El presidente del interbloque de diputados del Frente Progresista, el socialista Pablo Farías, cuestionó la resolución votada el pasado jueves por el Senado para investigar a fiscales, la consideró ilegal e inconstitucional y aclaró que el tema no fue consultado con su sector.
"Los mecanismos están claros. La ley de creación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) prevé el método sancionatorio para los fiscales, inclusive esa parte tuvo dos reformas y es lo que básicamente se hace desde la comisión bicameral de Acuerdos donde hay un procedimiento fijado" le dijo Farías a El Litoral. Recordó que las denuncias las investiga la Auditoría de Gestión del MPA y si llega a la conclusión que la falta excede la capacidad sancionatoria que tiene -dos meses- eleva a la comisión de Acuerdos para que determine si corresponde aplicar una sanción de hasta 6 meses de suspensión por falta grave o la destitución. No se justifica que haya una comisión en una cámara -votada por resolución- que se atribuya potestades sancionatorias, investigativas, de solicitar información sobre causas penales. Es muy delicado que los senadores puedan pedir a través de la comisión a los fiscales sobre qué causas tienen abiertas y el estado de avance. Es una intromisión inaceptable de un poder en el otro".
El socialista aseguró que el tema no se conversó en ningún momento dentro del Frente Progresista. "Fue una decisión absolutamente unilateral de los senadores radicales de acompañar ese proyecto. Uno puede entender que lo hayan hecho con las mejores intenciones o sin conocimiento profundo del proyecto que estaban votando, pero es inaceptable la existencia de esa comisión. Es Inconstitucional e ilegal" le remarcó a El Litoral.
Farías admitió que para la ciudadanía la acción del Senado suena parecido al planteo del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa "donde claramente aparecen acciones de un poder de presionar al otro" recordando que tanto a nivel provincial como federal existen mecanismos para juzgar el mal desempeño o comisión de hechos ilícitos o de faltas importantes y graves de miembros del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal.
En otro orden y en línea con lo que señaló el presidente de la Cámara, Miguel Lifschitz, Farías rechazó la posibilidad de modificar por ley el mandato de dos años de las comunas establecido por la Constitución. "Totalmente de acuerdo en que hay que extender el mandato de los comunas a cuatro años, lo que no se puede hacer es sin reforma de la Constitución porque es taxativa con respecto a los dos años. Una ley podría ser impugnada por inconstitucional por algún ciudadano que a los dos años quisiera hacer valer sus derechos electorales. Los derechos electorales son los que más se resguardan y garantizan en las constituciones". Para el socialista extensión de mandatos y formas de renovación deben resolverse vía reforma constitucional.