Jueves 7.5.2020
/Última actualización 22:28
El secretario adjunto nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, aseguró hoy que "el sistema de teletrabajo no puede quedarse o permanecer en la administración pública luego de superada la pandemia de coronavirus" y consideró que esa práctica aumenta "la precarización y abre las puertas a la tercerización laboral en la actividad".
El dirigente estatal rionegrino señaló su "preocupación" ante "los proyectos de ley analizados en el Congreso Nacional para regular el teletrabajo, y consideró "muy peligroso" que "algunos consideren la posible continuidad del sistema más allá del aislamiento social, preventivo y obligatorio", por el coronavirus, afirmó.
"Ello profundizaría los problemas del mundo laboral. Preocupa y sorprende que algunos se entusiasmen con la idea, que integró el plan de modernización del macrismo. La ATE lo considera archivado luego de los resultados electorales de agosto y octubre de 2019. No es posible comprar el discurso según el cual el teletrabajo solucionará todos los problemas del mundo del empleo", argumentó Aguiar, quien rechazó de plano los seis proyectos que debate el Parlamento.
El dirigente gremial reconoció que el aislamiento, dispuesto por el gobierno nacional conlleva "una reforma de los modos de trabajo durante su vigencia", pero expresó que "el teletrabajo puede admitirse para una parte de los trabajadores en el contexto de la pandemia, aunque no para quedarse luego de superada".
Si bien, señaló que la discusión es parte del debate de "los nuevos tiempos", el sindicalista recalcó la importancia de considerar que "la administración pública no puede equipararse a ninguna otra actividad privada".
"Si la decisión es avanzar con una ley, lo correcto es que esa norma propicie un Estado que intervenga en la protección de los derechos colectivos, que están amenazados y en riesgo por esa modalidad de tareas", puntualizó el dirigente.
Aguiar dijo que el teletrabajo no es nuevo "en el mundo sino que existe desde hace más de un siglo y siempre sirvió para explotar a los trabajadores y, en especial, a las mujeres, a quienes les delegaron y delegan tareas de cuidado, lo que implica el cumplimiento de una doble y hasta triple jornada laboral".
En 1918 se votó la Ley 10.505 solo para la Capital Federal, que procuró impedir la esclavización en tareas como las textiles y calzado, pero ninguna de "las grandes patronales la cumplió jamás", señaló el dirigente, quien explicó que los seis proyectos de teletrabajo fueron presentados en el Senado por Silvina García Larraburu, Gladys González y Daniel Lovera y, en Diputados, lo hicieron María Piccolomini, Darío Martínez y Alvaro de Lamadrid.