iguales condiciones.
"El legislador que haya aceptado algún cargo incompatible con el suyo, queda por ese solo hecho separado de éste".
Galdeano
La Cámara de Diputados dispuso que Julián Galdeano (UCR- Juntos por el Cambio) se sume a la Comisión de Acuerdos y ocupe el lugar dejado vacante por el hoy diputado nacional Gabriel Chumpitaz (Pro). Así se completa el número de ocho diputados que se suman a los cuatro senadores en la comisión que define y entrevista a candidatos a cargos en el Poder Judicial pero también tiene a su cargo el juzgamiento de conductas de fiscales y defensores penales.
También Diputados designó a la socialista Lionella Cattalini como integrante del Consejo del Servicio Público Provincial de Defensa Penal. En tanto la justicialista Matilde Bruera será la suplente
Críticas a la subejecución presupuestaria
El socialista Joaquín Blanco saludó la publicación en la página web del ministerio de Economía de la información sobre la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre pero planteó una serie de interrogantes en un pedido de informes avalado por el pleno. La minuta apunta a conocer las razones que motivaron la subejecución del Presupuesto 2021 en la finalidad económica "Servicios de Seguridad", tanto en sus rubros "Seguridad Interior", como "Sistema Penal", lo cuales apenas alcanzaron el 29,85% y el 60,39%, respectivamente, de ejecución de gastos de capital. El pedido votado incluye un detalle de las obras de infraestructura destinada a la seguridad ciudadana durante 2021, realizadas por el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat. Por último, detalle de las inversiones de capital realizadas por el Ministerio de Seguridad durante el año 2021, y el estado de todas las gestiones iniciadas, evaluadas y adjudicadas durante el mismo año
"Los datos son catastróficos", expresó el jefe de la bancada socialista al fundamentar la iniciativa. "Es extremadamente grave y los datos son catastróficos. Los presupuestos se votan para usarlos. Tienen todas las herramientas pero a la hora de invertir no lo hacen", se quejó.
El dato que remarcó el legislador socialista está relacionado a los Servicios de Seguridad. Los rubros de "Seguridad Interior" y "Sistema Penal" alcanzaron el 29,85% y el 60,39%, respectivamente, de ejecución de gastos de capital. "La seguridad pública está atravesando una situación crítica, que expone a la ciudadanía santafesina en condiciones de grave vulnerabilidad por las altas tasas de criminalidad existentes". Sumó al servicio penitenciario santafesino que tiene un porcentaje de sobrepoblación del 25%, sumando cárceles y comisarías.
"El de Perotti es un gobierno que tiene la plata, las leyes y los plazos fijos, pero a la hora de gobernar e invertir, el dinero no aparece. Decían que tenían problemas de herencia pero acá hay un problema de gestión", enfatizó Blanco.