Viernes 11.4.2025
/Última actualización 14:41
El pasado viernes 5 de abril, efectivos de la Patrulla Rural de Olavarría, junto a personal judicial, realizaron un allanamiento en un establecimiento ganadero de Berabevú, departamento Caseros, al sur de la provincia de Santa Fe. Allí se encontraron 365 terneros Angus, negros y colorados, denunciados como parte de una operación fraudulenta.
La hacienda fue identificada como propiedad de una consignataria de Olavarría, que había entregado los animales a un cliente habitual en febrero, bajo la promesa de pago a 48 horas. El valor total de los terneros se estima en más de $300 millones.
Una estafa organizada
Según la denuncia presentada el 25 de marzo por la firma damnificada, el comprador incumplió los pagos de cuatro remates consecutivos. Luego se descubrió que se había presentado en concurso de acreedores en enero, ocultando la operación y minimizando la deuda total ante la Justicia.
Efectivos de la Patrulla Rural de Olavarría durante el allanamiento en el feedlot santafesino. El operativo fue ordenado por la fiscalía de Azul en el marco de una causa por estafa millonaria.El hombre declaró un pasivo de $180 millones, aunque las pruebas presentadas indican que la deuda real supera los $260 millones. Esta subdeclaración habría sido parte de una estrategia para negociar condiciones más favorables con los acreedores.
Además, el productor ya había estado vinculado a una causa anterior por estafa en operaciones ganaderas, en la que se habrían defraudado US$2 millones.
Qué pasará con la hacienda
Durante el allanamiento, el dueño del feedlot en Berabevú aseguró no estar al tanto del origen irregular de los animales. La jueza de Garantías, Fabiana San Román, resolvió que la hacienda permanezca en el establecimiento como depósito judicial, mientras avanza la investigación.
La Justicia deberá determinar si el feedlot actuó de buena fe o si fue parte de una maniobra de ocultamiento. En paralelo, la consignataria busca recuperar la hacienda o ser indemnizada.
Impacto en el sector ganadero
Este caso encendió las alarmas en el sector agropecuario, donde las operaciones de compra y venta de hacienda dependen en gran medida de la confianza. La falta de herramientas legales eficaces para verificar la situación financiera de los compradores vuelve vulnerables a consignatarias y productores.
Entidades rurales y cámaras del sector ya están reclamando la creación de registros de deudores concursados y mecanismos de alerta temprana ante situaciones de cesación de pagos.
Efectivos de la Patrulla Rural de Olavarría durante el allanamiento en el feedlot santafesino. El operativo fue ordenado por la fiscalía de Azul en el marco de una causa por estafa millonaria."Esto fue una operación montada con total premeditación. El productor conocía su situación financiera y aún así continuó comprando. Lo más grave es que ni siquiera lo declaró en el concurso. Nos sentimos absolutamente desprotegidos", expresó un representante de la consignataria damnificada.