Es imposible que el Estado cubra con sus aportes el 70% de los costos de los servicios públicos para los consumidores residenciales. 2022 dejó una novedad: el gobierno debió aceptar que no puede seguir con ayudas estatales para los que pueden pagar. Mientras, resta que se den señales más precisas sobre la crisis energética a nivel global.
En conferencia de prensa se presentó el intento más serio para salir del esquema de los subsidios universales. Pero el proceso para bajarlos recién empieza.
Llevaba menos de un par de semanas como ministro de Economía, cuando Sergio Massa consiguió lo que a sus antecesores se les había negado sistemáticamente: poner en marcha la segmentación tarifaria, que no es más que la pretensión de poder cobrar por los servicios públicos algo de lo que cuestan a quienes podrían pagarlos.
Cada vez que Martín Guzmán durante sus dos años y medio planteaba algo así chocaba con un muro. O mejor con un muro K. Silvina Bataquis ratificó que el plan sería puesto en marcha, pero no llegó a hacerlo.
El 16 de agosto se comunicó la nueva estratificación social para los servicios públicos, en tres niveles, que tienen ahora los subsidios en energía eléctrica y gas natural por redes para todo el país y para el agua potable y las cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aries. (Fue gracioso, o mejor triste, que se hablara en aquella conferencia de prensa de Aguas Argentinas como si fuera la vieja Obras Sanitarias de la Nación que sí la cubría, desde los '90 es sólo para porteños y bonaerenses del conurbano).
Luego de que los argentinos se inscribieron para mantener parte o todo lo que el Estado pone en sus tarifas finales se supo que quienes firmaron esa declaración jurada perderían su tope de 200 dólares por mes del cepo creado por el kirchnerismo y reinstaurado por el macrismo.
En el centro del debate sobre el déficit que la Argentina debe bajar para subsistir, amén de cumplir las metas del Fondo, están los subsidios a la energía que cubren un 70% de lo que los argentinos consumen. La inconsistencia de ese esquema, que el kirchnerismo defendió a capa y espada y con doble impacto en el Amba donde también subsidio la distribución, es mayor desde que el mundo tiene precios exorbitantes en esa materia. En 2023 apenas si se ha iniciado el debate respecto de cómo hacer para que impere algo más racional y la segmentación es la manera elegida por el gobierno actual.
En tiempos en que tanto se cuestiona a la Corte Suprema de Justicia de la Nación es conveniente recordar que la forma como había elegido enfrentar el tema el gobierno nacional anterior fue desmantelada por la cabeza del Poder Judicial de la Nación, tras las movilizaciones que rechazaban aquel "tarifazo", que ahora se presenta como una manera más justa de distribuir los subsidios, sólo a quienes además de necesitarlos los han pedido. Se termina la universalidad que hacía que en Puerto Madero se pagaran tarifas ridículas, en efecto equivalentes a un par de pizzas.
Este diciembre, el verano ya ha avisado que no perdona a quienes no hicieron las inversiones para resistirlo. Santa Fe quedó sin la energía necesaria por falencias del sistema interconectado nacional y en la Epe, por otra parte, la respuesta luego de una tormenta severa fue mayoritariamente aceptable, aunque con apagones en puntos apartados del mapa eléctrico demasiado prolongados.
"El futuro es eléctrico", dice Adeera en una publicidad institucional que celebra los 30 años de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina. Y de eso se trata, de que lo haya. Entre otras cosas, sobre una base más sólidas en la relación entre los costos y las tarifas: el mundo cuida cómo ahorra energía mientras en la Argentina no hay señales contra el derroche. Obviamente no son las distribuidoras del sector (tampoco los generadores ni el transporte) quienes deben poner en caja la falsa percepción de que se podrá seguir como hasta ahora, aunque haya elecciones.