Ignacio Pellizzón | [email protected]
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Recientemente el Ministerio de Gestión Pública de la provincia de Santa Fe dio a conocer el nuevo decreto por el que se regirán los salones de eventos en el territorio, a raíz del incesante reclamo que realizaron los empresarios del sector ante la imposibilidad de trabajar en horario extendido y con un aforo mayor.
El documento, que lleva la firma del ministro Marcos Corach, establece que los salones de eventos, fiestas y similares, para la realización de eventos sociales podrán operar de la siguiente manera: “los días jueves, viernes, sábados y vísperas de feriados, entre las 8 y las 3 horas del día siguiente, y el resto de los días de la semana, entre las 8 y las 2 horas del día siguiente. Sin exceder la ocupación del 70% de la superficie disponible”.
En este caso, las autoridades municipales y comunales podrán autorizar una ocupación superior de la superficie, en la medida que se verifiquen las condiciones de la infraestructura, para asegurar la adecuada ventilación de los espacios.
Mientras que Casinos y bingos, cumplimentando las reglas generales de conducta y de prevención y los protocolos oportunamente aprobados, “los días jueves, viernes, sábados y vísperas de feriados, entre las 10 y las 3 horas del día siguiente, y el resto de los días de la semana entre las 10 y las 2 horas del día siguiente”.
Según señaló a El Litoral el titular de la Cámara de Eventos y Afines de la Provincia de Santa Fe (Ceasf), Iván Hawryluk, que están contentos con la noticia, aunque aclaró que así van a trabajar “por lo menos durante 20 días”, para luego insistir que les habiliten “el 100% del aforo y una nueva extensión del horario”.
El problema de los empresarios no solo pasa por las restricciones que tienen para algunas actividades, sino por las deudas que contrajeron en el último año y medio para poder subsistir a la pandemia y al parate absoluto que les implicó. Por eso, también pretenden una asistencia económica, por lo menos, hasta fin de año.
Los dueños de salones de fiestas necesitan ir cerrando contratos que vienen siendo prorrogados desde que comenzó la pandemia. Empezaron siendo unos siete mil compromisos, de los cuales pudieron avanzar con dos mil. Pero los próximos eventos a cancelar son en su mayoría festejos de egresados que se acumularon en los últimos dos años y que no podían ser desarrollados por la falta de días habilitados para trabajar.
Fue en octubre del 2020 cuando la cámara visibilizó por primera vez la problemática a través de una caravana que comenzó en bulevar Oroño y Cochabamba y que se extendió hasta la sede de Gobernación ubicada en Santa Fe y Moreno.
En Rosario son casi 40 locales entre boliches, peñas y salones de eventos que tienen sus puertas cerradas desde el 20 de marzo. Unas 300 familias afectadas directamente y el doble de manera indirecta. En toda la provincia son unos 300 locales en la misma situación.
De esta industria “viven “más de 25 mil familias” y a esta altura ya no logran subsistir, salir a flote sin poder trabajar con mayores flexibilidades. El problema que atraviesan no solo pasa por las restricciones que tienen para algunas actividades, sino por las deudas que contrajeron en el último año y medio.
Por eso, hace tres meses decidieron acudir al Concejo de Rosario para presentar un proyecto que los exima del pago de la Tasa General de Inmuebles (TGI). “La Municipalidad cuenta con esta herramienta y creemos que nos tiene que dar una mano; el intendente tiene que ver que nuestro rubro es de los que más sufrió”, señaló Hawryluk en su momento.